Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), desarrollada por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la UCAB (2019-2020), en los hogares venezolanos hay un 74% de inseguridad alimentaria, por lo que los valores de la desnutrición crónica han puesto a nuestro país al mismo nivel que África.
Esa misma encuesta reveló que el consumo nacional promedio de proteínas es sólo el 34,3% del requerido. De esta dantesca situación no escapan los privados de libertad de 34 cárceles ubicadas en el territorio nacional, lo cual quedó plasmado en el Informe Desnutrición 2021: El hambre azota a la población reclusa venezolana, una investigación efectuada por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
La información de este informe fue obtenida a través de los privados de libertad, familiares, abogados y miembros del equipo del OVP, así como también se entrevistó a especialistas de la salud.
Carolina Girón, directora del OVP, presentó el informe en una rueda de prensa, donde recordó que el Estado es el responsable de la alimentación de las personas que se encuentran bajo su custodia, debido a que es un derecho humano y está establecido tanto en la legislación venezolana como en las leyes, normas y pactos internacionales.
Girón destacó que para el primer trimestre del 2021 existe un 177,07% de hacinamiento. Considerando además que las cárceles venezolanas no cuentan con la infraestructura ni con las políticas para mantener los estándares mínimos de reclusión para que las personas cumplan sus condenas con dignidad.
De la misma forma no se cuenta la infraestructura necesaria y debidamente acondicionada para ingerir y servir los alimentos en prisión. Debido al nivel poblacional y la falta de mantenimiento y planificación en las cárceles del país, los espacios destinados como áreas de comedores en la mayoría de las cárceles se encuentran deshabilitadas o reservadas para reclusos(as) que obtienen algún privilegio, ya sea por el cobro de una cuota monetaria o por el trabajo realizado.
Es por ello que los presos terminan comiendo en sus celdas o cocinando en las mismas, improvisando cocinas u obteniendo cocinas eléctricas a través de sus familiares.
La abogada y defensora de Derechos Humanos recalcó que, a pesar de ingeniarselas para improvisar una cocina, los presos no tienen gas. Es por esta razón que deben cocinar los alimentos con leña, cuyo uso constante puede generar enfermedades cardiovasculares y respiratorias.
En los penales venezolanos tampoco se cumple con los mecanismos básicos y necesarios para la conservación y manipulación de alimentos, lo que propicia que los alimentos se contaminen con mayor facilidad. Se develó que en el 76,8% de los casos no hay medidas de higiene ni manipulación correcta de alimentos.
“No es como las películas que cada preso tiene una celda, en Venezuela hasta construyen sitios dentro de la cárcel para tener una privacidad”, destacó la directora de OVP a la par que indicó que Venezuela es el único país donde existen dos tipos de cárceles.
“Están las cárceles cerradas, donde está implementado el régimen penitenciario manejado por el Ministerio de Servicios Penitenciarios, y las abiertas que son controladas por los pranes o líderes negativos”. En ese sentido, Girón explicó que lamentablemente en los penales cerrados es donde existen más denuncias y se ha visto la corrupción, porque no le llegan los alimentos que deben ser suministrados por el Estado o cobran por los mismos.
“Si no podemos mantener el control en una cárcel qué podemos esperar en el extramuros, afuera para nuestra sociedad. El Gobierno no ha tenido voluntad para solventar todo esto, lamentablemente se olvidaron de los presos y las cárceles se convirtieron en depósitos de seres humanos, donde no hay nada y se paga hasta por respirar”, enfatizó.
Asimismo, explicó que en las cárceles controladas por pranes son ellos quienes deciden quiénes entran y además clasifican a los presos. Se pueden encontrar a los que cancelan sus cuotas mensuales o semanales, hacen vida dentro de la población penal y tienen acceso a algunos privilegios, y están otros dos grupos denominados los manchados y los sufridos.
Los manchados son aquellos que incumplieron algunas normas del pranato y son desplazados a otros espacios del penal, mientras que los sufridos son aquellos que no reciben visita de ningún ser querido y deben arreglárselas solos para su alimentación.
