La industria tabacalera en Venezuela atraviesa su temporada más difícil, como consecuencia de un aumento exponencial del comercio irregular e ilícito, que alcanzó su cifra más alta, situada en 44%, a partir de las flexibilizaciones para las importaciones aplicadas en los puertos en 2019.
Ni durante los apagones, ni siquiera en medio de la pandemia por covid-19, la venta de cigarrillos nacionales, se había visto tan afectada como en la actualidad. La Cigarrera Bigott, con más de 100 años de fundada, ha sufrido una abrupta caída en sus ventas y producción, frente a la presencia de más de 130 marcas extranjeras, que de acuerdo a sus informes, no cancelan el impuesto específico al cigarrillo.
Desde la gerencia legal de la compañía dedicada a la manufactura y comercialización de cigarrillos de alta calidad en el país, Miguel Benzo explica a Bloomberg Línea cómo fue creciendo el mercado ilícito, incluso en zonas de Caracas y el interior del país, dónde antes no existía o su presencia era mínima.
“Se lo hemos explicado de mil maneras al gobierno, la situación es complicada. Anteriormente esto entraba por las trochas con Colombia, y también en lancha rápida por Falcón, desde Aruba. Se concentraba en Zulia, Falcón y Lara el ilícito. Al día de hoy, estamos hablando de entre 2,5 y 3 millones de cigarros, lo que es imposible que eso entre solo por trochas, eso está entrando por puertos y aeropuertos”, sostiene Benzo, mientras hace hincapié en la falta de mayores controles fiscales y aduaneros para los productos importados, incluso con declaraciones que no corresponden al precio real de los productos.
La empresa tabacalera a cargo de las marcas Belmont, PallMall, Lucky Strike, Viceroy y Universal, que genera más de 12 mil empleos directos e indirectos, se ve obligada a participar, en lo que califica de ‘competencia desleal’, mientras es presionada por las autoridades recaudadoras, al frente del Servicio Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), para una mayor recaudación.
