Tanto los trabajadores activos como los jubilados están sometidos a la exclusión en cuanto a seguridad social, aunque esto está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). Mientras que en otros países de Latinoamérica una pensión puede alcanzar los 394 dólares, como el caso de Uruguay, en el país apenas es de casi 14 dólares, siendo imposible comprar alimentos y cubrir demás necesidades básicas.
Eduardo Torres, abogado y director de la Fundación para el Desarrollo Integral, explicó que en los artículos 83 y 84 de la CRBV están estipuladas las políticas públicas en los que dice que es parte del derecho de vida que el Estado sea garante de la seguridad social, “pero eso no se cumple ni con los jubilados ni mucho menos con los trabajadores activos”.
Si se hace una comparación sobre los montos mensuales de las pensiones en Perú suman 134 dólares, mientras que en México 194 dólares, en Colombia 252 dólares y en Brasil 250 dólares. Mientras que en Venezuela el monto es tan mínimo que sólo llega a 13.28 dólares (130 bolívares al cambio de ayer), al igual que el sueldo mínimo, lo que no les permite comprar alimentos, artículos de higiene personal y mucho menos recrearse, puntos que son parte de la seguridad social, “por eso están en una desprotección social total”, dijo José Ramón Quero, miembro de Convite, agregando que es un monto irrisorio, aunque son pensiones para las que el empleado cotizó.
Según Édgar Silva, coordinador del Comité de Derechos Humanos de Jubilados y Pensionados, detalló que desde los años 90 la seguridad social empezó a decaer, mientras que en el 2000 fue empeorando, “pero en el 2007 desaparecieron todos los beneficios”. Agregó que hoy un pensionado no tiene acceso ni siquiera a una consulta médica en instituciones públicas, mucho menos en privadas.
En cuanto a los trabajadores activos tampoco cuentan con HCM o un seguro que les permita cubrir sus necesidades de salud y la de su familia, y menos para recrearse.
