El Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua anunció este lunes los resultados provisionales de las cuestionadas elecciones generales celebradas el domingo 7 de noviembre, en las que Daniel Ortega busca continuar en el poder por un cuarto mandato consecutivo.
De acuerdo al organismo oficial, la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, liderada por el Frente Nacional Sandinista, encabeza los resultados con más del 70 % de los votos.
“Lo que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, orquestaron hoy fue la pantomima de una elección que no fue libre ni justa, y ciertamente no fue democrática”, dijo el domingo el presidente Joe Biden a través de un comunicado difundido por la Casa Blanca citado por The Associated Press.
Por su parte, el gobierno de Costa Rica desconoció las elecciones por carecer “de condiciones y garantías democráticas”, dijo el presidente Carlos Alvarado en Twitter. “Hacemos un llamado al gobierno para que libere y restituya los derechos de los presos políticos, así como la comunidad a propiciar el diálogo para recuperar la democracia en Nicaragua”. En Costa Rica buscaron refugio la mayoría de los más de 100.000 nicaragüenses —entre ellos algunos opositores— que huyeron del país tras la represión a las protestas de 2018, según datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Primer informe
En un informe emitido a las 22:00 horas, el observatorio ciudadano Urnas Abiertas reveló que en las votaciones hubo un índice de abstención del 81,5 % y una participación ciudadana promedio de apenas el 18,5 % a nivel nacional. Olga Valle, miembro del grupo independiente, dijo que el proceso electoral estuvo “viciado de origen” debido, entre otros factores, a actos de coacción de activistas y funcionarios del gobierno contra los electores. Entre estos actos mencionó la presencia de paramilitares en torno a los centros de votación, y el control y amenazas de elementos partidarios contra trabajadores del Estado y estudiantes universitarios para presionarlos a votar por el Frente Sandinista.
Urnas Abiertas tomó los datos en base a muestras estadísticas y cartografía electoral, a partir de las visitas de 1.450 observadores a 563 centros de votación, quienes trabajaron de forma anónima debido al veto del gobierno a la observación independiente, explicó Ligia Gómez, miembro de la misma red ciudadana.
La policía detuvo en junio a siete aspirantes a la presidencia por cargos que básicamente equivalen a traición. El día de las elecciones seguían detenidos. Otras dos docenas de líderes opositores fueron detenidos antes de la votación. Los otros candidatos del domingo eran políticos poco conocidos de partidos menores considerados como afines al (FSLN).
Para las elecciones se habilitaron 13.000 puntos. Los comicios determinarán quién ostentará la presidencia durante los próximos cinco años, además de 90 de los 92 escaños del Congreso y la representación nicaragüense en el Parlamento Centroamericano. Más de 4,4 millones de nicaragüenses de 16 años en adelante podían sufragar.
En Managua y las principales ciudades, las calles lucían con poco tráfico desde temprano y numerosas viviendas y comercios cerrados, pese a que desde la noche del sábado la policía levantó la prohibición de venta de licor en bares, restaurantes y tiendas de conveniencia.
Sin observadores
El gobierno no invitó a observadores de la OEA, la Unión Europea y el Centro Carter, que cuestionaron la reelección de Ortega en 2011 y 2016, y en su lugar acreditó a 232 “acompañantes electorales”, en su mayoría enviados por gobiernos y partidos de izquierda. Entre ellos, Dmitry Novikov, representante de la Duma Estatal de Rusia, recorrió algunos centros de votación de Managua acompañado por sus colegas de Osetia y Abjasia del Sur. También lo hicieron miembros de una delegación de México, que elogiaron “la transparencia, orden y organización” de las votaciones, según reportó el canal 4 de televisión.
El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y sus aliados controlan el Congreso y las instituciones del gobierno. Ortega sirvió un primer mandato como presidente entre 1985 y 1990, antes de regresar al poder en 2007. Hace poco declaró “copresidenta” a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. Ese cargo no existe en la Constitución.
La víspera, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco se declaró en “estado de alerta” tras reportar la captura de al menos ocho de sus dirigentes “secuestrados —según dijo— por el régimen en redadas ilegales” durante la tarde y noche del sábado. La Alianza Cívica denunció a su vez casos de “hostigamiento, vigilancia, amenazas, intimidación, acoso, ataques, detenciones ilegales y arbitrarias” de algunos de sus dirigentes en diversas localidades del país.
Los observatorios ciudadanos Urnas Abiertas y Monitoreo Azul y Blanco —vinculados a la oposición— reportaron 21 arrestados en nueve provincias, de los cuales —aseguraron— cinco fueron liberados.
La Policía Nacional no había confirmado ni desmentido las denuncias opositoras. Después de ejercer su voto, tanto el director de la policía, Francisco Díaz, como el jefe del Ejército, general Julio Avilés, aseguraron que las votaciones se desarrollaban en “completa tranquilidad”.
El domingo por la tarde, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo en su cuenta de Twitter que recibió información sobre “allanamientos, detenciones arbitrarias, hostigamiento y restricciones a la prensa. Insta al Estado a cesar la represión contra líderes y lideresas de oposición, y defensoras y defensores”.
Ortega y su esposa sufragaron al mediodía en el capitalino reparto El Carmen, donde se ubica el supervigilado complejo que alberga su residencia y la secretaría del (FSLN). Posteriormente, Ortega dio un discurso ante activistas de la Juventud Sandinista, en el cual arremetió contra Estados Unidos y volvió a acusarlo de “fomentar y financiar” las protestas masivas de abril de 2018, que su gobierno calificó como “un fallido golpe de Estado”. Agregó que Estados Unidos “sigue conspirando porque no quería que se realizaran estas elecciones”.
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