Imagen de archivo de Daniel Ortega. EFE/Jorge Torres/Archivo
El periodista Miguel Mora, aspirante de la oposición a la presidencia de Nicaragua, fue detenido la noche del domingo, según la Policía, dentro de una investigación sobre supuestos delitos contra “la independencia y la soberanía”.
Mientras tanto, el canal de televisión digital 100% Noticias, que Mora dirigió hasta 2020, informó que agentes policiales allanaron la vivienda del comunicador y de su esposa, la también periodista Verónica Chávez, situada en un sector al sureste de Managua, la capital.
Es la segunda vez que el periodista es detenido por la Policía. La primera fue el 21 de diciembre de 2018, cuando fuerzas gubernamentales allanaron la televisora y arrestaron a Mora y a la jefa de prensa, Lucía Pineda Ubau. Ambos pasaron casi seis meses en prisión, acusados de “incitar al odio”.
Mora es el quinto opositor aspirante a la presidencia detenido en Nicaragua desde el pasado 2 de junio, cuando la Policía arrestó a la periodista Cristiana Chamorro, que permanece bajo arresto domiciliario. Los otros tres son el exdiplomático Arturo Cruz, el politólogo Félix Maradiaga y el economista Juan Sebastián Chamorro.
Por otra pare, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la OEA, urgió el viernes al régimen de Ortega a cesar “de inmediato” la represión de opositores y liberar a los detenidos, tras constatar una “grave” escalada contra dirigentes políticos y sociales.
“La Comisión insta al Estado nicaragüense a poner fin inmediato a la persecución y las detenciones arbitrarias, y liberar de inmediato a todas las personas que se encuentran detenidas”, dijo esta entidad de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en un comunicado.
Ortega, en el poder desde 2007, enfrenta desde abril de 2018 una crisis política detonada por protestas masivas pidiendo su salida. Estas manifestaciones dejaron 328 muertos, 2.000 heridos, 1.600 detenidos y más de 103.000 exiliados, según el MESENI, el grupo especial de la CIDH para seguimiento de la situación en Nicaragua.
“Desde el inicio de la crisis en 2018, la situación de derechos humanos en el país ha seguido deteriorándose, en un contexto de impunidad generalizada y el prolongado quebrantamiento del Estado de Derecho”, subrayó la CIDH.
En las últimas semanas, a la más de un centenar de personas que permanecían privadas de la libertad por motivos políticos se sumaron 16 detenciones de precandidatos presidenciales, activistas sociales, empresarios y ex guerrilleros de la revolución sandinista que derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979, y de la cual Ortega fue uno de sus líderes.
La seguidilla de arrestos en Nicaragua comenzó el 2 de junio con la detención de la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), a quien acusan de lavado de activos.
También están detenidos el ex diplomático Arturo Cruz, el politólogo Félix Maradiaga y el economista Juan Sebastián Chamorro, primo de Cristiana. Todos son posibles adversarios de Ortega, quien se estima buscará un cuarto mandato consecutivo en los comicios previstos para el 7 de noviembre.
La CIDH recordó que salvo Cristiana Chamorro, todos fueron arrestados en virtud de la “Ley No. 1055 de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz”, una cuestionada iniciativa que castiga con cárcel a las personas que supuestamente promueven la intervención extranjera.
La Comisión también denunció un “empleo desproporcionado de la fuerza” por parte de la policía en el momento de las detenciones, y dijo que muchos familiares de los detenidos no tienen información sobre los sitios de reclusión. Además, señaló falta de garantías legales para ellos.
En particular, expresó su preocupación por el estado de salud de José Pallais, ex viceministro de Exteriores durante el gobierno de Violeta Chamorro, detenido el 9 de junio. Este opositor a Ortega “habría sufrido una descompensación y se encontraría en estado delicado”, dijo.
Según la CIDH a la fecha, más de 124 personas permanecen privadas de libertad de manera arbitraria en Nicaragua.
Con información de AP y AFP
