Se cumple más de una semana de una serie de eventos que resultaron en la destitución de Pedro Castillo y la sucesión de Dina Boluarte, seguidas por una ola de protestas.
La destitución del presidente peruano Pedro Castillo, por parte del Congreso de la República, desató fuertes protestas la semana pasada. A través de un inesperado mensaje a la Nación, el político cajamarquino anunció su deseo de disolver el Poder Legislativo, reordenar las instituciones judiciales y gobernar por decreto. En cristiano, un autogolpe de Estado.
Aquí una cronología de la nueva crisis política en un país azotado por la inestabilidad institucional en las dos últimas décadas.
El 7 de diciembre, Castillo, de 53 años, en un mensaje a la Nación emitido por televisión disuelve el Congreso y dice que formará un gobierno de emergencia, impondrá un toque de queda nocturno y que gobernará por decreto.
Su anuncio ocurrió solo horas antes de que el Parlamento debatiera un tercer intento de vacancia presidencial. Todo señalaba que la oposición no había logrado conseguir los 87 votos necesarios para sacar del poder al entonces presidente. Eso era lo que más llamaba la atención de la aventura dictatorial del profesor de origen cajamarquino.
Mientras tanto, la vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, denunció a Castillo por intento de “golpe de Estado”.
– Juicio político, asume su sucesora-
Casi en paralelo, imágenes desde Palacio de Gobierno muestran movimiento. Familiares del ya expresidente dejaban las instalaciones con bolsas. Cuando el maestro se dirigía a la embajada de México para pedir asilo, fue interceptado por la Policía transferido a instalaciones de la Prefectura de Lima. El cajamarquino era detenido por “rebelión”.
En ese momento, Boluarte, abogada de 60 años, fue convocada por el Legislativo para jurar al cargo en las dos horas siguientes a la votación del juicio político, convirtiéndose en la primera presidenta de Perú.
La nueva mandataria dice que tiene la intención de cumplir el resto del mandato de Castillo, hasta julio de 2026.
Cientos de manifestantes, algunos a favor y otros en contra del destituido presidente, toman las calles de Lima.
Distintos países empiezan a pronunciarse. Estados Unidos elogia a Perú por garantizar la “estabilidad democrática” y se compromete a trabajar con Boluarte.
Por su parte, Gustavo Petro, presidente de Colombia, señaló que se ha “conculcado el derecho a elegir y ser elegido y el tener un tribunal independiente de juzgamiento” del exjefe de Estado. En tanto, Luis Arce, mandatario de Bolivia, denunció que desde un inicio “la derecha peruana intentó derrocar a un gobierno democráticamente electo por el pueblo”.
Pero acaso el más enfático fue el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien lamentó que “desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo, se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra hasta llevarlo a tomar decisión”.
Mientras tanto, ya recluido en el penal de Barbadillo —el mismo donde cumple condena el expresidente Alberto Fujimori— un nervioso y despeinado Castillo comparecía ante la Corte Suprema por videoconferencia. El juez ordenaba que continúe en detención preventiva durante siete días.
Las manifestaciones a favor de Castillo aumentan en todo el país con bloqueos de vías y quemas de neumáticos. Exigen la liberación del expresidente, el cierre del Congreso y el llamado a nuevas elecciones.
Boluarte presenta un nuevo gabinete, que está encabezado por el exfiscal Pedro Angulo. Este gabinete, de perfil tecnocrático e independiente, incluye ocho mujeres entre los 19 ministerios.
Las protestas se tornan sangrientas cuando dos personas mueren y al menos cinco resultan heridas en Andahuaylas (sur) cuando manifestantes intentan tomar el aeropuerto de la ciudad.
La policía choca con los manifestantes que llaman a un paro nacional, a nuevas elecciones y la liberación de Castillo.
Las protestas aumentan, en especial en localidades andinas y del sur del país.
Ante la presión de las protestas cada vez más masivas, Boluarte anuncia que presentará al Congreso un proyecto de ley para adelantar dos años las elecciones. También anuncia el estado de emergencia en algunas áreas del país.
Cuatro manifestantes más mueren durante las protestas que reclaman la renuncia de la nueva presidenta, elevando a seis la cifra de muertos desde su inicio.
Castillo, acusado de “rebelión” y “conspiración”, sigue detenido en la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes). Un tribunal rechazó su apelación para revocar la orden de detención en su contra que finaliza el miércoles 14 de diciembre.
Desde prisión, el vacado mandatario envía sendas cartas pidiendo a los seguidores que no decaigan en sus protestas. Asimismo, calificó a la represión policial como “masacre a mi pueblo”, y exhortó a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a “deponer las armas a fin de parar el derramamiento de sangre de mi pueblo”.
Las Fuerzas Armadas patrullan junto a la policía las calles de varias ciudades bajo estado de emergencia.
Las manifestaciones contra Boluarte siguen y hay numerosas carreteras bloqueadas en 13 de las 24 regiones del país.
Lima es escenario de enfrentamientos entre manifestantes radicales y policías, mientras gremios agrarios e indígenas iniciaron un “paro indefinido” exigiendo elecciones generales.
En una nueva carta, Castillo agradeció por el apoyo a los presidentes de Colombia, Argentina, México y Bolivia. “Les digo que nos mantendremos firmes y no renunciaremos ni abandonaremos la justa causa y la voluntad popular del pueblo peruano”, escribió.
Este día se cumple la detención preliminar de siete días contra el profesor; sin embargo, el juez dictaminó que no podrá salir hasta que se defina el pedido de prisión preventiva de 18 meses que solicitó la Fiscalía.
En tanto, la presidenta Boluarte junto con su gabinete de ministros dictó estado de emergencia a nivel nacional por 30 días, debido a los hechos de violencia suscitados por las manifestaciones. Asimismo, calificó las protestas como que salen del marco legal.
Este jueves, El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria determinó que Pedro Castillo permanecerá en el penal de Barbadillo, al dictar prisión preventiva por 18 meses por el presunto delito de rebelión.
En tanto, en el primer día del estado de emergencia, en Ayacucho se registraron siete fallecidos, mientras hubo dos muertos más en el norte del país. De esta manera, en esta jornada en la que las Fuerzas Armadas tomaron el control de las calles, se duplicó la cantidad de decesos.
La presidenta de la República, Dina Boluarte, lamentó los hechos y dio sus condolencias por los caídos en la jornada de este jueves.
