Venezuela vive su “peor” período de violaciones de derechos humanos en los últimos 30 años, dijo Rafael Uzcátegui, sociólogo y director de la ONG Provea, premiada este viernes en Caracas.
“Hoy estamos en la peor situación de derechos humanos en los 33 años de existencia de Provea, no solamente por ausencia de democracia, sino por la crisis económica (…), que ha llevado a la pobreza a niveles que habían sido desconocidos en los últimos 40 años”, indicó Uzcátegui al recibir en la embajada de Francia en la capital venezolana un premio franco-alemán por el Día Internacional de los Derechos Humanos.
El director de Provea (Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos) habló de los riesgos que corren los defensores de derechos humanos, especialmente los activistas locales con menos cobertura mediática que él.
“Las autoridades no quieren que se sepan muchas cosas, que no sean visibles, y celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos con un compañero en la cárcel”, manifestó Uzcátegui al referirse a Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes.
Especialista en la zona fronteriza con Colombia y crítico del gobierno, Tarazona fue detenido en julio y acusado de “terrorismo”.
“Este año tuvimos un logro triste, que es que la Corte Penal Internacional (CPI) haya iniciado una investigación sobre Venezuela” por la represión de las protestas antigubernamentales de 2017 y los opositores que están en prisión, agregó.
“Hay autoridades que saben que los defensores (de derechos humanos) y quienes hemos acompañado a las víctimas tenemos una gran responsabilidad en que eso se haya logrado y seguramente en algún momento querrán cobrar esa factura”.
Uzcátegui subrayó en particular que Provea ha sido acusada de “narcotráfico y blanqueo de capitales”, señalamientos que calificó de “delirantes”.
Sin embargo, el activista celebró que la acción de las ONG haya ayudado a la liberación de detenidos y a una actuación “menos represiva” de fuerzas policiales y militares ante manifestaciones en los últimos tiempos.
“Como otros países de la región han superado situaciones muy difíciles, los venezolanos también lo vamos a hacer”, aseveró.
El gobierno de Venezuela niega violaciones sistemáticas de derechos humanos, asegurando en particular en el caso de la CPI que más de 150 efectivos policiales y militares han sido imputados por abusos desde 2017, prueba de una voluntad real, según Caracas, de juzgar a los responsables de más de un centenar de muertes durante manifestaciones