En ese sentido, el informe revela que en los penales venezolanos son los familiares los encargados del suministro de alimentos de los privados de libertad. El 54,2% lo recibe de manos de sus familiares, el 12,1% a través de compañeros de celdas que comparten lo que les llevaron sus seres queridos, y un un 2,1 % al que nadie le lleva comida.
“Esto evidencia que han dejado la carga del suministro de alimentos a los familiares y esta situación ha generado masacres, huelgas de hambres y protestas”, expresó la directora de. OVP.
De igual manera, se develó que las mujeres privadas de libertad son las que sufren la peor parte, pues para obtener comida deben presuntamente intercambiarlo por sexo con los funcionarios o incluso por agua.
Sin consumir proteínas
En otro orden de ideas, el informe del OVP manifiesta que el 97,2% de los reos considera que la comida recibida en los penales no es equilibrada ni variada, mientras que el 91% considera que es mala, que no es suficiente y tampoco balanceada.
Girón destacó que solo el 91,5% no consume proteínas en las cárceles venezolanas y el 90,1 % no consume ni ha consumido frutas, ni verduras durante su detención.
Se conoció que 40,1% come una vez al día, 38% dos veces al día y 9,2% nunca recibe alimentos. Solo el 12, 7% manifestó comer tres veces al día.
“Esa comida al día que reciben no llega ni siquiera a las 500 calorías, no existe un menú y planes alimenticios. Reciben una arepa sin sal, agua de arroz o pasta, bollitos de masa y a veces corren la suerte de una fruta, hay testimonios que aquellos que llegaron a ser rancheros (trabajadores en la cocina), comían y comían y aunque les caía mal la comida lo seguían haciendo porque llevaban mucho tiempo sin comer”, relató la defensora de DDHH.
Sin agua potable
En la investigación del OVP también se conoció la situación del agua potable. El 64,1 % de los encuestados indicó que no tenía acceso a agua potable, la misma es adquirida a través de camiones cisternas que cancelan los mismos presos.
Sino son las madres, esposas o hermanas que suministran el líquido cuando visitan. Es de resaltar que tan solo pueden pasar 10 litros de agua, porque se ven limitadas que deben ser las mujeres quienes llevan estos insumos más la comida, puestos que los hombres como hijos, padres, primos tienen prohibido el acceso a los penales cerrados en Venezuela, por lo que la carga recae sobre la mujer venezolana.
El agua que adquieren los presos además debe ser usada para lavar sus alimentos, aseo personal, lavar los utensilios y además lavar la ropa.
“La situación del agua la sufren todos, los presos sociales, los políticos y los militares y nosotros también, si nosotros la tenemos racionadas imaginen ellos. No estamos hablando de privilegios, estamos hablando de agua y comida”, recalcó la directora del OVP.
Cárcel, condena de muerte
Durante la rueda de prensa, Girón también manifestó que en Venezuela no existe la pena de muerte, pero ingresar a un penal venezolano con las condiciones en las que sobreviven es una sentencia de muerte.
En el informe 97,2% de los presos encuestados manifestó que ha perdido peso durante su detención. Es normal que pierdan peso, pero no es normal perder más del 40% de su masa corporal.
“Qué pasa cuando un cuerpo está desnutrido, tiene inmunosupresión y empieza el cuerpo a deteriorarse, las energías se agarran de la musculatura”, expresó Girón a la misma vez que mencionó que desde el 2017 en adelante se comenzó a ver cómo se incrementaba la cifra de presos muertos por situación salud.
Una de las principales causas de muertes era la tuberculosis, que se supone que el Estado debe estar preparada para tratarla, pero no es así en Venezuela. Al evaluar con detalle la mayoría de los casos, siempre había un factor en común: la desnutrición.
En nuestras cárceles venezolanas en el 2017 murieron 69 presos, en el 2018 fueron 40 presos. En el 2019 fueron 60 presos, mientras que en el 2020 aumentó a 184 privados de libertad y en el primer semestre del 2021 van 69 reclusos fallecidos, para un total de 381 presos fallecidos.
Mientras la situación en los calabozos policiales no es distinta, en el 2017 fueron 28, en el 2018 murieron 40 presos, en el 2019 fueron 66 y en el 2020 murieron 59, mientras en el primer trimestre del 2021 van 54, para un total de 247 presos muertos, según las cifras manejadas por OVP.
