Los delitos ambientales no respetan fronteras. Esta investigación, realizada en conjunto con el Instituto Igarapé, revela cómo el tráfico de vida silvestre, la tala ilegal, la minería ilegal de oro y la tala y quema de tierras se están extendiendo por cinco países: Ecuador, Venezuela, Bolivia, Guyana y Surinam.
Dado que el territorio de estos cinco países representa alrededor del 20 por ciento de la cuenca Amazónica, han perdido en conjunto 10 millones de hectáreas de bosque en las últimas dos décadas, un área equivalente a la de Portugal.
Este informe rastrea la cadena de actores involucrados en el saqueo de la selva, desde la fuerza laboral que cosecha árboles y extrae oro de la tierra, hasta los intermediarios y funcionarios corruptos que lavan los materiales mal habidos. También pone al descubierto los esquemas de tráfico de tierras que son de utilidad para los colonos que invaden los bosques para sembrar palma de aceite y soja, así como para criar ganado, en beneficio de la agroindustria a gran escala.
La cuenca amazónica está siendo talada a un ritmo acelerado. Los delitos ambientales están impulsando una creciente deforestación que ha llevado a que algunas partes de la Amazonía actualmente emitan más dióxido de carbono del que absorben.
La cuenca amazónica, dos veces más grande que la India, se extiende por más de 670 millones de hectáreas entre Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa.
Este informe revela los delitos ambientales en las regiones amazónicas de Bolivia, Venezuela, Ecuador, Guyana y Surinam. Es el producto de un año de investigación de campo y de fuentes abierta —incluyendo investigación de escritorio y entrevistas telefónicas y personales con expertos en delitos ambientales, funcionarios gubernamentales, fuerzas de seguridad, académicos y otras personas— en estos países.
Estos cinco países representan alrededor del 20 por ciento de la Amazonía. En conjunto, albergan alrededor de 91 comunidades indígenas diferentes.
