El Gobierno de Chile anunció este miércoles que en los próximos días instalará varios albergues en el norte para asistir a los cientos de venezolanos que se encuentran varados tras cruzar la frontera por pasos ilegales en la que es la mayor crisis migratoria en la historia reciente del país.
“Tenemos que hacernos cargos de una realidad (…) han ingresado miles de personas, fundamentalmente ciudadanos venezolanos, aunque no es la única nacionalidad que ingresa, y para eso hemos definido un fortalecimiento de las medidas humanitarias”, indicó el ministro chileno de Interior, Rodrigo Delgado.
Delgado explicó que se instalarán albergues en las localidades fronterizas de Colchane y Huara donde se les entregarán artículos de primera necesidad, pero también en Iquique, la primera gran urbe que los migrantes encuentran a su llegada desde Bolivia.
También se construirán centros para niños en colaboración con Unicef y el Hogar de Cristo y se entregarán “vouchers” para que los migrantes puedan alojarse en hostales asociados a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
“Estimamos la atención de 3.600 niños, niñas y adolescentes y 5.400 adultos en los próximos 12 meses”, afirmó por su parte la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar.
El paso fronterizo entre la pequeña localidad chilena de Colchane y Bolivia, una zona andina a más de 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar con temperaturas extrema y donde ya han muerto al menos doce personas en lo que va de año, se ha convertido en los últimos meses en ruta habitual para que extranjeros lleguen a Chile de manera irregular.
Ni la pandemia ni la crisis social que se extendió durante más de un año en 2019 han alejado el deseo de migrar a Chile, uno de los países más atractivos dentro de América Latina por su estabilidad política y económica.
Tras un pico de entradas el pasado febrero, la crisis se ha agudizado en los últimos días con cientos de extranjeros vagando por distintas localidades.
El sábado, además, casi 5.000 personas se congregaron en Iquique con gritos xenófobos y quemaron carpas, ropa y carritos de bebé de los migrantes, entre otros objetos, unos hechos que han conmocionado al país y despertaron encendidas críticas del relator de la ONU y Amnistía Internacional.
Según datos oficiales, entre enero y julio de este año se registraron más de 23.600 denuncias por ingreso al país por pasos no habilitados, lo que supone un 40 % más que en todo 2020.
“En los últimos 15 días los ingresos clandestinos en esa zona, con las medidas que hemos tomado, han ido a la baja progresivamente, y estamos monitoreando en tiempo real esos números”, dijo Delgado, quien también anunció un reforzamiento de la seguridad y la vigilancia en la zona con más efectivos policiales y satélites.
Con el objetivo de frenar la entrada ilegal, el presidente chileno, el conservador Sebastián Piñera, promulgó en abril una nueva ley de migración más estricta que obliga a los extranjeros a obtener visados en sus países de origen y permite las deportaciones.
Desde entonces han sido expulsados al menos en cinco vuelos chárter más de medio millar de personas de distintas nacionalidades.
En Chile hay 1,4 millones de migrantes, lo que equivale a más del 7 % de la población, y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.
EFE
