El Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a la Víctima, Humberto Prado, entregó el resumen del Informe Anual 2021 sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela denominado Relatos de Tortura: la realidad silenciosa de los militares privados de libertad, Libertad de prensa bajo ataque y Letalidad e Impunidad de las acciones ilegales realizado por la Faes.
El Comisionado hizo entrega del mencionado resumen a la Relatora para Venezuela, Esmeralda Arosamena y la Secretaria Ejecutiva, Tania Reneaum Panszi de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); al profesor Juan Méndez, así como también a José Miguel Vivanco, Director de la División de las Américas de Human Rights Watch; Angela Meyer, directora de la Fundación Robert Kennedy; el Embajador Gustavo Tarre Briceño ante OEA y el Embajador Carlos Vecchio ante los EEUU; Santiago Canton, miembro del panel de experto de la OEA y Geoff Ramsey de WOLA.
Según explicó Prado, el informe se efectuó en atención a la más grave crisis de los últimos 25 años que lleva trabajando derechos humanos en Venezuela, conforme a las cifras expuestas en los diferentes informes de la sociedad civil y de organismos internacionales en materia de derechos humanos.
Ante el aumento de denuncias de violaciones de derechos humanos y la ausencia de respuesta a las mismas, se ha trabajado en documentar y activar los mecanismos de protección de derechos humanos disponibles que permitan proteger y garantizar efectivamente los derechos de cada uno de los venezolanos y venezolanas.
En el mencionado informe se reseña que la pobreza en Venezuela se ubicó en 94,5% y la pobreza extrema alcanzó un 76,6%, según el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (IIES-UCAB), quien presentó en septiembre del 2021 la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi).
Esa misma encuesta reveló que la inseguridad alimentaria se redujo de 6,6% a 5,8%; sin embargo, la inseguridad alimentaria leve tuvo un ascenso a 34,5%, aumentando la inseguridad alimentaria severa en 24,5%.
De acuerdo a una encuesta realizada por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, únicamente el 24,9% recibe agua potable sin restricción alguna, y 56% de los entrevistados catalogaron de forma negativa el servicio eléctrico.
En otro orden de ideas, la organización Médicos Unidos de Venezuela documentó, entre el 16 de junio del 2020 y el 14 de noviembre 2021, 792 muertes de personal sanitario por causa del covid-19, desagregados en: 548 médicos (70,19%), 162 enfermeras (20,20%), 18 odontólogos, 12 bioanalistas, 5 farmaceutas.
Por su parte, el Observatorio Venezolano de Prisiones reveló que durante el primer semestre de 2021, fallecieron 170 personas privadas de libertad en las cárceles y centros de detención preventiva del país, 72% de las muertes se asociaron a condiciones de salud, principalmente: desnutrición y tuberculosis.
De acuerdo al Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) se consumaron 1497 delitos diferentes al homicidio intencional, los homicidios intencionales disminuyeron a 9.5%.
Conforme a datos del monitoreo de femicidios realizado por el Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), entre enero y octubre 2021 fueron registrados 235 femicidios consumados en Venezuela y 74 femicidios de mujeres venezolanas en el exterior.
Asimismo, durante el año 2021 se registró el lamentable fallecimiento de tres presos políticos bajo custodia del regimen: Salvador Franco, guía turístico de la comunidad indígena pemón, quien falleció en enero del año 2021, en el Internado judicial Caipital Rodeo II. Es de hacer notar que este penal se encuentra bajo medidas provisionales emitidas por la Corte IDH desde el pasado 08 de febrero de 2002.
Gabriel Medina, exfuncionario de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), fallecido en agosto del año 2021, en el Centro Penitenciario de la Región Oriental Monagas (La Pica); y Raúl Baduel, quien fuese Ministro de la Defensa de Venezuela y militar retirado, quien falleció en octubre de 2021 en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
Tras analizar el conglomerado de cifras y denuncias recabadas por las organizaciones no gubernamentales que hacen vida en Venezuela, Prado pudo concluir ante los organismos internacionales que lo que se vive en Venezuela es la crisis más grave en los 25 años que lleva trabajando el tema de DDHH y que la falta de un Estado de derecho y democrático ha abierto paso a actuaciones y omisiones se evidencia en todo el territorio nacional.
Los organismos internacionales también se han pronunciado:
CIDH: En Venezuela existe un claro quebrantamiento del principio de separacio?n de poderes. Esto se evidencia en la ausencia de garanti?as mi?nimas para la celebracio?n de elecciones parlamentarias, la falta de independencia judicial, y en la extralimitacio?n de funciones de la Asamblea Nacional Constituyente.
