El nuevo programa de Estados Unidos para permitir el ingreso legal de 24.000 venezolanos apadrinados por individuos u organizadoras solventes en su territorio es una medida soberana que busca desalentar la migración irregular en su frontera sur, pero que se antoja como insuficiente, de acuerdo con expertos consultados.
La administración del presidente Joe Biden anunció un plan de libertad condicional (parole, en inglés) que permitirá a los venezolanos tomar un camino legal para ingresar a Estados Unidos, aplicando para ello de forma remota para luego volar hacia Norteamérica, si se es elegido, en vez de apostar por un peligroso trayecto por una media docena de naciones.
Se toman así acciones conjuntas con México, según explicó en un comunicado, para reducir el número de personas que llegan a la frontera Sur y “crear un proceso más ordenado y seguro para quienes huyen de la crisis humanitaria y económica en Venezuela”.
Estados Unidos informó asimismo que deportaría a México a todo venezolano que intente ingresar a su territorio sin autorización, tras revelar ese nuevo proceso para permitir la llegada legal y segura de 24.000 venezolanos que cumplan con ciertos criterios.
Entre los requisitos para resultar beneficiado, resaltan tener un patrocinante en los Estados Unidos que le dé apoyo financiero para su estada; pasar por el proceso de verificación “riguroso” de seguridad nacional y cumplir con el esquema completo de vacunación.
Quedan exceptuados de este programa quienes hayan sido deportados de Estados Unidos en los cinco años anteriores; quienes hayan ingresado ilegalmente a ese territorio luego de la fecha del anuncio del nuevo plan; quienes hayan ingresado irregularmente a México o Panamá; y también aquellos que residen en otro país distinto a Venezuela, tienen doble nacionalidad o son refugiados en otra nación, precisó el gobierno norteamericano.
La medida anunciada por el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden es un “esfuerzo” soberano para tratar de regular una migración “que está bastante descontrolada” en su frontera sur, observa el analista de asuntos internacionales, Luis Peche Arteaga.
El experto se pregunta si la cifra inicial de potenciales beneficiados con el nuevo programa migratorio fundamentado en la figura de patrocinadores dentro de Estados Unidos, de 24.000, será suficiente para atender la “creciente” población que aspira a llegar a ese país luego de movilizarse durante centenares de kilómetros y por varias naciones americanas.
“La verdad es que (la cifra de 24.000 beneficiados) parece ser bastante distante a la cantidad de migrantes que están intentando en este momento subir por ese peligroso camino fronterizo hacia Estados Unidos”, comenta Peche Arteaga a la Voz de América.
El embajador del gobierno interino opositor de Venezuela en Washington, Carlos Vecchio, expresó su preocupación al opinar que 24.000 permisos migratorios son una cifra que cree “insuficiente para la magnitud del problema” y pidió a la Casa Blanca reconsiderarla.
Según datos del Departamento de Seguridad Nacional, más de 25.000 venezolanos llegaron en agosto a su frontera Sur y 33.000 hicieron lo propio en septiembre pasado.
Peche Arteaga, por su parte, estima que el plan “intenta barnizar una política de deportaciones de venezolanos hacia México, que desde ya están implementando”.
“Van a deportar personas a México y regularizar a quienes tienen un camino bastante estructurado, como personas que tengan un seguro financiero con un ciudadano en Estados Unidos. Busca que sea una migración más formada, con más garantías”, señala.
Hasta este miércoles, la mayoría de los miles de venezolanos que cruzaban ilegalmente la frontera de México con Estados Unidos no eran deportados bajo las normas de salud pública, conocidas como el Título 42.
Eran registrados, se les permitía ingresar temporalmente al país hasta que enfrentaran sus casos en cortes de inmigración, donde solían aplicar por la figura de asilo político. Estados Unidos le puso un cerrojo inmediato a ese modus operandi con su anuncio del miércoles.
