El Estado venezolano ha propuesto como parte de sus políticas públicas al menos 21 Planes de Seguridad. Y en décimo quinto plan propuso la Misión a toda Vida Venezuela, con la aprobación de un Sistema Nacional de atención a las víctimas de violencia y la creación de un Registro Único de víctimas.
Fue en 2016 cuando dicha función fue delegada a una oficina de atención a las víctimas de violencia, sin que hasta ahora se conozcan resultados.
Lo anterior fue constatado a través de una investigación que realizó la Asociación Civil Paz Activa, denominada “Promover el consenso sobre un registro de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y de la conflictividad política en Venezuela durante el periodo 1989 – Actualidad”.
Inicios La investigación tomó como punto de partida, el reconocimiento que a finales del siglo pasado fijó la Organización de las Naciones Unidas cuando reconoció a las víctimas y los escenarios en los que sus derechos humanos fueron vulnerados, e instó a los países miembros, crear y ejecutar políticas públicas para el tratamiento a las víctimas y garantizar la no repetición de los hechos.
“Tenemos 37 años de atraso”, refirió la profesora María Josefina Ferrer, victimóloga e investigadora del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela, durante su intervención este miércoles, para dar a conocer los resultados de la investigación en la que participó con la Asociación Civil Paz Activa.
La investigación -que se ejecutó durante cinco meses-, tomó como referencia los procesos registrados en países como Colombia y Perú -con el conflicto interno armado y el desplazamiento de las personas- y México -con el terrorismo- , únicos países de la región que dieron el paso para la creación de registros únicos de víctimas de violaciones de Derechos Humanos , en contextos de conflictividad política y otros escenarios.
“Tras la revisión documental y entrevistas con representantes de Organizaciones no Gubernamentales de esos países, notamos que todas centraron su atención en las áreas de conflictividad política y vulneración sistemática de los derechos humanos, fue por ello que tomaron la decisión de organizarse para crear el registro único y con ello se logró documentar tales procesos en un lapso de trece años”, indicó Ferrer.
Y añadió “En Venezuela han transcurrido al menos 16 años , y aun no tenemos un registro de víctimas, o al menos casos documentados de que existan personas a quienes se les han vulnerado sus derechos, en cualquier contexto”.
Sobre la necesidad de crear un consenso para la creación de un registro de víctimas de violación a los Derechos Humanos, Ferrer enfatizó que solo así “se recogerán los datos a través de declaraciones de sus protagonistas, dónde ocurrió el hecho y establecer políticas que permitan hacer justicia, reparar a la víctima y preservar la memoria histórica, éste es el propósito”, dijo.
En cuanto a las condiciones, la investigadora mencionó que sus objetivos deben estar plenamente definidos, con fuentes de información comprobables y que además , las organizaciones civiles trabajen en la promoción que establece la Justicia Transicional.Finalmente Ferrer acotó que aunque en Venezuela se estén dando los pasos para la atención a las víctimas y registros de violencia -por parte de organizaciones civiles-, “el Estado no ha fijado posiciones ni ha tomado en consideración a las víctimas -a todas-, por el contrario, las está excluyendo. Le falta mucho al Estado, pues debe crear nuevas instituciones destinadas a la atención integral -vinculada a la Justicia Transicional- y fijar su atención en la víctima, como principal objetivo”, sumó.
