El comportamiento de la producción y del consumo de alimentos el primer semestre de este año estuvo marcado por un deterioro progresivo, signado por el desabastecimiento de combustibles, la falta de financiamiento, la inseguridad jurídica, la inseguridad personal y la inexistente planificación por parte de los organismos que usurpa el régimen.
El desabastecimiento de combustibles, que mantiene paralizada más del 80% de la maquinaria y el transporte del sector y el casi inexistente financiamiento que afecta a los sectores de la producción primaria y de las Pymis del sector agroalimentario, han pasado de ser una situación coyuntural, a un problema estructural debido al fracaso de la política macroeconómica y de la mala operatividad de la producción petrolera por parte del régimen.
La inseguridad jurídica ha aumentado de forma dramática por la inexistencia de los poderes públicos, esta se manifiesta ahora aún más, por el empoderamiento con fines delincuenciales de subalternos civiles y militares, para el cobro de “tributos municipales e impuestos estatales” a los productores por la movilización de ganado y de la cosecha, además del cobro de coimas en las alcabalas donde tienen que dejar dinero en efectivo y parte de los alimentos o materia prima que transportan. Las invasiones y el saqueo de unidades de producción, se han intensificado por el año electoral decretado por el régimen, estos delitos se cometen en su mayoría amparados por instituciones como el INTI y por personal civil y militar del régimen.
A la inseguridad jurídica ya conocida, amparada por las leyes aprobadas por el régimen, se le suman ahora, como espada de Damocles, la pretensión de imponernos un estado comunal en abierta violación del Artículo 4 de nuestra constitución nacional, la cual, sin duda, aumentará el centralismo en detrimento de la ruralidad. Mientras el régimen llama a dialogar en Caracas a la dirigencia empresarial, en el interior del país arrecian las invasiones de unidades de producción agropecuarias promovidas por ellos. Además, pretenden imponernos una ley de pesca con un contenido más cargado del tema ideológico arcaico y comunistoide, que supera con creces el centralismo y las prácticas totalitarias de la ley vigente, la cual acabó con la producción pesquera
y el desarrollo de la acuicultura de nuestro país.
La inseguridad personal y de los bienes de los productores, se ha intensificado en este semestre con el incremento del abigeato, secuestros, el hurto y el desmantelamiento de maquinarias, embarcaciones y de la infraestructura productiva. También ha crecido el secuestro y el asesinato de horticultores y transportistas que se aventuran a llevar frutas y hortalizas a los mercados de las poblaciones urbanas de nuestro país.
La falta de financiamiento y de acompañamiento está afectando la actividad productiva de la agricultura familiar. Alrededor de 130 mil familias campesinas dedicadas a la agricultura familiar están en la ruina, condenadas a esta situación por el abandono del régimen a las políticas de financiamiento y de acompañamiento técnico a este sector. La atención por parte de los organismos que usurpa el régimen, son únicamente dirigidos a un sector afín a su tendencia política, o a quienes simulan serlo, y solo se manifiestan mediante la repartición de semillas, fertilizantes y agroquímicos, sin ningún criterio técnico ni acompañamiento.
Este régimen que dice ser socialista, ha disminuido la producción primaria de alimentos nacional a menos del 20%. Ha profundizado la brecha entre empresas ricas y emprendimientos pobres.
Producir alimentos se ha convertido en una prueba de supervivencia donde solo están quedando los productores que pueden pagar el alto costo de los insumos y de los combustibles “bachaqueados”, los productores con capacidad para autofinanciarse o los que pertenecen al selecto grupo de beneficiarios de créditos bancarios. También ha creado una brecha gigantesca entre importadores privilegiados, que no pagan aranceles y productores nacionales que pagan todos los impuestos para poder producir en nuestro país, además de soportar sobre el costo de producción la inflación más alta del mundo.
Este régimen que dice defender a los pobres, ha condenado a la ruina a más de130 mil familias de productores y a cientos de granjas avícolas y porcinas, que no tienen financiamiento ni pueden pagar los altos costos que significan la compra de combustibles, de insumos, de materia prima y la reparación de su obsoleto parque de maquinarias. También reciben su dosis de socialismo, el 90% de los aproximadamente 50 mil agro técnicos de nuestro país, los cuales están desempleados junto con el 70% de los trabajadores rurales que en su mayoría han tenido que emigrar. La sufrida población rural, también forma parte del 96% del total de nuestra población que viven en situación de inseguridad alimentaria.
Del 70% del parque agroindustrial, que son medianas y pequeñas empresas, solo está operando el 20%, aumentando así el desempleo en estas empresas que generan la mayor capacidad de puestos de trabajo del sector. En la agroindustria también existe la brecha entre las empresas que han podido sobrevivir y las que han tenido que cerrar, como ha sucedido con las azucareras, las despulpadoras de frutas y las torrefactoras de café, entre otras.
En resumen, el régimen ha incidido de forma negativa en todas las actividades de los integrantes de los circuitos agroalimentarios, impactando terriblemente sobre la oferta de alimentos y sobre la capacidad adquisitiva del consumo familiar.
Q’ Pasa en Venezuela
