La informalidad laboral en Venezuela alcanza a 85 % de la población, si se mide con el estándar de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que define bajo esta categoría a la población laboral que está excluida de la seguridad social y no sujeta a relaciones laborales reguladas por la Ley.
El dato fue proporcionado por el economista Demetrio Marotta, profesor e investigador de la Universidad Católica «Andrés Bello» (UCAB), quien aclaró que cuando la estadística se refiere al tamaño del sector informal de la economía venezolana, la proporción de trabajadores que trabajan en este segmento llega a entre 50 % y 60 % del empleo total que se genera en el país.
«Hay que tener cuidado al observar (esta cifra), porque evidentemente con un sistema de seguridad social tan precario, buena parte de la población, incluso los que trabajan en el sector formal, podrían no estar cubiertos por la legislación y la seguridad social», puntualiza Marotta.
Para el experto, la informalidad es un fenómeno «complejo y estructural».
Para el economista Demetrio Marotta la informalidad tiene efectos nocivos para todos los sectores, y destaca que el primero es que el Estado deja de percibir los ingresos que necesita para invertir en servicios, salud, educación y prevención social.
Por otra parte, los trabajadores son condenados a tener empleos precarios, no regulados, que conducen a bajos niveles de productividad y, por ende, a salarios insuficientes. «No son empleos estables que, cuando desaparecen, conducen a las personas a la absoluta desprotección», dice Marotta.
La informalidad definida como desregulación del mercado laboral se ha extendido ampliamente en Venezuela. En este sentido, Marotta sostiene que «se observan casos en los cuales los ingresos informales, como los que se obtienen a través del teletrabajo, que desde la pandemia han impulsado los contratos a distancia,son mayores a los de cualquier empleo formal en la economía venezolana, sobre todo en el caso de los profesionales».
El economista Demetrio Marotta es claro al señalar que prácticamente no hay incentivos para montar negocios formales en Venezuela. La primera traba es la «voracidad fiscal» que obstaculiza la viabilidad financiera de negocios nuevos y, mucho más, la de emprendimientos.
Existen demasiados «pasos, trámites, requisitos para formalizar una empresa. La carga fiscal que va más allá de los impuestos nacionales, y llega a los municipales es demasiado pesada. Hay muchas complejidad regulatoria», dice Marotta.
«Eso limita, por otra parte, salir a buscar un crédito y los créditos bancarios permiten que las empresas puedan crecer», concluye el experto.
