Qué esperan en Venezuela de la visita del fiscal jefe de la CPI

Organizaciones venezolanas ven con cautela la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, al país sudamericano como parte de un viaje oficial a la región y hacen un llamado a que las consideradas víctimas de crímenes de lesa humanidad sean escuchadas.

Este lunes, la CPI anunció una visita oficial de 10 días del fiscal Khan a la región, la primera desde que asumió su cargo este año y que lo llevará a Colombia y Venezuela. El viaje, indican, busca explorar vías de cooperación “en consonancia con el principio de complementariedad”.

Para Gonzalo Himiob Santomé, director vicepresidente de la ONG Foro Penal, esta invitación es una “maniobra del poder” para tratar de evidenciar que en el país se investigan las violaciones a los DD.HH., concretamente los crímenes que pueden ser competencia de la Corte.

“Se han producido algunas condenas (… ) pero no se ha producido las investigaciones, ni las condenas, ni los procesos contra quienes puedan haber estado involucrados en esos casos en los diferentes niveles de la cadena de mando”, indicó Himiob Santomé a la Voz de América.

Más allá de las autoridades, el abogado dijo que: “nos gustaría que se le diera voz a las víctimas” durante esta visita.

Himiob Santomé indicó que, de tener una oportunidad de conversar con el fiscal Khan, resaltarían la continuidad del “margen de impunidad”.

“En materia, por ejemplo, de las denuncias que se han formulado sobre torturas, sobre asesinatos, sobre detenciones arbitrarias, que son todos crímenes potencialmente competencia de la Corte, el nivel de impunidad es casi absoluto”, sentenció.

“Que se fije en los hechos”

Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, expone que en el caso de Colombia, ya han sido varias las visitas por parte de la CPI. Y en el caso de Venezuela, esta visita: “Implica ya un reconocimiento de que la fiscalía (de la Corte) tiene la potestad de venir a Venezuela y pedir información a las autoridades”.

Aún así, señala que se deben “manejar las expectativas” pues el fiscal Kahn “no viene con unas esposas a llevarse preso a nadie”.

“Que las fotografías que se tomen con las autoridades venezolanas no se tomen como una muestra de absolución ni de condena. Es parte de las relaciones que el fiscal tiene que tener con las autoridades del país”, insiste Daniels a la VOA.

De tener una oportunidad de sentarse con el fiscal de la CPI, desde Acceso a la Justicia, indica Daniels, le explicarían que: “estas últimas medidas que ha tomado el gobierno, de cambiar leyes y anunciar reformas, no son más que un maquillaje institucional que no cambia el fondo del asunto”.

En este sentido, el especialista asegura que el problema de la justicia en Venezuela es que: “no tenemos jueces ni imparciales ni independientes, sino funcionarios que cumplen órdenes”.

“Lo que le pedimos al fiscal es (…) con respecto al gobierno venezolano, que se fije en los hechos y no en las promesas”, pide Daniels.

Tanto Gonzalo Himiob como Daniels explican que todavía no tienen conocimiento de reuniones oficiales del fiscal Khan con organizaciones de la sociedad civil.

“Un poquito de paz”

David Vallenilla, padre de David José Vallenilla, un joven estudiante de 22 años que fue asesinado tras recibir un disparo a quemarropa durante las protestas antigubernamentales de 2017, no ha dejado de luchar por justicia.

El hecho fue transmitido en vivo por medios independientes que dieron cobertura a las manifestaciones y, aún así, fue hasta la semana pasada, cuando el sargento Arli Méndez Terán, acusado de asesinarlo, recibió una condena de 23 años de prisión.

Para Vallenilla, la justicia es “parcial” y “no plena”; al caso se le dio celeridad “de un momento a otro” y subraya que detrás del autor material, “hay responsabilidades que van más allá”.

“Este sargento actuó dentro de una base militar disparando hacia afuera, y este señor tiene que haber recibido ordenes superiores”, afirma a VOA.

Vallenilla sostienen que cuando hay intenciones “de hacer las cosas, se hacen” y lamenta que el Gobierno de Venezuela —afirma— utilice la memoria de su hijo para decir que en el país se “administra justicia”.

“Que tengamos palabra y voz”

El padre del joven espera que, durante su visita a Venezuela, el fiscal Khan le de oportunidad a las víctimas de expresarse y ser escuchados.

“Yo sentiría un dolor muy grande de que se le de la oportunidad al gobierno, que sabemos que va a maquillar todo como si en Venezuela no sucede nada; el fiscal escuche solamente el lado del gobierno, que sabemos cuál va a ser. Para nosotros sería importante ser escuchados directamente o a través de las organizaciones, que tengamos palabra y voz”, expuso.

“Es la única luz de esperanza que tenemos para que en Venezuela haya un poco de justicia y un poquito de paz en nuestros corazones. Abogaría por la oportunidad de que el señor fiscal de la CPI nos escuche, nos conozca y se lleve la impresión de unos venezolanos que hemos perdido tanto”, insistió.

El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, considerado por decenas de países como presidente interino, agradeció la visita del fiscal de la CPI al país. “Servirá para constatar las denuncias por crímenes de lesa humanidad, que han sido formuladas ante la instancia que él dirige”, apuntó en una publicación en su cuenta de Twitter.

Entre tanto, la Fiscalía venezolana, al mando de Tarek William Saab, con quien la exfiscal de la CPI Fatou Bensouda se reunió el año pasado, aseguró que la ocasión servirá para “evaluar de primera mano la buena marcha de nuestras instituciones y mantener un diálogo honesto y sin restricciones con sus representantes”.

“El Estado venezolano siempre ha estado abierto a la cooperación positiva con la CPI”, concluye un comunicado publicado este mismo lunes.

Venezuela tiene dos exámenes preliminares pendientes en la Corte. El primero comenzó en 2018 y se centra en presuntos crímenes cometidos desde al menos abril de 2017 en el contexto de manifestaciones antigubernamentales.

El otro fue referido por el propio gobierno venezolano en 2020 argumentando que se “cometen crímenes de lesa humanidad” como consecuencia de la aplicación “de medidas coercitivas ilícitas adoptadas unilateralmente”.

VOA.

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