En dicho comunicado las organizaciones afirman que este proyecto de ley de Cooperación Internacional de ser aprobado tendría consecuencias devastadoras para la personas en situación de mayor vulnerabilidad y la sociedad civil venezolana, cerrando el acceso al apoyo que ofrece la comunidad internacional a las capacidades de protección, asistencia y desarrollo de la población en materia económica, social, civil y humanitaria.
Con este proyecto de ley, se busca reinterpretar la definición de cooperación internacional hacia intereses políticos y/o económicos del gobierno nacional, dejando por fuera conceptos esenciales como derechos humanos y ayuda humanitaria. De igual modo, se busca transferir al gobierno de manera exclusiva la capacidad de recibir, transferir e intercambiar recursos, bienes, servicios, financiamiento y tecnología de los organismos cooperantes, y disponer de ellos según las prioridades y criterios discrecionales del Ejecutivo Nacional, a través de la creación de un fondo a su cargo.
Por otro lado, se obliga a todas las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, instituciones académicas y a toda asociación de derecho privado nacional o internacional, a registrarse en el “sistema integrado de registro obligatorio”, con el cual el gobierno se reservaría el poder de autorizarlas o habilitarlas para ser posibles receptoras o participantes de actividades de cooperación internacional. Adicionalmente, toda asociación tendría el deber de suministrar información a las autoridades públicas o a cualquier persona, sobre sus datos de constitución, estatutos, actividades, así como la procedencia, administración y destino de los recursos de la cooperación, con especificación detallada de sus fuentes de financiamiento.
Finalmente, el proyecto crea un nuevo sistema sancionatorio específicamente dirigido a la sociedad civil nacional, con la potestad de “prohibir, suspender, restringir o eliminar definitivamente” a cualquier asociación que, a criterio discrecional del Ejecutivo, se considere que promueve o participa de forma directa o indirecta en actividades contrarias a los intereses del gobierno, estableciendo evaluaciones que determinen la aplicación de estas sanciones.
Fuente: Justicia y Verdad
