Transparencia Venezuela muestra los principales hitos en la implementación de la hegemonía comunicacional en el país y realiza un diagnóstico de la situación actual de la libertad de expresión a nivel regional y nacional.
La hegemonía comunicacional del Gobierno venezolano no es un mito, existe. Un silencio a la fuerza, el periodismo en Venezuela, el más reciente reporte en el área de la Desinformación, desarrollado por Transparencia Venezuela, con apoyo de Canadá, así lo demuestra. Además, comprueba que su implementación ha sido exitosa. El informe, que muestra los principales hitos del avance de esta estrategia comunicacional, realiza también un diagnóstico de la situación actual de la libertad de expresión a nivel regional y nacional.
El espíritu de este trabajo es reconocer las acciones y las estrategias emprendidas desde el gobierno, en los últimos 24 años, para restringir la libertad de expresión. La investigación se basó en la propuesta política global, que el mismo gobierno ha reconocido públicamente, de tener una supremacía comunicacional para contrarrestar la disidencia.
Además de un estudio y curaduría de los hitos institucionales, tanto políticos como legales, implementados para lograr un mayor control sobre los medios de comunicación e imponer la censura, en el informe se analiza el cierre de medios de comunicación, especialmente emisoras de radio, en los diferentes estados del país. Destacan en el documento asuntos como el apuntalamiento de medios estatales, las limitaciones a la prensa para acceder a las fuentes de información de interés público, las estadísticas oficiales convertidas en un secreto, el impacto de la desinformación en el ciudadano, inhabilitado para ponderar diferentes puntos de vista; las violaciones de los derechos humanos de los trabajadores de la prensa, el cierre de medios, y la judicialización y criminalización de las expresiones contrarias al gobierno o de las críticas hacia sus funcionarios, de la opinión.
También se muestra el peso de las acciones del aparato judicial en contra de la libertad de expresión, como lo son leyes al servicio de la censura, sanciones administrativas contra medios e investigaciones abiertas contra sus propietarios, y cierre y compra de medios como mecanismo para anular la disidencia. Por otra parte, recoge el uso marcado de las redes sociales desde distintas fuentes oficiales, así como la violencia protagonizada por colectivos armados y la represión ejercida por cuerpos de seguridad hacia trabajadores de la prensa, especialmente en contextos de manifestaciones y otras coberturas.
Entre las estrategias, el cierre y la compra de medios, a través de leyes discrecionales y trabas para la renovación de concesiones, destaca como una de las que más daño le ha hecho al derecho a dar y recibir información, al manipularse el ecosistema informativo. La maniobra ha fortalecido a los medios oficiales.
Se incluye en el documento, un mapa de medios que configura un inventario de los cierres de emisoras de radio en los distintos estados del país y, en general, un levantamiento de los medios públicos y privados existentes, definidos con datos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), IPYS Venezuela y Espacio Público.
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