Vente Miranda rechaza la pretensión usurpadora de aprobar el proyecto de Ley de Educación Universitaria por violentar lo establecido en el artículo 109 de la Constitución que garantiza la autonomía, despojando a las universidades de las competencias que permiten su buen funcionamiento, estando este principio autonómico consagrado en los Estatutos Republicanos y reafirmados en la Constitución Nacional como consecuencia de las históricas luchas universitarias. La promulgación de la Ley de Educación Universitaria trastornaría sensiblemente su funcionamiento, sometiendo a la comunidad universitaria a una situación de inseguridad e indefensión, lo que generaría consecuencias imprevisibles que afectarían la vida institucional universitaria, y el desarrollo de nuestra sociedad.
La pretendida Ley de Educación Universitaria, despoja a las instituciones de competencias que derivan de la garantía constitucional, para transferirlas al Ejecutivo Nacional transformando a la ley en un instrumento centralizador que elimina la posibilidad de autogobierno universitario. Fundamentada, además, en una retrógrada, caduca y deplorable concepción del Estado Docente. De esta manera la universidad se transforma en una dependencia ejecutora de las decisiones del gobierno central. La injerencia del régimen en todo el proceso de formación está lejos de contribuir a formar un individuo crítico, con pensamiento reflexivo y emancipador, conocedor de la realidad para transformarla en beneficio colectivo, por cuanto el espíritu, propósito y razón de esta ley es formar vasallos. Se viola la libertad de pensamiento al establecer la exigencia de adoctrinar sobre la base del “modelo productivo socialista”, obligando a todos a seguir un modelo político único, buscando imposibilitar el ejercicio del pensamiento crítico y el derecho democrático de cada uno a escoger el modo de concebir el mundo, lo que contradice de manera evidente lo dispuesto como principio fundamental en referencia al pluralismo político en los Artículos 2 y 102 de la Constitución. Además, se vulnera la libertad de asociación, organización y representación gremial de los profesores, estudiantes, egresados, empleados y obreros, contemplada en el Artículo 67 de la Constitución, al dejar en manos del Ejecutivo la reglamentación sobre la organización de estos sectores de la comunidad universitaria.
Esta Ley desvirtúa los espacios de decisión académica, incorporando en prácticamente todas las instancias organizativas de las universidades, a representantes del régimen a través del “poder popular”, del supuesto “poder comunal” que se quiere magnificar más recientemente como fundamento de esa incógnita denominada socialismo del siglo XXI, instancias que no están consideradas en la Constitución, dependientes económicamente del Ejecutivo y sin que se haya establecido el procedimiento para la elección de sus representantes.
Ratificamos, desde Vente Miranda, que con esta ley no sólo se está violentando la importancia de la autonomía universitaria, sino que se está liquidando a la universidad como sitio para la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, que permite desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática donde el derecho a la educación se fundamenta en el respeto de todas las corrientes del pensamiento. ¡En definitiva, se está profundizando la destrucción de las universidades! ¡Venezuela merece una universidad libre, una educación libre, para la libertad!
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