Cuba tipifica delitos como la “subversión social” y la difusión de noticias falsas en internet, así como el ciberterrorismo, en su primer reglamento de ciberseguridad publicado este martes, una medida que desencadenó el rechazo de tuiteros que piden el “derecho a disentir” tras las inéditas manifestaciones de julio.
“Por primera vez el país contará con una norma jurídica donde se asocian incidentes de ciberseguridad y tipificaciones que superan los límites de lo tecnológico”, señaló el director de Ciberseguridad del Ministerio de Comunicaciones (MINCOM), Pablo Domínguez, citado por el portal oficial de noticias Cubadebate.
El nuevo marco legal, el primero de su tipo que aprueba el gobierno cubano en materia de telecomunicaciones, entró en vigor este martes con la publicación en la Gaceta Oficial de tres decretos ley del Consejo de Ministros e igual número de resoluciones del MINCOM.
Sale a la luz un mes después de las históricas protestas que sacudieron al país el 11 y 12 de julio, con un saldo de un muerto, decenas de heridos y cientos de detenidos.
De “obligatorio cumplimiento para personas naturales y jurídicas”, el reglamento establece 17 “incidentes (delitos) de ciberseguridad”, que van de niveles de “peligrosidad” de “medio” a “muy alto”.
Entre ellos, destaca la “subversión social” para “alterar el orden público” y “promover la indisciplina social”, el ciberterrorismo y la ciberguerra.
También figuran, entre otros, la “divulgación de noticias falsas, mensajes ofensivos, difamación con impacto en el prestigio del país”, el ciberacoso, el engaño pederasta, el servicio de TIC (Tecnologías de la Información y las comunicaciones) ilegal y el robo de información.
– “#NoAlDecretoLey35” –
Las reacciones a este reglamento empezaron a aparecer casi de manera inmediata en Twitter. “Tenemos derecho a disentir y a expresarlo”, dijo en un tuit @SailydeAmarillo, una emprendedora cubana.
También la periodista independiente Luz Escobar tuiteó “#NoAlDecretoLey35 #SOSCuba”, un hashtag que se reproducía rápidamente en la red social.
“Cuba es una dictadura y criminaliza la libertad de expresión”, dijo de su lado en su cuenta de Twitter Karly, una joven cubana residente en Costa Rica.
El director de Human Rights Watch en América, José Miguel Vivanco, expresó en Twitter que el “régimen cubano restringe aún más” la red al publicar “normas que permiten interrumpir el internet cuando se publique información que el gobierno considere ‘falsa’”.
Añadió que Cuba trata “la divulgación de noticias que dañen el ‘prestigio del país’ como casos de ciberseguridad”.
El internet móvil, que llegó a Cuba apenas en 2018, se ha convertido en el gran aliado de colectivos y organizaciones ciudadanas para expresar sus demandas y fue vital el 11 de julio cuando las manifestaciones se reprodujeron de manera masiva en las redes en toda la isla.
Asimismo, el reglamento entra en vigor en momentos en que Cuba acusó el pasado jueves de “agresión” al Senado de Estados Unidos por habilitar a la administración de Joe Biden a brindar acceso a internet a los cubanos, para sortear un eventual apagón digital del gobierno.
Durante el estallido, el gobierno cortó por cinco días aplicaciones y servicios de conexión que fueron vitales en esa movilización. Biden anunció entonces que su gobierno estudiaba cómo podía restaurar la conectividad.
En correspondencia, el Senado estadounidense aprobó el pasado martes una enmienda que crearía un fondo destinado a desarrollar y desplegar la tecnología ya existente con el objetivo de proveer de internet a los cubanos.
En esa misma línea, los departamentos del Tesoro y el Comercio de Estados Unidos emitieron un día después una hoja informativa que detalla los pasos para las concesiones de licencias para los servicios de internet y telecomunicaciones relacionados con Cuba.
EFE.