Estefani Brito.-
«Una política de Estado criminal». Así califican dirigentes sindicales el instructivo 2022, emitido por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), durante el programa «Sin Tapujos» de Qué Pasa en Venezuela, conducido por Carolina Isava y Yira Yoyotte.
Consideraron que esta medida vulnera los derechos laborales, las contrataciones colectivas y la Constitución, que consagra la intangibilidad y progresividad de los beneficios laborales.
«Es la violación flagrante de todos los derechos contractuales; que pasaría a ser una violación a los derechos humanos porque se está metiendo es con los salarios, con la dignidad de los trabajadores, e inclusive, con los convenios internacionales de la OIT y la Carta Universal de los Derechos Humanos», manifestó Raquel Figueroa, representante de la Federación Nacional de Profesionales de la Docencia – Colegio de Profesores de Venezuela.
A su juicio, Venezuela ha retrocedido de manera «vertiginosa» en materia de derechos laborales, con políticas que pondrían a los trabajadores venezolanos a percibir un salario por debajo de países como Haití y Cuba. «Estamos ante una política antihumana sobre los trabajadores y sus familias», apuntó.
Por su parte, Victor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, afirmó que la decisión del Estado ha sido la «robarle el dinero a la clase trabajadora», desconociendo los derechos laborales, los contratos colectivos y la carta magna.
«Los jubilados y pensionados, que gastan buena parte de la pensión en lo que tiene que ver con medicamentos, si no tienen ni siquiera para alimentarse, más dificultad tienen ahora para adquirir medicamentos; y la falta de medicamentos con la falta de alimentación, lo que conduce es a la muerte. Por eso yo hoy considero que estamos en presencia de un crimen de lesa humanidad», aseveró.
En el caso del sector universitario, explicó, ocurre el caso «excepcional» de que están fraccionando el bono vacacional y recreacional en tres partes, para ser cancelado entre los meses de julio, agosto y septiembre el 25% del pago, y el 75% restante para el año 2023.
«Cuando una persona está contando con un dinero que históricamente ha recibido de forma determinada, y el gobierno toma la decisión de pagar de la manera en la que la está tomando, esa persona que han planificado, por ejemplo, atender sus problemas de salud, no lo va a poder atender porque no recibió el dinero que tenía que recibir», indicó.
Emilio Lozada, presidente de la Federación Nacional de Pensionados y Jubilados, manifestó que la reducción de las pensiones, el salario y el pago del bono vacacional va más allá de «meterle la mano al bolsillo al trabajador», pues considera que es también «darle un golpe al estómago de los trabajadores».
Recordó que durante la última visita de la Organización Internacional del Trabajo se trató de consolidar un acuerdo entre el gobierno y los trabajadores, en el marco de tres puntos importantes: 1- La instalación de una Tripartita. 2- La libertad sindical, «para resolver el problema de la realidad de los sindicatos». 3- El salario.
Sin embargo, hasta la fecha no ha logrado concretar estas demandas. «No nos han dado respuesta a nosotros. No le han dado respuesta a nadie», resaltó.
Protestas
Para Mauro Zambrano, coordinador general de la Red Sindical Venezolana, el gobierno utiliza supuestos sindicalistas «quitarle los beneficios a los trabajadores». «Incluso, el Ministro del Trabajo está totalmente parcializado. Francisco Torrealba lo que ha hecho es venir a quitarle también los derechos y, además, los reales a los trabajadores», alertó.
No obstante, aseguró que los trabajadores, jubilados y pensionado «molestos y decepcionados», porque percibieron durante más de dos años un salario por debajo de los 10 dólares, han decidido salir a las calles a exigir se respete la Constitución y la Ley del Trabajo.
«Nosotros como dirigentes no nos vamos a quedar callados, si eso es lo que pretenden», agregó.
Este jueves, con protestas en 23 estados y más de 43 municipios del país, docentes, profesores y diversos trabajadores públicos denunciaron, «en una sola voz», la violación de los derechos laborales, indicó Raquel Figueroa.
La docente señaló que mientras estas políticas que atentan contra los trabajadores persistan, la protesta va a ir ascendiendo.
«En la medida que el patrono siga profundizando una política de flexibilización laboral, pues al trabajador no le queda otra que accionar su derecho a la protesta», alegó.
Los pensionados y jubilados también continuarán en las calles, para «seguir sumando» y reclamando los derechos de este sector tanto dentro, como fuera del país, donde más de 30.000 ciudadanos se están organizando para exigir la restitución de sus pagos, que le fueron anulados. «Lo que estamos pidiendo es que se cumpla la Constitución, no pedimos más nada», aclaró Emilio Lozada.
La pelea, considera Víctor Márquez, debe ser «unificada y permanente en la calle». En este sentido, dijo, se necesita de la incorporación de las instituciones, como el Sistema de Facultad y el Consejo Universitario, en el caso de este sector, para defender los derechos de los trabajadores.
Además, coincide con Figueroa, al manifestar que el nivel de conflictividad debe ir aumentando a medida que se sigan violentando las reivindicaciones de los docentes, profesores y trabajadores, hasta llegar a un paro de las actividades académicas y laborales por al menos 24 horas.
«Se tiene que convocar a todas las organizaciones, en términos unitarios, para discutir la posibilidad de hacer una paralización de la actividad durante 24 horas, como una forma de aumentar la presión frente el Ejecutivo Nacional», subrayó.
El llamado a paro no es, sin embargo, una opción para el gremio de la salud, que opta por «una gran movilización por los derechos de los trabajadores y de la gente», en la que se una lo laboral con lo social. «Ya un paro no es suficiente y nosotros no queremos perjudicar al paciente.
Este tipo de acción no hace el efecto que hacía cuando un hospital funcionaba un 80%. Ahora los hospitales no funcionan sino un 10% – 15%, están prácticamente paralizados, y esto te limita a una acción más contundente», señaló Mauro Zambrano.
En su opinión, los trabajadores deben innovar los métodos de lucha, integrando la protesta de calle y la visibilización a través de las redes sociales.
«No vamos a dejar la calle ni a dejar de protestar exigiendo los derechos. Los trabajadores y los ciudadanos cuando nos organizamos tenemos poder y el poder es la democracia, el poder es el voto. Tenemos el poder de la calle y el poder del voto y, nosotros como ciudadanos, tenemos que salir con mucha fuerza y ejercer ese poder en contra de quienes han llevado a los trabajadores a la miseria», enfatizó.
