El objetivo central de la tiranía es instalar un estado vertical neocorporativo denominado Estado comunal; los espacios democráticos regionales son contrarios a sus planes dictatoriales
La elección de alcaldes y gobernadores se originó en 1989, con la reforma de la Constitución de la república de Venezuela de 1961. A partir de la interpretación del artículo 137 de la anterior carta magna se desarrolló el proceso de descentralización y transferencias de competencias a los municipios, y conjuntamente la elección de gobernadores y alcaldes desde 1989-1990. Esta experiencia significó una bocanada de aire fresco al cuestionado Estado puntofijista, al cual la población exigía cambios significativos para oxigenar la democracia.
Centralismo inconstitucional
La riqueza de esta experiencia descentralizadora generada en la última década del siglo XX, al renovar y promover un nuevo liderazgo político nacional, regional y local, le determinó un espacio importante en la actual CRBV, vigente desde 1999. Sin embargo, la gestión ejecutiva nacional, desde su inicio y a lo largo del siglo XXI, ha estado signada por un centralismo exacerbado, contrario a lo estipulado en el texto constitucional.
El descomunal ataque contra la descentralización convirtió a alcaldías y gobernaciones en una suerte de comensales pedigüeños de segunda mesa, a las cuales no se les otorga el 20 % del situado constitucional asignado a cada ente territorial; este presupuesto sería distribuido luego a los municipios de cada estado. Esto implica presupuestos exiguos para atender las condiciones de vida de la población devenidas en condiciones de miseria absoluta. El atropello a las regiones ha sido promovido mediante la aprobación de leyes inconstitucionales que rebajaron arbitrariamente el situado regional y municipal.
El desprecio del chavomadurismo a alcaldías y gobernaciones ha sido una conducta permanente. Se inició desde 2006, creando organismos paralelos como los consejos comunales. Desconoció luego las juntas parroquiales; posteriormente designó funcionarios arbitrariamente denominados “protectores”, cuando resultaban electos alcaldes o gobernadores de la oposición. Y preparando actualmente su intervención definitiva con las leyes de Comunas y Parlamento Comunal.
El objetivo central de la tiranía es instalar un estado vertical neocorporativo denominado Estado Comunal, en cuya estructura los espacios democráticos regionales son contrarios a sus planes dictatoriales.
¿Que pretende hoy el régimen dictatorial con estas elecciones regionales?
Justificar mecanismos de distribución del presupuesto nacional a su clientela electoral, ofreciendo 335 alcaldías y 24 gobernaciones mediante una falsa consulta electoral donde los candidatos de la dictadura son los facultados a conquistarlas. Con ello persigue como premio los situados municipales y regionales, que constituyen para cada gobernador y alcalde la factibilidad de enriquecerse “legalmente”, ante una población que sufre la ruina de los servicios públicos: agua, electricidad, gas, telefonía, internet, transporte, salud, educación, alimentación y la inseguridad personal, entre innumerables calamidades
A fin de concretar su malévola intención, envilece el proceso electoral, lo desprestigia descaradamente ante el electorado, generando un clima de baja participación al continuar con la represión política y violación de DD. HH. Exigiendo al mismo tiempo el fin de las sanciones.
La tiranía juega en varios tableros sin escrúpulo alguno, orientados a bloquear toda salida electoral transparente y mantenerse eternamente en el poder.
El contexto de represión lo expanden igualmente a lo interno del PSUV. Imponen el pensamiento único, incluso la genuflexión de voceros connotados quienes no vacilan en acatar la línea de la Dirección Nacional de ese partido calificándola como “la voz del pueblo”. Lo que trasluce su visión del país, es decir aplican su dictadura hasta en su propio partido.
La salida de la crisis venezolana debe darse en un contexto de elecciones generales, con un sistema electoral transparente, con la libertad absoluta de los presos políticos, la libertad de prensa y la legalización de todos los partidos políticos. Esas exigencias ante una dictadura contravienen sus soterradas intenciones, que hoy están fiscalizadas por la Corte Penal Internacional ante la gravedad en las violaciones de derechos humanos.
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