Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia se dirigen al país para recalcar nuevamente la importancia de una gestión eficiente, transparente e integra en el manejo de los activos en el exterior.
Recientemente, el procurador del Gobierno Interino presentó un informe y demandó la aprobación del presupuesto para la defensa judicial de los activos. En su presentación, el procurador volvió a evadir una serie de interrogantes que son materia de vital importancia para comprender la estrategia de defensa judicial, así como la gestión transparente de los activos.
Las preguntas que se deben responder para brindarle seguridad al país sobre la gestión de los activos son las siguientes: ¿Por qué se ha gastado 50 millones de dólares en la defensa de activos y estamos ahora en una situación peor que la de hacer tres años? A punto de perder los activos y con menos dinero que antes.¿Por qué no se discriminaron los juicios en la estrategia judicial? ¿Cuáles eran los activos cuyo control fue cedido en 2019? ¿Cuántos juicios y procedimientos arbitrales había en 2019? ¿En qué estado estaban o que chances tenía la República de ganar? ¿Qué acuerdos existían con acreedores?¿La gestión del anterior procurador de la república comprometió recursos de la república sin haber contado con disponibilidad presupuestaria?
Hay un cuestionamiento generalizado de todos los partidos políticos sobre cómo la procuraduría ha comprometido recursos del país.
¿El procurador está consciente de que los partidos políticos le pidieron a Juan Guaidó enviar una carta solicitando contratar una firma para auditar las facturas de la procuraduría?
Son interrogantes que el país se hace y que siguen sin responderse. La AN aprobó en un acuerdo no comprometer más gastos en escritorios de abogados si no había una jerarquización de los casos y una rendición de cuentas por parte de la procuraduría.
Lamentablemente, esto no se ha cumplido. La jerarquización de casos debe ser presentada por la procuraduría ante el parlamento, para decidir cuáles son los casos más importantes.
Al día de hoy siguen corriendo decenas de casos y esto implica millones de dólares, cuando al final la protección de los activos depende del gobierno estadounidense y no de los juicios.
Asimismo, al procurador se le ha solicitado no solo que acuda a la AN, sino que sea sometido a una interpelación por parte de los parlamentarios. Para poder tener una rendición de cuentas que cumplan con los criterios de integridad y transparencia, se requiere que el procurador comparezca ante el órgano legislativo y responda esta y otras interrogantes de interés. Una rueda de prensa no sustituye una rendición de cuentas, y mucho menos cuando no hay posibilidad de hacer preguntas.
Se ha gastado más de 50 millones de dólares en litigios que no han servido para resguardar los activos, pues la protección ha emanado hasta el día de hoy de las licencias del gobierno de los Estados Unidos. Estos recursos son de los venezolanos; y por eso debemos hacer un esfuerzo titánico para rendir cuentas y garantizar un uso transparente de estos. Nunca será suficiente todo lo que hagamos para demostrar que existe un compromiso con la integridad. Como en todas partes del mundo, cuando hay dudas, solamente con rendición de cuentas se pueden aclarar las cosas.
La solución del manejo de los activos pasa por cumplir con el acuerdo aprobado de manera unánime el pasado 14 de junio del año 2022 y con las recomendaciones emanadas del informe elaborado por la comisión de la AN que investigó el caso Monómeros.
El acuerdo de junio de este año establece la creación del Consejo Nacional de Activos, una instancia que persigue la administración independiente para ordenar los procesos correspondientes a los activos y corregir los errores que se han cometido en el manejo de los bienes en el exterior.
