El régimen de Nicolás Maduro anunció el inicio de la jornada de vacunación contra el COVID-19 en niños de entre 2 y 11 años de edad este lunes, 8 de noviembre. Para la ONG Médicos Unidos Venezuela (MUV), inmunizar a niños y adolescentes no se justifica en un país en el que la mayoría de los adultos mayores -población en riesgo- aún esperan por segundas dosis.
Por Yoselin González / elpitazo.net
Otra característica de esta jornada con la que difiere la organización no gubernamental, es que los menores serán inmunizados con el candidato a vacuna de Cuba, Soberana 02. Advierten en una publicación en su cuenta de Instagram del 26 de octubre, que bajo ninguna circunstancia se pueden aplicar candidatos vacunales en la población, como es el caso de dicha dosis.
«Los prototipos a vacuna no deben ser usados para inmunización de la población bajo ningún concepto. Abdala y Soberana 02 son prototipos a vacuna y no deben ser usados ni en la población pediátrica ni en adultos hasta que sean científicamente aprobados», se lee unas láminas informativas que publicaron en la red social.
Te explicamos todo lo que la ONG opina sobre la aplicación de las vacunas contra el COVID-19 en los menores de edad, a quienes se les considera desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una población que no está en riesgo si se contagian.
Vacunas aprobadas y las que están en ensayos
Hasta ahora son solo las vacunas de Pfizer y Moderna las autorizadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA – por sus siglas en inglés) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para su uso de emergencia en adolescentes a partir de los 12 años de edad.
Ambos laboratorios iniciaron ensayos clínicos para probar sus vacunas en niños menores de 12 años, usando dosis más bajas y dividiendo sus muestras en tres grupos experimentales: 5 a 11 años, 2 a 5 y 6 meses a 2 años.
Pfizer solicitó a principios de octubre a la FDA la aprobación de su vacuna para niños de 5-11 años luego de que los resultados de su ensayo con 1/3 de las dosis empleadas para adultos evidenciaron una efectividad del 90.7% contra la enfermedad sintomática y ningún problema de seguridad, con efectos secundarios similares a los vistos previamente con la vacuna. Se espera su pronta aprobación.
De la vacuna Sinopharm se publicaron los resultados de las fases 1 y 2 de los ensayos en una población de 3 a 17 años. La vacuna demostró ser segura y bien tolerada en este grupo etario. Con la evidencia se apoyó su uso a una dosis de cuatro microgramos en un régimen de dosis en ensayos de fase 3 que evaluarían más su seguridad y eficacia.
Esta vacuna ha sido utilizada en niños y adolescentes en Emiratos Árabes y China.
Recientemente se aprobó su uso para la población pediátrica en Argentina basados en un estudio no publicado de fase 3 que se les mostró y que se está realizando en Emiratos Árabes y China y en un reporte no publicado en Chile, acerca de los efectos de la vacunación en menores con la vacuna Sinovac.
Sinopharm no ha publicado los resultados de la fase 3 de sus ensayos en niños y adolescentes y aunque haya mostrado ser aparentemente segura en sus otras fases, siendo responsables no podemos recomendarla, dice la ONG Médicos Unidos Venezuela.
Estos países al igual que los que han vacunado a su población pediátrica, con Pfizer y Moderna ya tienen más del 50% de la población adulta con inmunización completa.
Sobre la población vacunada en Venezuela
La organización tiene información de que en Venezuela solo el 21% de la población cuenta con el esquema completo de inmunización, mientras que el 60% de los mayores de 50 años han recibido una dosis. Estas cifras difieren con las aportadas por el gobierno de Maduro, en las cuales el 70% de los venezolanos está inmunizado.
Destacan que es cierto que todos deben ser vacunados, pero desde el principio de solidaridad la vacunación debe priorizarse. «Con 21% de la población con inmunización completa, disponer de vacunas restantes para la población pediátrica es injusto, poco moral y poco ético, y va en contra de toda premisa epidemiológica», detallaron.
Sostienen que las jornadas de vacunación deben ejecutarse en función del control de morbimortalidad (riesgo de contagiarse y desarrollar enfermedad severa y fallecer) y la transmisión, por lo que el hecho de que no sigan esos criterios le da protección a aquellos ciudadanos que tienen riesgos menores y no se le brinda inmunización a la población con mayor riesgo dejándolos «indefensos y vulnerables».
