La crisis venezolana, agravada por la pandemia del COVID-19, ha puesto en jaque los derechos humanos de las mujeres en Venezuela
La violencia contra las mujeres se acentúa más especialmente en aquellas que viven en los sectores más vulnerables
La mañana de este jueves, por primera vez, diversas organizaciones de la sociedad civil sostuvieron una audiencia pública virtual con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer el retroceso y las fallas del Estado venezolano en la garantía de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia.
Las organizaciones feministas Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), Caleidoscopio Humano, Centro de Justicia y Paz (Cepaz), 100% Estrógeno, Uquira, Fundamujer, Fundación Vida Jurídica, y la organización internacional Women’s Link Worldwide explicaron los temas que resumen el contexto actual de los derechos de las mujeres en medio de la Emergencia Humanitaria Compleja, la COVID-19, la violencia de género, los derechos sexuales y reproductivos y la crisis institucional en cuanto al acceso a la justicia.
Venus Fadul, directora de la ONG 100% Estrógeno, afirmó que en Venezuela las víctimas de la violencia de género rápidamente transforman en victimarias. «No hay garantías para ls mujeres que sufren de violencia».
La coordinadora de género de Cepaz, Carolina Godoy, indicó que la falta de datos oficiales en torno a los femicidios ocurridos del país y la eventual impunidad de este delito constituyen un grave fallo en materia de derechos humanos, pues desde el año 2016, el Estado venezolano no presenta datos oficiales de este delito.
«Desde el 1 enero hasta el 30 de septiembre en Venezuela han ocurrido 207 femicidios consumados y 41 en grado de frustración, lo que explica que ocurre una acción femicida cada 27 horas», dijo Godoy.
La presidenta de la Fundación Vida Jurídica, Diyuly Chourio, afirmó que las mujeres venezolanas se enfrentan a una grave desprotección e invisivilización al momento de solicitar medidas cautelares hacia las víctimas de violencia.
«La revictimización que sufren las mujeres es un desaliento para solicitar justicia. 7 de cada 10 mujeres no se atreven a denunciar por la no credibilidad de la justicia en Venezuela. Las más afectadas son aquellas que se encuentran en pobreza extrema», aseveró Courio.
Por su parte, Melanie Agrinsones, activista de Uquira, denunció que en Venezuela no hay ley para garantizar los derechos de las personas transgénero y que el Estado niega de manera sistemática los derechos de la población LGBTI+.
La activista indicó que el derecho a la identidad de las personas trans no existe, tampoco una legislación que proteja a las trabajadoras sexuales.
«El estado al no reconocer la diversidad y al no legislar políticas direccionadas a la comunidad trans, es responsable de la marginalización, discriminación, transfeminicidios y vulneración de los derechos», señaló.
Por otra parte, la directora de Avesa, Magdymar León, resaltó el tema de las muertes maternas en Venezuela. «Hay un problema muy grave de transparencia de datos en ese ámbito, hay datos dudosos y contrarios a los evidenciados por las organizaciones de la sociedad civil», dijo.
La Cidh se pronuncia
Flavia Piovesan, relatora para los Derechos Humanos de las personas LGBTI de la CIDH, manifestó su preocupación por la situación de las personas trans en Venezuela. «Me preocupa el tema del poder judicial y la perspectiva de género, y la composición del poder judicial y de su independencia de los demás poderes», aseguró.
Mientras que esmeralda Arosemena, relatora para los Derechos de la Niñez y para Venezuela, se mostró solidaria ante la angustia que tienen las mujeres al no conseguir respuestas del Estado por la crisis extrema que enfrenta el país.
Sobre la situación de los niños del Hospital J.M de Los Ríos, Arosemena indicó que espera respuestas por parte del Estado por la muerte de los adolescentes que estaban a la espera de trasplantes. «Tengo una gran preocupación de cómo la comunidad internacional puede levantar esta bandera y exigir respuestas» expresó.
La audiencia finalizó con una serie de peticiones orientadas al urgente fortalecimiento de todos los mecanismos internacionales para instar al Estado venezolano a garantizar el derecho de todas las mujeres, niñas y adolescentes en Venezuela a vivir una vida libre de violencia y discriminación.
