Amnistía Internacional envió una carta al canciller argentino, Felipe Solá, en la que le pidió que el Gobierno se posicione “de manera clara y contundente” en contra de las “graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional” que la organización asegura se cometen en Venezuela.
“Es indispensable que el Estado argentino siga demostrando un claro compromiso con la verdad, justicia y reparación de las víctimas de violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos”, señala la misiva, difundida este viernes a la prensa y firmada por la directora ejecutiva de AI Argentina, Mariela Belski, y la directora para las Américas, Érika Guevara Rosas.
Apoyar la demanda presentada en la CPI
La carta fue enviada como respuesta a otra que remitió Solá a AI en junio, en la que daba detalles sobre la decisión del Gobierno de retirarse de la demanda que varios países habían presentado en 2018 ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Esa decisión ya había llevado a AI a enviar una carta a la Cancillería, el 28 de mayo, para expresar su “preocupación” por lo sucedido.
“Le exhortamos a que apoye públicamente la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la cual, como es de su conocimiento, consiste hoy en una de únicas esperanzas de verdad, justicia y reparación para el pueblo venezolano.”, señalan Belski y Guevara Rosas en su último escrito.
En el texto, Amnistía Internacional reitera su llamada a la activación de la jurisdicción universal por parte de aquellos Estados preocupados por la situación en el país caribeño.
“Queremos instarle en nombre de Amnistía Internacional, a que el gobierno que Ud. representa en la esfera internacional, se posicione de manera clara y contundente en contra de las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional que se han cometido y se siguen cometiendo a diario en Venezuela”, señala la carta.
Con todo, AI reconoce el “compromiso” del Gobierno argentino a la tarea de la CPI y la “disponibilidad para colaborar en el desarrollo de exámenes e investigaciones”, pero lo exhorta a apoyar públicamente la labor de la Fiscalía y considere iniciar investigaciones en el país en base al principio de jurisdicción universidad.
Salida del Grupo de Lima
El Ejecutivo de Alberto Fernández decidió hace tres meses desvincularse de la presentación que en 2018, los Gobiernos de Canadá, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Argentina, entonces presidida por el conservador Mauricio Macri (2015-2019), hicieron ante la Fiscalía de la CPI, con sede en La Haya.
Todos esos países integraban con otros seis más el Grupo de Lima, del que Argentina, ya con el peronista Fernández como presidente, decidió salir en marzo al considerar que las acciones que el grupo impulsaba en el plano internacional, “buscando aislar al Gobierno de Venezuela y a sus representantes, no han conducido a nada”.
Según explicaron fuentes de la Cancillería en mayo pasado, la decisión de retirar el apoyo a la demanda presentada en la Fiscalía de la CPI es consecuencia de retirarse del Grupo de Lima, que desconoce a Nicolás Maduro —a quien Fernández sí reconoce como presidente venezolano— y busca salidas para la crisis que vive el país caribeño.
“Nos bajamos de una denuncia que habíamos hecho como Grupo de Lima, porque ya no pertenecemos a él”, dijeron las fuentes, que no obstante remarcaron que, independientemente de que Argentina desista de apoyar la demanda, la investigación de la Fiscalía de la CPI seguirá su curso.
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