A la par de las elecciones regionales del 21N, delegados del chavismo y de la oposición ligada a Guaidó siguen negociando en México, pero para los analistas Ricardo Sucre y Luis Salamanca este proceso tardará de 3 a 5 años en dar un acuerdo integral.
El proceso que inició este 3 de septiembre reúne al chavismo que «quiere dinero» y «lavarse la cara» internacionalmente, subrayó el doctor en Ciencias Políticas y abogado Luis Salamanca en entrevista concedida a TalCual. A su juicio lo que se consiga en la mesa de negociación depende de lo que Maduro esté dispuesto a ceder. «Las exigencias de la oposición son máximas, cronograma de elecciones y unas presidenciales adelantadas. He propuesto personalmente que, como está muy lejos 2024 (año en que corresponde realizar elecciones presidenciales) y el gobierno no quiere dar elecciones anticipadas, el acuerdo gire en torno a un referendo revocatorio en condiciones de respeto a lo establecido en la Constitución sobre el derecho de los venezolanos a revocar un mandato, pero las elecciones adelantadas o el referendo revocatorio son opciones que a Nicolás Maduro no le interesan».
«El revocatorio –continúa Salamanca– significaría la salida de Maduro en 2022 y una elección democrática sobrevenida para elegir presidente de la república en 30 días. Así que Maduro no va a aceptar hacer un referendo en condiciones democráticas, torpedearía el proceso de convocatoria, y todos sabemos que el CNE no manda en esa materia, porque es una cúpula al mando de Maduro, por lo que si Maduro no está dispuesto a eso la oposición no estará dispuesta a que se levanten las sanciones», setenció.
Por su parte, el politólogo y psicólogo social Ricardo Sucre Heredia duda de que el acuerdo pueda llevar a un revocatorio en 2022, «porque al gobierno no le conviene», pero deja abierta la posibilidad de que esto pueda ocurrir porque el Ejecutivo puede considerar que las posibilidades de triunfo de la oposición disminuyen debido a la fragmentación de este sector político. «Lo que veo es la posibilidad de acordar una elección más equitativa hacia 2024», acotó.
Para Sucre es posible que en medio de la negociación «se dé un clima de menos angustia», sin levantamiento de sanciones y explicó «actualmente las sanciones están allí, pero hay gente invirtiendo. Se puede lograr cierta flexibilización en cosas que tengan impacto en la comunidad, pero un levantamiento total de las sanciones no lo creo, una economía en pleno funcionamiento no lo veo».
Recalcó que una solución para 2022 es poco probable: «Es un proceso que llevará cuatro o cinco años. Tienes que construir algo integral, como dice el memorando de entendimiento y, salvo que las partes se cansen, esta situación se puede mantener en el largo plazo. No sé si el país tenga la fuerza para resistir eso. Lo integral depende de la confianza en que nadie va a desertar del acuerdo».
Ambos coinciden en que el 21N no «normalizará» el juego político del país, «por lo que habrá que esperar a 2022 para conocer cuál será el punto hacia el que se enfoquen las negociaciones políticas».
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