El caso de la masacre de la comandancia de la Policía de Carabobo en Navas Espinola es el fiel ejemplo del retardo procesal en Venezuela: después de tres años y siete meses, este martes se celebró la audiencia preliminar y los acusados pasaron a juicio.
La abogada Lyli López, directora general nacional de la fundación Pro defensa de los DDHH, Libertad Justicia y Orden, y representante de las víctimas indirectas de los hechos ocurridos en la comandancia, donde murieron 67 presos y dos mujeres que estaban de visita, informó que este martes se realizó la audiencia preliminar en la que la jueza Melissa de Sousa, admitió la acusación completa promovida por el comité de víctimas: pruebas promovidas, testiminios, calificación de los delitos.
La jueza también admitió la acusación del Ministro Público. Mientras que la abogada López exhortó a la fiscalía a que se establezcan responsabilidades a la cadena de mando y todos los funcionarios que actuaron en los hechos, como quedó evidenciado luego de la declaración de uno de los imputados.
Por el caso, los funcionarios José Luis Rodríguez, José Antonio Carrera Loaiza, Aníbal Antonio Padrón, José Rafael Colina y Sergio Rodríguez Rodríguez seguirán privados de libertad y ahora pasarán a juicio donde el comité de víctimas espera lograr máxima condenatoria.
Actualmente, todos estarían presos en la estación policial La Isabelica; sin embargo, los familiares de las víctimas piden que sean trasladados al Complejo Penitenciario de Tocuyito.
En abril de 2018 se produjo un incendio en los calabozos de la Policía de Carabobo, el cual habría sido provocado, en donde murieron 67 presos y dos mujeres que se encontraban pernoctando en el sitio producto de la corrupción, recalcó López.
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