El colectivo transgénero, al igual que el resto de la comunidad LGTBI, asegura sentirse “vulnerable” ante los discursos de odio en España, cuando se celebra el Día Internacional de la Memoria Transexual para recordar a las víctimas mortales de la transfobia.
Los indicadores revelan que este país, donde este año la transfobia no se ha cobrado hasta el momento ninguna víctima mortal, goza en principio de una buena salud en cuanto al respeto de los derechos LGTBI.
El ranking europeo que elabora la Asociación Internacional de Gais y Lesbianas (ILGA, por sus siglas en inglés) sitúa a España en el octavo puesto de 49 naciones, con una calificación de 65 puntos sobre 100, muy por encima de Alemania (52), Francia (57) o Italia (22).
En España, catorce personas transexuales fueron asesinadas desde 2008, indican las estadísticas del Observatorio de Personas Trans Asesinadas, una iniciativa financiada por el Consejo de Europa y el Gobierno de los Países Bajos, que documenta estos crímenes en el mundo y considera que es un país de “riesgo muy bajo”.
“La sociedad española es respetuosa con la diversidad, pero han aumentado mucho los discursos de odio promovidos desde partidos políticos de ultraderecha, que calan en la gente”, advierte, sin embargo, la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e Intersexuales (FELGTBI), Uge Sangil, en declaraciones a EFE.
DELITOS DE ODIO
El Código Penal español recoge en el artículo 510 sanciones para aquellos que “fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia (…) contra una persona determinada por su sexo o identidad sexual, o por razones de género”.
Además, el artículo 22 contempla, como circunstancias agravantes cometer, delitos por motivos referentes a la identidad u orientación sexuales.
Pero los delitos de odio constituyen actualmente “una de las principales preocupaciones de la comunidad LGTBI en España”, y en palabras de Sangil, “urge un pacto de Estado” en este sentido.
El Ministerio del Interior español cuenta con la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio, que en 2020 documentó 278 casos por orientación sexual e identidad de género, cantidad similar a la de 2019; en el primer año de la pandemia de covid-19, aumentaron en un 88 % los cometidos en el ciberespacio.
“En España estaba mal visto meterse con la gente por su orientación sexual o identidad de género, y ahora vemos un retroceso en este sentido“, explica a EFE Gabriel Aranda, vocal del área internacional de Arcópoli, asociación LGTBI radicada en Madrid.
POLITIZACIÓN Y REDES SOCIALES
Legislar contra los discursos de odio presenta la dificultad de establecer un límite y discernir qué hechos constituyen realmente un delito de este tipo.
Para el profesor de la Universidad de Barcelona (noreste español) y analista de discursos de odio Steven Forti, es un “terreno resbaladizo” porque algunos sectores “como la derecha radical” pueden argüir que ejercen la libertad de expresión “en su relato contra lo políticamente correcto”. Y “si la Justicia se excediera con las sanciones, los estarían reforzando”, añade.
La difusión de mensajes con contenidos homófobos en las redes sociales responde a una “estrategia política”, comenta el director del máster de Educación Inclusiva e Intercultural de la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), Elías Said-Hung.
Según una investigación de septiembre de 2019 a febrero de 2020 en la que participó Said-Hung, las formaciones políticas españolas más votadas en las últimas elecciones generales propagaban entre un 60 y un 70 % de mensajes calificados por las verificadoras Newtral y Maldita.es como “desinformativos”, en parte homófobos, entre su contenido total en redes sociales.
“Difundían estos mensajes porque se reproducían más entre sus seguidores y les generaba visibilidad. A cambio, fomentaban la confrontación y podían llegar a minar los valores democráticos”, sentencia Said-Hung.
El alcance de las redes sociales y “la posibilidad del anonimato” permiten que se extiendan con amplitud los discursos de odio, según Marta Aparicio, coordinadora del máster de Estudios de Género de la Universidad Complutense de Madrid.
“Las redes no son malas en sí mismas, pero deberíamos educar mejor emocionalmente a las personas que las usan sobre los efectos que sus comentarios pueden tener sobre otras personas”, plantea.
En este contexto de “preocupación y vulnerabilidad” ante discursos de odio homófobos, el bufete de abogados Arcoíris, que cuenta con una sección específica para atender las demandas legales LGTBI, explica que estas personas están cada vez “más concienciadas con sus derechos y cada vez denuncian más”.
EFE