La ausencia de un sistema operante de pesos y contrapesos se observa tambie?n en el hecho que el Poder Ejecutivo continu?e ejerciendo poderes extraordinarios, y haya prorrogado el estado de excepcio?n al menos 30 veces desde 2016, sin la aprobacio?n de la Asamblea Nacional como exige la Constitucio?n.
FFM: El informe 16 de septiembre de 2021 dice que el sistema de justicia para proteger los derechos humanos y prevenir los cri?menes de Estado perpetrados contra sectores de la poblacio?n venezolana comenzo? a erosionarse con anterioridad al mandato conferido a la Misio?n, que comienza en 2014.
Sin embargo, desde entonces, el Gobierno ha aprovechado un sistema que ya habi?a sido puesto en marcha y ha continuado construyendo sobre la base de e?ste.
ACNUDH: El informe del 15 Julio 2020 de ONU Derechos Humanos aborda la situación de la independencia judicial en el país de la que concluye se ve socavada debido, entre otras causas, a la inseguridad en la titularidad de los jueces y fiscales y la falta de transparencia en el proceso de su designación.
El documento también denuncia la explotación y los abusos graves de niños y comunidades indígenas en el país, donde está en auge la extracción de oro.
Comisión Internacional de Juristas: El secretario general de la Comisión Internacional de Juristas, Sam Zarifi, expresó que «la cabeza de la rama judicial está podrida. El 85% de los jueces en Venezuela, en este momento, no son jueces propiamente, la mayoría son provisionales y pueden ser removidos por el TSJ sin ningún proceso disciplinario. Los jueces provisionales son muy vulnerables a la presión política. Está bien documentado que a los jueces se les dice cómo deben fallar, especialmente en casos de impacto político. Y los jueces que no siguen esto tienen problemas».
Amnistía Internacional: En su Informe 2020 – 2021 dice que en Venezuela hay una crisis continuada de derechos humanos que sufri?a Venezuela se recibieron de nuevo noticias sobre ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza y homicidios ilegales cometidos por las fuerzas de seguridad a lo largo del an?o.
Quienes criticaban las poli?ticas del gobierno —como periodistas, profesionales de la salud y activistas de la poli?tica— eran objeto de medidas represivas que inclui?an la criminalizacio?n, los juicios injustos y la detencio?n arbitraria.
HRW: En su Informe 20202 habla que en Venezuela atraviesa una gravísima emergencia humanitaria, con millones de personas que no tienen acceso a una atención de la salud básica ni a una nutrición adecuada.
El acceso limitado al agua segura en los hogares y centros de salud ha contribuido a la propagación del Covid-19. Desde que el expresidente Hugo Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional tomaron control del Tribunal Supremo de Justicia en 2004, el poder judicial dejó de actuar como una rama independiente del Estado. Magistrados del Tribunal Supremo han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y han ratificado en reiteradas oportunidades prácticas y políticas abusivas.
Panel de Expertos de la OEA: En su informe y resumen ejecutivo, un panel de expertos internacionales independientes designado por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) concluyó que existe fundamento suficiente para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que se remontan por lo menos al 12 de febrero de 2014.
Corte Penal Internacional: El 3 de noviembre de 2021 se recordará como un día histórico en el camino a la justicia ante los crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en el país.
El Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció que cerraba el Examen Preliminar sobre la situación Venezuela, el cual se abrió en febrero de 2018. En consecuencia, da inicio a la fase de investigación.
La Corte Penal Internacional (CPI) abrió una investigación formal contra Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad durante la represión de manifestaciones antigubernamentales en 2017. La veracidad de los hechos sólo puede determinarse mediante la apertura de una investigación formal.
“A este respecto, en mis diversas reuniones celebradas en Caracas recalqué que el artículo 54, párrafo 1 del Estatuto de Roma exige a mi Fiscalía investigar tanto las circunstancias incriminantes como las eximentes a fin de establecer la veracidad de los hechos”, destacó Khan.
La antecesora de Khan, Fatou Bensouda, dijo que existía “base razonable” para creer que se cometieron crímenes contra la humanidad y habló de una “inacción” de las autoridades de Venezuela para investigarlos.
MOE-UE: “El marco electoral venezolano cumple con la mayoría de los estándares internacionales básicos, nuestra misión ha podido constatar la falta de independencia judicial, la no adherencia al estado de derecho y que algunas leyes afectaron la igualdad de condiciones, el equilibrio y la transparencia de las elecciones”.
Todos estos informes llevaron al Comisionado Humberto Prado a dejar el resumen ante estas instancias internacionales de manera de seguir colaborando en busca de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición para las víctimas de Venezuela.
