La censura y las amenazas figuraron como los principales tipos entre, al menos, 33 violaciones y 12 casos relacionados con libertad de expresión que ocurrieron en el mes de noviembre.
Un total de 15 medios de comunicación fueron víctimas de violaciones a la libertad de expresión en todo el mes, representando el 62 % de los casos que documentamos. Las otras víctimas fueron tres periodistas, dos particulares, un reportero gráfico y en tres casos fue afectada la ciudadanía en general.
Las instituciones del Estado fueron victimarias en seis oportunidades en todo noviembre, junto con dos que involucraron a funcionarios y uno de un cuerpo de seguridad.
Activa 88.3 FM, Buenísima 106.3 FM, Fiesta 101.1 FM y Sabrosa 102.3 FM en la ciudad de Cabimas, y Citojense Stereo 94.3 FM, en Ciudad Ojeda, fueron las emisoras cerradas, de acuerdo con reportes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).
La salida de emisoras del aire ha sido constante durante los últimos dos meses, contabilizando un total de al menos 80 radios que han dejado de transmitir información en el 2022. Los procesos ante Conatel carecen de transparencia, los tiempos de entrega se extienden indefinidamente y los costos de los proyectos son elevados, generando dificultades adicionales para obtener los permisos necesarios.
Conatel debe garantizar el debido proceso antes de proceder al cierre de emisoras, además de velar por el uso del espacio radioeléctrico por concesionarios diversos y plurales, lo que beneficia el debate público y es necesario para la libre circulación de información y para la democracia.
Las estudiantes protestaban pacíficamente con pancartas exigiendo respeto a la autonomía universitaria. Aseguraron ser agredidas por personas que participaban en un acto del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en la plaza de Toros de Mérida, frente a la ULA.
Recordamos que la protesta pacífica es un derecho protegido por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales que el Estado venezolano tiene obligación de respetar. Por otra parte, las autoridades y personas públicas están expuestas a un mayor escrutinio y deben tolerar la crítica; la persecución a personas por opiniones o comentarios en redes sociales son también una violación a la libertad de expresión, promueven la autocensura y reducen la posibiliad de que exista una democracia.
Arias llegó al lugar de la noticia y notó la presencia de funcionarios de seguridad, aunque fue una persona particular, sin identificación, quien comenzó a tomarle fotos. Cuando lo abordó, el desconocido le dijo que le tomaba fotos “por si acaso”.
El bloqueo de acceso pretendía silenciar la situación dentro del PSUV, como una medida restrictiva a la libertad de expresión ejercida a través del hostigamiento. Los militantes descontentos reclamaban que habían ganado las elecciones internas de la “UBCh”, pero le dieron la credencial a la plancha que perdió.
Los funcionarios le recriminaron al equipo de prensa que necesitaban autorización para tomar fotos en el establecimiento y les acusó de publicar información falsa sobre lo que habrían registrado en el mercado.
Estas interrupciones afectan el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en la posibilidad de buscar, recibir y difundir información; además impiden en muchos casos el ejercicio de otros derechos como la asociación, educación y acceso a servicios como la banca o a la realización de trámites ante entes del Estado.
