El Instructivo para el Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales y Empresas Estratégicas, que desaplica los contratos colectivos vigentes y pretende imponer un tabulador de beneficios que reduce el salario integral de los trabajadores entre 40 y 70% violenta al menos media docena de disposiciones constitucionales. Es llamativo además que este se dictara apenas días después de que Maduro anunciara un ajuste del salario mínimo equivalente al 1.700%.
En el caso de los profesores, empleados y obreros universitarios, el texto en cuestión obvia la tabla salarial prevista en la IV Convención Colectiva, que, entre algunas escalas, establecía diferencias de hasta 70% y fijó, sin ningún tipo de discusión previa, una interescala lineal de 7%.
Como si lo anterior no fuera suficiente, el instructivo también modificó unilateralmente la manera de calcular los beneficios, como las bonificaciones por antigüedad y las primas de especialización o profesionalización, por uniformes y por hijos.
Una revisión del texto permite determinar que este vulnera disposiciones constitucionales como el derecho al trabajo, el principio de progresividad de los derechos humanos, la reserva legal, la suficiencia del salario y la libertad sindical, entre otros.
El recorte que el instructivo aplicó a las bonificaciones de los funcionarios públicos está fuera de la Constitución, en la cual en el numeral 1 de su artículo 89 señala claramente que «Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales».
Asimismo, la naturaleza del acto es de dudosa legalidad, pues la resolución de la Onapre es un acto administrativo dictado por un organismo que tiene como competencia elaborar el presupuesto nacional y ayudar a la Oficina Nacional del Tesoro a ejecutarlo, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. La Onapre no está facultada en ningún caso para decidir temas como las remuneraciones del personal de la administración pública; eso es potestad de los departamentos de personal y recursos humanos de los distintos organismos.
La manera como fue aprobada la resolución de la Onapre, sin que mediara consulta con los representantes de los trabajadores, ratifica el nulo diálogo social existente en el país. Desde que el chavismo llegó al poder en 1999 las autoridades han rechazado sentarse en una misma mesa con los sindicatos y gremios empresariales para discutir los aumentos salariales y otros asuntos que afectan a ambos grupos.
El instructivo también va a contracorriente de lo declarado por Maduro el 1 de mayo, cuando afirmó lo siguiente:
«En medio de la guerra económica he dado una orden y aquí la ratifico, se deben discutir y mejorar todos los contratos y convenciones colectivas de todos los trabajadores del país, sin excepción. Salarios, tablas salariales y contratos colectivos para avanzar».
Sin embargo, estas medidas no parece que pondrán fin a las protestas, pues los sindicatos desean que la norma sea anulada.
El malestar social provocado por el instructivo de la Onapre deja en claro que, pese a que el Gobierno de Maduro se ha autodenominado como «obrero», mantiene una política contraria al sector y no duda en darle zarpazos cuando lo estima conveniente.
Es además otra prueba de que la Constitución es letra muerta en el país, porque pese a que ella prohíbe cualquier desmejora en los derechos laborales, estos son cercenados por las autoridades sin que el Poder Judicial tome cartas en el asunto. No podemos olvidar que siete casas de estudios solicitaron al TSJ la suspensión cautelar del instructivo hasta que se dicte una decisión definitiva sobre su apego a la ley, pero el máximo juzgado rechazó hacerlo, sin importar que los ingresos de los funcionarios estén siendo efectivamente reducidos, afectando, entre otros derechos, el de la tutela judicial efectiva.
La única manera de evitar que el malestar social continúe creciendo y que las ya depauperadas condiciones de los funcionarios públicos activos y jubilados empeoren es que el Ejecutivo nacional revoque el cuestionado acto administrativo.
