“Esta lucha comenzó (cuando) me matan a mi hijo”: Aracelis Sánchez busca en zonas populares de Venezuela a madres de posibles víctimas de ejecuciones extrajudiciales, para brindar asesoría y acompañamiento ante la Fiscalía.
Sánchez, de 52 años, acusa a los uniformados de haber matado a su hijo de 20 años en 2013, tras meses de allanamientos y extorsiones en su casa, en una barriada de Caracas.
Desde entonces, pide “justicia”, no sólo para su hijo, sino también para otros que, como él, dice, han muerto a manos de funcionarios. “No podemos dejarnos dominar por el miedo”, repite constantemente.
Venezuela se mantuvo junto a Honduras y El Salvador entre los tres países más violentos de América Latina en 2022, según el más reciente informe de la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia, ante la falta de cifras oficiales.
El OVV dice que en Venezuela cada día mueren 3,39 personas por la acción policial o militar, 23,8 cada semana y 103 cada mes.
En total, más de 1.200 muertes a manos de policías ocurrieron en 2022. Esta cifra no incluye a las muertes “por averiguación”, que alcanzaron, según la ONG, casi 5.800 casos, de los que alguno podría ser un ajusticiamiento.
En diciembre, el director del oficialista Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Douglas Rico, dijo en declaraciones al canal estatal VTV que “la violencia ha bajado” en el país.
“En este momento nos encontramos en una tasa de mortalidad de un 6 % (sic) por cada 100.000 habitantes; en el año 2017 tuvimos una tasa de mortalidad del 47 %”, continuó Rico.
“El trabajo que hemos venido haciendo entre todos los organismos de seguridad ciudadana (…) ha permitido disminuir la impunidad”, agregó el funcionario.
Sobre un mueble en la casa de Sánchez hay un puñado de cruces hechas de cartón y pintadas de negro, tienen escrito nombres de jóvenes “ejecutados”, incluido el de uno de sus tres hijos.
Además, hay unos 500 recortes de periódicos entre nuevos y desgastados: “Madres se unen para pedir justicia por sus hijos muertos”, reza un titular. “Madre acusa a funcionarios por matar a su hijo”, señala otro.
“En el momento en que buscamos a la persona (…) dice que no va a denunciar porque son amenazadas”, explica Sánchez, desde su casa.
“Nosotros la convencemos, la llevamos a la Fiscalía y empieza la preparación”, agrega esta mujer que ha recibido reconocimiento internacional.
Sánchez dirige la Organización de Familiares de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales, Torturas y Desaparición (ORFAVIDEH), que fundó meses después de la muerte de su hijo.
Video VOA
En 2013, “unos funcionarios del CICPC”, denuncia, entraron a su casa, buscaron a uno de sus hijos, le dispararon y lo mataron, en lo que califica de una “ejecución extrajudicial”.
“Nos rodearon (…) yo escucho que están tocando la puerta muy duro, yo vendía helados de tisana, y escucho cuando dicen ‘helado’, pero sentí un golpe muy fuerte en la puerta, ya ellos me tenían apuntada”.
“Hubo un funcionario que me apuntó y me dijo: ‘no te muevas porque te vuelo la tapa de los sesos’”, recuerda.
“Mi hijo estaba durmiendo (…), él se fue corriendo junto con mi otra hija de 11 años a la platabanda y de allí se escucharon muchos tiros, demasiados tiros”.
“Esto fue peor que una guerra, que buscar a un delincuente y nosotros no somos delincuentes, mi hijo es profesional”.
Tres meses antes, la familia Sánchez recuerda cómo fue víctima de allanamientos y extorsión económica por parte de funcionarios policiales.
“Tuve que vender una nevera, una lavadora, un equipo de sonido para darle los riales a los funcionarios porque me decían ‘te los voy a matar, voy a matar a uno primero y después otro’”.
Aún sin una sentencia en su caso, Sánchez se puso como tarea “empoderar” a otras mujeres en la misma situación para que denuncien, pese al miedo.
“Y eso es lo que nos ha hecho irnos preparando, formándonos, sabiendo qué son los derechos humanos, adquiriendo todo el material para estudiarlo, trabajarlo, para adquirir conocimiento y poder ayudar a otras compañeras”, cuenta.
“Aquí no hay pena de muerte, aquí un funcionario no puede venir a amedrentarme (…) nosotros no podemos permitir que esto siga, esto tiene que cambiar, esto tiene que cambiar”, insiste.
Considera que si la víctima se presenta en la Fiscalía sin conocer sus derechos y procedimientos, “los funcionarios no actúan”.
