Censura, persecuciones, asesinatos, pero también la pérdida de sostenibilidad de las empresas por la pandemia y el avance de las grandes plataformas constituyen una mezcla que “debilita la democracia en las Américas”, que hoy necesita “más que nunca un periodismo fortalecido y protegido por la sociedad”.
Son las conclusiones a las que ha llegado la 78 Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reunida en Madrid desde el jueves, que ha elegido a Michael Greenspon, del New York Times, como su nuevo presidente hasta 2023, cuando se celebrará en Ciudad de México.
La SIP ha condenado el “preocupante y franco retroceso” de la libertad de prensa en el continente, una realidad evidenciada por el aumento de los asesinatos de periodistas y la “intensificación de prácticas de persecución y criminalización judicial”.
Han sido los 25 asesinatos de los últimos seis meses -40 desde la última Asamblea de hace un año- los que más indignación ha levantado en los más de 200 editores reunidos.
México es el país con el mayor número, hasta 11; a los 20 asesinados el último año ha ido el Gran Premio Libertad de Prensa, en calidad de homenaje póstumo.
Otros tres han muerto en Colombia -donde han prescrito con “total impunidad” tres más- los mismos que en Haití y Ecuador; a los que se suman dos en Honduras y Estados Unidos, y uno en Paraguay, Brasil y Chile.
La impunidad de estos crímenes ha centrado una de las resoluciones de la SIP, que ha emplazado a los gobiernos de México, Haití, Colombia, Ecuador, Honduras, Brasil, Chile, Estados Unidos y Paraguay, a identificar y sancionar a todos los responsables.
También ha instado a garantizar la protección y fortalecer la seguridad de los medios en condiciones de riesgo, como los que están asumiendo Ecuador y Paraguay, a los que se sumarán los de Brasil, Colombia, Honduras y México.
Junto a los asesinatos, “la persecución mediante intimidaciones y la criminalización judicial” ha llevado al exilio a 29 periodistas y a prisión, muchos en “condiciones infrahumanas”, a otros 15.
El caso de Nicaragua “sigue siendo el más alarmante”: Seis periodistas están en prisión, dos trabajadores del diario La Prensa están detenidos y 15 exiliados, con lo que ya son 150 en cuatro años.
Cuba es otro “protagonista crítico de exilios y detenciones”; la isla mantiene encarcelados a un periodista y dos influencers, cuatro ciudadanos están detenidos por criticar al gobierno en redes, tres comunicadores independientes se exiliaron y a otros 20 “se les ofertó salir con la amenaza de no regresar”.
Motivos por los que le ha dedicado otra de sus resoluciones -además de a Nicaragua, Haití, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay y Venezuela-, en la que condena “la represión sistemática a la prensa independiente” y el hostigamiento que “ahogan a diario la libertad de expresión”, exigiendo a sus mandatarios “respeto a la prensa extranjera que busca acceso a las fuentes informativas”.
En El Salvador hay dos periodistas presos y 10 más se han ido; el estado de excepción decretado para combatir a las pandillas ha generado “autocensura de las fuentes informativas”.
Venezuela ha cerrado 41 radioemisoras y ha intensificado “su ofensiva contra el libre acceso de la información” bloqueando webs de medios nacionales e internacionales y creando incluso una “controversia” con Movistar por dar cumplimiento a “intervenciones antidemocráticas” ordenadas por el gobierno.
A los editores les preocupa el “serio deterioro” de la seguridad de los informadores como consecuencia del avance del narcotráfico, especialmente en México, Colombia, Ecuador, Argentina y Paraguay, así como las campañas de desprestigio por parte de los gobiernos.
El escenario principal de estos ataques han sido las redes sociales, y han sido más agudos en Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Perú y Nicaragua, aunque las campañas presidenciales de Colombia y Brasil han contribuido a un clima de mayor hostilidad con la prensa.
La incitación a los discursos de odio afecta a toda la región, hasta el punto de que en Canadá las organizaciones de periodistas han reclamado medidas, y siguen siendo “inquietantes” los intentos de limitar la libertad de expresión a través de leyes nuevas.
Por ejemplo, en Cuba “genera temor” el reciente Código Penal que aumenta los castigos, incluyendo prisión, por ofensas o críticas a miembros del gobierno; en Chile inquieta la creación de una comisión que definirá estándares sobre la regulación del sistema de medios y definirá el derecho a la libertad de expresión y de prensa, mientras que un borrador de una ley colombiana prevé restricciones en el marco de una iniciativa para promover la pluralidad.
No obstante, ha habido también avances: Guatemala y República Dominicana han archivado leyes sobre ciberdelincuencia que establecía mordazas a la prensa, y Honduras ha derogado otra norma que incluía obstáculos para acceder a información pública.
Aun así, el Índice de Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa ha confirmado “la situación crítica”: sin libertad de expresión están Cuba, Venezuela y Nicaragua y solo Canadá y Jamaica están en la franja de libertad plena.
Entre medias, en Colombia, Perú, Argentina, Honduras, Ecuador, Brasil, Bolivia, México y El Salvador la restricción es parcial, en Guatemala es alta. En el resto es baja.
Con todo, “la compleja situación de quienes ejercen el periodismo, la pérdida de sostenibilidad de numerosas empresas de prensa por los efectos de la pandemia y el avance de las grandes plataformas globales y la consolidación en varios países de los poderes políticos autocráticos, limitan el papel de investigación y fiscalización de la prensa”, sostiene la SIP.
De hecho, los editores han pedido a las plataformas digitales que remuneren a los medios de “forma justa, razonable y equitativa” por sus contenidos”.
Todos estos factores, en suma, “constituyen hoy una mezcla de elementos que debilitan las democracias de las Américas, una región que hoy más que nunca necesita de un periodismo fortalecido y protegido por la sociedad.”
EFE