El secretario de Seguridad Nacional norteamericano, Alejandro Mayorkas, enfatizó en que los venezolanos que intenten cruzar ilegalmente por su frontera sur “serán retornados a México y serán inelegibles para este proceso en el futuro”.
Expresamente, el gobierno de Biden indicó en su comunicado de este miércoles que su nuevo programa migratorio busca fortalecer la seguridad de su frontera “al reducir el número de venezolanos que buscan ingresar a Estados Unidos irregularmente”.
Tomás Páez, coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana, opina que la medida de la Administración Biden no es suficiente si se toma en cuenta que unos 150 mil venezolanos han intentado pasar a Estados Unidos durante el último año, pero recuerda que cada país desarrolla sus políticas para “intentar normalizar” la situación.
Aunque admite que es difícil estimar cómo será el movimiento, el sociólogo y profesor titular de la Universidad Central de Venezuela (UCV) afirma a la VOA que la migración irregular no va a cesar si las condiciones en Venezuela no cambian.
“El éxodo sigue creciendo, no lo paró el COVID, no lo paró el post COVID, no lo paran las restricciones, así que es previsible que siga creciendo”, manifiesta.
Giulio Cellini, abogado y analista de asuntos de política internacional, recuerda que el nuevo plan estadounidense se suma a la exigencia de visas a venezolanos por parte de México, una medida vigente desde el 21 de enero y acordada además con la Casa Blanca.
“Estados Unidos viene tomando algunas decisiones que buscan poner orden y frenar de alguna forma la migración venezolana, que se está convirtiendo en un problema ya no solo para países más pequeños de Suramérica y Centroamérica”, expresa a la VOA.
El programa abre la posibilidad de que reunificación familiar de venezolanos que residen ya dentro de Estados Unidos y cuyas familias permanecen en su país de origen, precisa.
“Lo que se quiere es dar regularización a los venezolanos ya acogidos a determinadas fórmulas de estatus y, por otra parte, frenar a quienes quieran irse a Estados Unidos”, dice.
Peche Arteaga, por su parte, consideró que las solicitudes de asilo o refugio de venezolanos en la frontera entre Estados Unidos y México no mermarán a menos que las decisiones en esos puntos comiencen a ser “ejemplarizantes”, es decir, con prohibiciones de acceso en la totalidad de los casos, “y se vea que no hay ningún tipo de posibilidad de acceder al país”.
“Eso dejaría de incentivar a las personas que siguen intentando llegar a la frontera norteamericana (por vía terrestre). No creo que eso sea un proceso inmediato, va a tomar tiempo y las personas siguen subiendo, intentando cruzar esa frontera”, advierte.
La plataforma de coordinación interagencial para refugiados y migrantes de Venezuela de las Naciones Unidas, conocida como R4V, actualizó esta misma semana la cifra de movilizados desde ese país con el fin de residenciarse en el extranjero: 7,1 millones.
Peche Arteaga subraya que ese número de migrantes y el nuevo programa migratorio del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense reflejan que la migración venezolana “es una crisis global” y “un problema del cual ningún gobierno queda exento”.
Y, mientras, no nota que domésticamente haya soluciones de fondo a la vista. “Parece que no hay soluciones políticas en el corto plazo con respecto a la situación que actualmente vive Venezuela. Los países buscan protegerse de la manera que pueden”, apunta.
Las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y sus opositores en Ciudad de México, con la facilitación del Reino de Noruega y el acompañamiento de Países Bajos y Rusia, están congeladas desde hace un año por el retiro de la delegación oficialista.
El antichavismo aspira a que en esas conversaciones se acuerden amplias garantías y condiciones electorales de cara a las presidenciales de 2024 para, así, lograr cambios democráticos y mejoras en las condiciones de vida de los venezolanos, según prometen.
Estados Unidos remarcó el miércoles que su nuevo programa migratorio para los venezolanos entra en vigor luego de que casi se cuadriplicara la cantidad de ciudadanos de ese país suramericano que ingresaron ilegalmente en el último año a su frontera sur.
