En lo que va de diciembre, el Ministerio Público ha girado orden de captura en contra de tres falsos profesionales de la salud, que ejercían de manera ilegal funciones sanitarias para las que no se prepararon. Para ellos debieron falsificar documentos legales con el objetivo de validar sus prácticas.
Por Orianny Granado | Tal Cual
El 12 de diciembre, a través de redes sociales, comenzó a circular una denuncia en contra de Elvis Ricardo Blanco Laverde, quien ejercía oficios como médico neurólogo y psicólogo en una reconocida clínica del estado Lara. Al día siguiente fue detenido e imputado.
Seguido de esto, el 21 de diciembre el MP dictó orden de aprehensión en contra de Oswaldo José Aponte, quien ofrecía sus servicios de odontólogo en una clínica fantasma del estado Lara.
Y, más reciente, el 23 de diciembre en el estado Carabobo se giró orden de captura en contra de Luis Rafael Carmona Arteaga, quien ejercía de manera ilegal sus servicios como oftalmólogo.
Todos estos casos fueron publicados por el fiscal designado por la ahora extinta Asamblea Constituyente, Tarek William Saab.
Ante esta situación han surgido muchas interrogantes, sobre todo, cómo estas personas pueden ejercer de manera ilegal y pasando desapercibidos en una profesión que requiere tantos años de estudio y que para la práctica requiere de manera obligatoria una aprobación por parte de diversos entes.
En Venezuela existe la Ley del Ejercicio de la Medicina que regula toda prestación de atención médica preventiva-curativa a la población por parte de profesionales médicos, “mediante acciones encaminadas a la promoción de la salud, prevención de enfermedades y reducción de factores de riesgo, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, restitución de la salud y rehabilitación física o psico-social de las personas y de la colectividad”.
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