Atardecer en un pozo petrolero eb St. Lawrence, Texas REUTERS/ Jessica Rinaldi
Un juez federal ha bloqueado la pausa del presidente Joe Biden sobre el arrendamiento de petróleo y gas, en un posible golpe a los esfuerzos de la administración para realizar una revisión exhaustiva antes de vender más derechos de perforación en tierras federales y aguas marinas.
Por Argus Media | Traducción libre del inglés por lapatilla.com
El juez de la corte de distrito de EE. UU. Terry Doughty firmó ayer una orden judicial preliminar que tiene como objetivo prohibir al Departamento del Interior de EE. UU. implementar la pausa de arrendamiento de petróleo y gas, que Biden solicitó a través de una orden ejecutiva firmada el 27 de enero. Doughty estuvo de acuerdo con un grupo de estados liderados por republicanos que entablaron una demanda argumentando que la administración fue demasiado lejos con su pausa unilateral sobre el arrendamiento.
“Las agencias podrían cancelar o suspender una venta de arrendamiento debido a problemas con ese arrendamiento específico, pero no en cuanto a tierras elegibles sin otra razón que hacer una revisión completa”, escribió Doughty en una opinión de 44 páginas. “Aunque ciertamente no hay nada de malo en realizar una revisión integral, existe el problema de ignorar las leyes del Congreso mientras se completa la revisión”.
No está claro qué tan pronto la orden judicial podría llevar a que se reinicien las ventas de arrendamiento de petróleo y gas. La administración de Biden necesitaría tomar varios pasos para programar y mantener las ventas de arrendamientos, revisar las ofertas y luego otorgar los arrendamientos. El Departamento del Interior dijo que estaba revisando la decisión y que continuaría trabajando en un informe provisional sobre el arrendamiento de energía convencional que describirá los próximos pasos y brindará recomendaciones al Congreso de los Estados Unidos.
“Estamos revisando la opinión del juez y cumpliremos con la decisión”, dijo el Departamento del Interior.
Louisiana, Alaska, Texas, Utah y Oklahoma se encuentran entre los estados que presentaron la demanda y solicitaron una orden judicial preliminar, que entra en vigencia de inmediato y permanece vigente mientras avanza el litigio.
Doughty, quien fue nombrado en 2018 por el ex presidente Donald Trump, dijo que es probable que esos estados prevalezcan en sus argumentos de que la administración Biden no tenía autoridad para pausar las ventas de arrendamientos, probablemente violó los requisitos de procedimiento cuando pausó el arrendamiento sin aceptar comentarios públicos, y ventas de arrendamiento programadas irrazonablemente retrasadas.