Un aproximado de 26 personas desaparecieron al sur del estado Bolívar durante 2021 según la última actualización del monitoreo de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu).
La mayoría de estas personas desaparecieron en las minas del municipio Sifontes (10). Las demás, en El Callao (4), Sucre (3), Cedeño (2), Angostura del Orinoco (1) y Gran Sabana (2).
La cifra es apenas el subregistro de un patrón de desapariciones forzadas que ocurre con mayor frecuencia desde que, en 2016, Nicolás Maduro puso en marcha la Zona de Desarrollo Estratégico del Arco Minero del Orinoco (AMO) como salvavidas ante la caída en picada de la industria petrolera.
El AMO es un proyecto extractivista que procura la explotación de minerales en un área de 111.843,70 kilómetros cuadrados y que supone el 12,2% del territorio nacional. Desde que inició el proyecto, se instalaron en la región numerosas plantas procesadoras de oro y empresas mixtas, y con estas, también arribaron los grupos armados irregulares.
La producción prospera porque se alimenta de la minería ilegal, controlada por bandas armadas y grupos guerrilleros extranjeros que mantienen el dominio a base de enfrentamientos, castigos ejemplarizantes, y redes de explotación laboral y sexual.
Mientras los grupos armados se disputan el control de las minas, al territorio llegan a diario mineros, comerciantes informales, indígenas y demás personas que, pese a la violencia, se desplazan desde otros estados del país u otros municipios de Bolívar en búsqueda de sustento para sobrellevar la crisis económica que derivó en el deterioro de las condiciones de vida de la población en el país.
El Estado venezolano poco investiga y sanciona el patrón violento. Apenas 27% de las personas que desaparecieron en 2021 han aparecido, ninguna por el accionar del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) sino por iniciativas de búsqueda independiente que emprenden familiares ante la desconfianza o falta de apoyo del Estado.
Este porcentaje de personas que aparecieron, reportaron a sus familiares que estuvieron tiempo sin comunicarse porque empleadores dentro de las minas les quitaban los teléfonos, porque el sindicato de turno les prohibió la comunicación o por falta de señal telefónica.
76% de las personas reportadas como desaparecidas no han vuelto a sus hogares. Cinco de estas provienen de los estados Apure, Mérida y Lara.
Desde otros estados la búsqueda es más cuesta arriba porque el Estado no cuenta con protocolo de búsqueda y, por lo tanto, familiares deben trasladarse hasta el estado Bolívar para emitir la denuncia. Muchos no cuentan con recursos para tal traslado.
“No la busques más”
“No la busques más”, fue el mensaje que recibió Martha González a través del Facebook de su hija, Carla Arellano, de 21 años. La muchacha está desaparecida desde septiembre de 2020 en el kilómetro 88, municipio Sifontes.
La última vez que González se comunicó con su hija fue en octubre de 2020, cuando Carla le dijo que, junto a su bebé de seis meses, regresaría a casa porque se había separado de su pareja. “Mamá ya me voy para allá, para que estés pendiente porque yo me llevo todas mis cosas”, le prometió. Pero desde entonces no volvió a llamar ni a escribirle.
Alarmada, en marzo de 2021 González se trasladó hasta el kilómetro 88 con la esperanza de que alguien le diera razón de su hija, pero “fue como si la tierra se la hubiera tragado”. Al llegar, logró ubicar a la expareja de Carla, pero el hombre le dijo que de ella no sabía nada y que había dejado a su hijo con él.
“’Carla se fue con otro hombre hace cinco meses, anda de mina en mina y no sabemos nada de ella’, fue lo que me dijo. Pero mi hija no es de hacer esas cosas. Yo tengo miedo de que me la pongan a hacer cosas malas, porque solo de eso se escucha por allá por esas minas”, dice González.
Su preocupación está bien fundamentada: El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) Guayana reportó que solo en El Callao más de tres mil mujeres, niñas y adolescentes son sometidas a la explotación sexual, laboral y otras formas de esclavitud moderna. La situación se repite en mayor o menor medida, en otros municipios mineros.
González intentó poner la denuncia ante el CICPC pero dos cosas la detienen a pesar de que la atormenta el hecho de no tener una sola pista del paradero de su hija: El miedo y la desconfianza tanto en el Estado como en los grupos delincuenciales que tienen el control de la zona.
“No sé, yo no confío mucho en el Gobierno, yo no sé a dónde acudir. Tengo miedo porque justo otra señora que tampoco encontraba a su hija fue e involucró a la policía, y a ella casi la matan, se metió en problemas con el sindicato”, dijo.
Como la mayoría de los familiares de personas desaparecidas en los violentos territorios mineros de Bolívar, González decidió avanzar con la búsqueda de su hija por cuenta propia, pero no tiene suficiente dinero para movilizarse desde Ciudad Bolívar hacia el Km 88 (Un recorrido de 475,9 km y siete horas, que puede costar más de 40 dólares). Una vez más, acude al único recurso que le queda: La prensa y las redes sociales.
Carla Arellano trabaja como vendedora de alimentos en las minas de Sifontes – segundo municipio más violento de Bolívar y el epicentro de las denuncias de desaparición – desde hace dos años. Antes de eso, la muchacha estaba desempleada y vio en las minas una oportunidad de aumentar sus ingresos y ayudar a su familia.
“Dicen que tenemos que esperar dos o tres años para denunciar”
Es común que funcionarios del estado desestimen las denuncias por la peligrosidad del territorio o porque atribuyen la desaparición a falta de comunicación voluntaria del familiar desaparecido.
“Aquí no nos hacen mucho caso. Los del CICPC dicen que a lo mejor están trabajando minas adentro, que hay que esperar dos o tres años porque la gente se pierde en esas minas, nos han dicho tantas cosas que… No sé…”, expresó Militza Hernández, hermana de dos hombres que también están desaparecidos desde hace más de un año.
Los hermanos Francisco José Hernández Artiaga de 44 años y Germán José Hernández Artiaga de 40 años salieron desde El Tigre, estado Anzoátegui hacia las minas de Gran Sabana el 15 de noviembre de 2020 con la promesa de regresar el 18 de diciembre.
Era la primera vez que se iban a las minas, y lo hicieron porque ambos estaban desempleados y su situación económica era cada vez más insostenible.
175 desaparecidos en casi una década
Desde el segundo semestre de 2019, la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) en alianza con Correo del Caroní han compilado 175 reportes de desaparición al sur del estado Bolívar ocurridos entre 2012 y 2021.
Aunque estas desapariciones pueden considerarse un patrón sistemático que no puede separarse de la extracción de oro al sur de Venezuela, el Estado aún no ha implementado políticas públicas que garanticen la búsqueda en vida de estas personas.
Eso, aunque Venezuela firmó la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y firmó y ratificó la Convención -y el Protocolo Facultativo- contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas.
Las víctimas enfrentan un limbo jurídico: en el país no hay leyes para abordar los procesos de investigación, seguimiento y reparación de las víctimas del conflicto minero. Sus familiares están solos.
