El Ministerio Público (MP) venezolano entregó el miércoles a la Corte Penal Internacional (CPI) un informe ampliatorio sobre la “incidencia y utilización de las redes sociales” en el caso sobre presuntas violaciones a derechos humanos en Venezuela que está en examen preliminar.
Dicho informe concluye que las redes sociales y los medios de comunlcación “son una parte activa en la manipulación de la información”, refiere una nota de prensa del MP divulgada este jueves y firmada por el fiscal general Tarek William Saab.
Para avalarlo, el informe señala “ejemplos y casos reales” de “cómo algunos medios de comunicación y sobre todo las redes sociales dan a la información referente al caso un determinado sesgo político”, apunta la Fiscalía.
Además, se afirma que la red social Twitter es utilizada para “manipular hechos concretos y dotarlos de una calificación jurídica mayor, más grave e incluso irreal, e invisibllizar los trabajos que las Autoridades de Venezuela están realizando para el esclarecimiento de estos hechos”.
“Influir en la propia decisión a futuro de la CPI”
“Twitter se está utilizando, por un lado, a través de avatares de personalidades con cierta reputación y presunción de veracidad y credibilidad, para transmitir la idea ya preestablecida de que en Venezuela se están cometiendo crímenes de Lesa Humanidad, incluso para influir en la propia decisión a futuro de la CPI”, añade Saab.
En función de esto, denuncia que se está implementando una dinámica de “creación de hashtags de forma intencionada”, combinada con un “patrón de comportamiento establecido por una red de influencers“, con el objetivo —según la Fiscalía venezolana— de apoyar determinadas corrientes de opinión que influyan en la predeterminación de delitos y en la tipificación de los mismos como crímenes de lesa humanidad, algo que “es completamente falso y carente de argumentos”, asegura el fiscal general.
Por último, considera “indispensable” que la Fiscalía de la CPI informe sobre su posición con relación a la información suministrada por Venezuela y que “establezca la ya solicitada hoja de trabajo conjunto para sacar el máximo partido a la firme voluntad de colaboración que el Estado venezolano tiene desde que fue requerido por la Fiscalía el pasado 2 de octubre de 2020″, puntualiza.
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