«Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla». El Gobierno de Nicolás Maduro parece querer confirmar esta frase atribuida al general francés Napoleón Bonaparte (1796-1821). Al menos eso es lo que se concluye de su última iniciativa para intentar ponerle freno al dramático deterioro que ha sufrido la infraestructura educativa y sanitaria del país en los últimos años: recurrir a los militares para que reparen escuelas y hospitales.
«Vamos a conformar las Bricomiles: Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud. ¡Atención! En el caso de la educación, el próximo sábado 25 de junio, en todos los centros de educación del país, escuelas, simoncitos y liceos estaremos conformando las brigadas para la reparación de todos los centros educativos del país en especial por los que han sido denunciado».
Tras asegurar que la meta es «poner todas las escuelas, liceos, colegios y universidades pepitos, arregladitos, en las mejores circunstancias funcionales y de funcionamiento material», Maduro hizo unas declaraciones que hacen temer que las lecciones dejadas por la experiencia del Plan Bolívar 2000 no hayan sido aprendidas.
«¿Cuál es la solución (a los problemas)? Unir el poder creativo del pueblo y el poder inmenso de nuestra Fuerza Armada para que ustedes vean que no quedará burro con traumatismo. La unión del Poder Popular y el militar sobre el terreno y la logística se va pariendo sobre el terreno. ¿Vamos a necesitar una logística importante? Sí, la estoy consiguiendo, la tengo en la mano y la vamos a implementar, pero la primera logística es del poder popular y el militar».
En su explicación, Maduro dejó en claro que los elementos básicos para poner en marcha cualquier proyecto exitoso están ausentes en este caso.
En el mismo evento, el propio ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, admitió que en este proyecto no se seguirán los patrones tradicionales de planificación y logística, lo cual hace temer aún más que los fondos públicos puedan terminar alimentando tramas de corrupción y que los objetivos no se cumplan, para perjuicio de los estudiantes y de los usuarios del sistema de salud público.
Durante el acto, las ministras de Educación y de Salud, Yelitze Santaella y Magaly Gutiérrez Viña, respectivamente, aseguraron que se habían conformado 23.832 Bricomiles para refaccionar centros educativos y otras 11.005 para atender los consultorios y centros de salud. Estos números que representarían 90% de los planteles y 82% de las instalaciones sanitarias, de acuerdo con las autoridades.
Si el Plan Bolívar 2000 terminó convertido en un foco de corrupción, esta nueva iniciativa puede correr con la misma suerte. ¿La razón? No solo participarán los militares, sino también miembros de los consejos comunales, las llamadas Unidades Bolívar-Chávez (UBCH) del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y del movimiento Somos Venezuela, es decir, instancias cercanas o controladas por el Ejecutivo, quien no rinde cuentas sobre lo que hace ni lo que gasta. Recordemos que desde 2017 en Venezuela no se conoce el presupuesto público.
Además, el hecho de que las Bricomiles se vinculen con el esquema 1 x 10, fórmula que el oficialismo utiliza para movilizar a sus militantes para concurrir a los centros electorales durante los procesos comiciales, hace sospechar que se está configurando como otra forma de control social y de limitación y control del poder para ideologizar más radicalmente al ciudadano en este tipo de espacios.
El anuncio de la ministra de Ciencias, Gabriela Jiménez, de que 1.300 colegios privados han pedido al Gobierno sumarse a esta iniciativa, es otro motivo de preocupación, porque revela que el proyecto no se circunscribe a los planteles públicos.
La posibilidad de que las Bricomiles terminen constituyendo una nueva versión del Plan Bolívar 2000 son elevadas; así lo dejan en claro las declaraciones oficiales que no informan sobre objetivos y metas ni se explican mecanismos de control y supervisión. Como si esto no fuera suficiente, el hecho de que participen militantes del partido de Gobierno hace temer que la iniciativa termine sirviendo para discriminar y reforzar el control social sobre la población, sobre todo durante eventos electorales. Por último, no se puede obviar que las autoridades, con la venia de la cúpula militar, insisten en distraer a la FANB de uno de sus objetivos constitucionales fundamentales: garantizar la integridad del territorio nacional.
