Como “una burla al país” calificó Richard Casanova, miembro del Comité Político Nacional de Primero Justicia, las declaraciones ofrecidas este fin de semana por la vicepresidente Delcy Rodríguez, según las cuales el deterioro de los servicios públicos en Venezuela es producto de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países.
“La señora Delcy Rodríguez miente descaradamente cuando afirma que es por culpa de la sanciones que no han podido comprar turbinas, bombas de agua, otros equipos y repuestos para garantizar el suministro de agua y electricidad a los venezolanos; cuando todos sabemos que la ineficiencia, el despilfarro y la obscena corrupción son las únicas causas de este desmadre de los servicios públicos y el deterioro brutal de la calidad de vida de la población”, dijo el también dirigente nacional del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV).
La funcionaria aseguró durante un recorrido por Petare – municipio Sucre del estado Miranda –, que empresas de Europa y Estados Unidos se niegan a suministrar piezas para el mecanismo eléctrico del sistema de bombeo de agua por las sanciones de la OFAC; a lo cual Casanova recordó que el deterioro de todos los servicios públicos en el país data de cuando Hugo Chávez estaba en la presidencia de la República.
A su parecer, no es nada nuevo que los burócratas del PSUV digan que la tragedia que sufre el pueblo venezolano “es culpa del imperio, la oligarquía, la derecha y hasta de una malévola iguana”. “Tienen más de 20 años repitiendo esa perorata ridícula y ahora agregan a las ‘sanciones’ como causa de su monumental fracaso en la gestión de los servicios públicos”.
Lo que está a la vista no necesita anteojos
Casanova agrega que lo que está a la vista no necesita anteojos, pues en 2010 ya era evidente el irresponsable manejo del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). “En medio de permanentes cortes y un racionamiento nunca visto, denuncié con pruebas en la mano, al entonces Ministro de Energía Eléctrica, Ángel Rodríguez, por robarse la luz de un poste para su residencia”.
Para la fecha, no existían sanciones económicas contra el gobierno y sus burócratas. Desde 2010, el gremio que agrupa a los ingenieros, arquitectos, urbanistas y afines, ha denunciado la desinversión, la falta de mantenimiento, la pésima gerencia y la voraz corrupción, alertando además sobre graves consecuencias en la prestación de todos los servicios públicos: suministro eléctrico, acueducto, telecomunicaciones y gas doméstico.
Prueba de que Delcy Rodríguez miente, asegura Casanova, es que los cortes de electricidad comenzaron en 2010 y el racionamiento de agua se oficializó a partir de 2014. La consecuencia de años de abandono, corrupción y negligencia fue el megaapagón del 7 de marzo de 2019, que afectó a 21 de las 23 entidades federales del país y del cual no se pudo recuperar el SEN.
Ya en 2018, recordó el dirigente de PJ, se reportaron 46.566 fallas eléctricas en todo el país, 28.345 más que en 2017. “Estamos hablando de que se contabilizó un alarmante número de fallas totales, parciales, bajones y apagones, cuando todavía las sanciones no aparecían en el repertorio de canciones excusas del gobierno”.
En el caso del agua las causas son las mismas. Entre 2010 y 2015 se invirtieron 535.000 millones de dólares para producir agua potable en el mundo, pero en Venezuela se produjo una desinversión y abandono de los embalses, plantas de potabilización, estaciones de bombeo y todo el sistema de acueductos. “El resultado es una situación dramática que tiene a muchas comunidades durante semanas sin una gota de agua, incluso en la capital de la República”, concluyó.
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