La libertad de expresión es un derecho inherente del ser humano porque está asociada con el desarrollo de la personalidad, así como también con la difusión de ideas. Cuando regímenes dictatoriales aplican la fuerza o artimañas para coaccionar y atentar contra ella, es claro que se infringe un sinfín de normativas y estatutos reconocidos en todos los acuerdos, tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos.
Para el abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli en conversación con La Patilla, la libertad de expresión puede concretar riesgos o temores a estas administraciones antidemocráticas.
“Por supuesto que no es permisible la libertad plena de expresión en países donde, por ejemplo, el tema religioso es un objeto fundamental dentro de la cultura de sus países. También resulta la libertad de expresión un elemento que hay que restringir o condicionar de acuerdo a la visión del Estado. Entonces, esa es la razón por qué lo limitan o lo conculcan, justo y precisamente porque eso es un vehículo para expresar las ideas, el pensamiento, para buscar conocimiento y divulgarlo”, explica.
Raffalli detalla que en Venezuela la libertad de expresión está prevista expresamente en la Constitución como un derecho, pero además, el artículo 23 de la Carta Magna le da preeminencia y aplicación preferente a los acuerdos y tratados internacionales en materia de derechos humanos. “En consecuencia, todos los funcionarios públicos, empezando por los propios jueces, están obligados a aplicar esas normas internacionales que consagran y protegen el derecho a la libertad de expresión con preeminencia incluso al derecho interno y de manera directa”, menciona.
Al respecto, Tamara Taraciuk, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch (HRW), recuerda que “tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los principales instrumentos en materia de derechos humanos a nivel mundial y regional, protegen el derecho a la libertad de expresión. Además, cortes internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y comités de Naciones Unidas, como el Comité de Derechos Humanos, que interpreta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, han adoptado decisiones donde se ha reforzado la protección a este derecho y rechazado la censura previa”.
Más allá de lo que establezcan las leyes locales y los tratados internacionales, el régimen chavista se empeña en criminalizar a quienes contraríen sus posturas o pensamientos, actuando como víctima, juez y verdugo.
Por ello, Taraciuk enfatiza que “el gobierno de (Nicolás) Maduro ha abusado de su poder para regular a los medios de comunicación desde hace varios años. Esto lo vimos reflejado en el cierre de medios críticos, en las campañas de estigmatización y hostigamiento y en el uso abusivo de la Ley contra el Odio”. Esta última fue publicada en Gaceta Oficial en noviembre de 2017 y representó un apretón más de la mordaza chavista, que ya había arrancado a finales de 2004, durante la administración del fallecido expresidente Hugo Chávez, con la puesta en marcha de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, también denominada como “ley Resorte”.
La activista comenta que “debido a la importancia de los medios digitales, esa restricción de las expresiones se tradujo en el bloqueo sistemático de sitios web de medios como Efecto Cocuyo, Crónica Uno y El Nacional e interrupciones en el servicio de internet”.
Taraciuk asegura que “el derecho internacional ha determinado que el derecho a la libertad de expresión no puede estar sujeto a censura previa. Es decir, no pueden existir controles directos o medidas indirectas que impidan a los medios publicar información. En este caso, el bloqueo de medios digitales es una forma de censura. Cualquier restricción debe estar en una ley y perseguir un objetivo legítimo. Silenciar expresiones incómodas para el gobierno de Maduro no es uno de ellos”.
Por su parte, Raffalli opina que “la criminalización de las ideas es precisamente una herramienta de los gobiernos dictatoriales, autoritarios, antidemocráticos, que no quieren que esas ideas, que el conocimiento y que el pensamiento se divulguen porque pueden poner en peligro su propia estabilidad y generar una desestabilización que pueda implicar cambios políticos. Entonces, la explicación que se le da a eso no es otra que el miedo. Y el miedo es uno de los factores que más fomenta las limitaciones ilegales a la libertad de expresión en todas sus manifestaciones, sea a través de la prensa escrita o de los medios sociales, o los discursos políticos o públicos”.
En ese sentido, el constitucionalista acota que el primer elemento que utiliza el chavismo para criminalizar la libertad de expresión es justamente la ley. “Ahora, el problema de la libertad de expresión en Venezuela es que además hay leyes que son inconstitucionales y que tratan de limitar o restringir la libertad de expresión”. Además, Raffalli puntualiza que “cuando el propio gobierno domina el Parlamento o a través de leyes habilitantes que puede dictar el presidente de la República, pues ese mismo gobierno establece normas que pretenden restringir, limitar o establecer sanciones muy severas a quienes incurran en ciertos hechos vinculados al ejercicio de la libertad de expresión”.
De esta manera, los gobiernos terminan imponiendo sanciones o amenazando y se produce la autocensura. Para el especialista venezolano, el chavismo se ha encargado de generar todo un aparato jurídico y un discurso político que pretende que la gente se inhiba antes de ejercer plenamente la libertad de expresión.
“Es lo que estamos viendo en muchos medios en donde, por el tipo de invitados, observamos que ha habido un cambio de líneas editoriales. O cuando te tienen que leer una cartilla, recordándote las cosas que no puedes decir en determinado medio de comunicación o sobre lo cual no podrías escribir en un determinado medio impreso. Esa autocensura proviene de allí, de leyes altamente punitivas y del control del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo. Esa autocensura es de los más perversos mecanismos para cercenar la libertad de expresión. Y, como digo, la estamos viendo día a día en Venezuela”.
Asimismo, Raffalli considera que la libertad de expresión en Venezuela está comprometida, incluso a nivel del Parlamento. “Es decir, una cosa insólita es que la inmunidad parlamentaria está prevista para que los diputados puedan expresarse con libertad, sin ser perturbados. Y aquí en Venezuela, en los últimos tiempos ha habido sentencias en donde se allanó la inmunidad de los parlamentarios, entre otras cosas, por lo que han dicho. Eso denota lo grave de la situación”.
Taraciuk también señala que tales prácticas cada vez preocupan más. “Esta situación es sumamente grave, sobre todo en Venezuela donde la autocensura es generalizada debido al temor a represalias”. Por dicho motivo, la activista de HRW recuerda que “el derecho internacional reconoce al derecho a la libertad de expresión como uno de los pilares fundamentales para proteger la democracia y el Estado de Derecho. Si este derecho no se garantiza, difícilmente podremos lograr un retorno a la democracia en el país”.
Las leyes, con sus interpretaciones ambiguas, terminan siendo instrumentos que se usan no para defender la libertad de expresión, sino para arremeter contra ella, y, mientras más confuso sea el contenido, más libertad de interpretación para el operador jurídico que la aplica, llámese un funcionario del Gobierno o un tribunal. Por ello, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido profusa al señalar que estas disposiciones son inaceptables precisamente por el efecto nocivo que producen sobre la libertad de expresión como derecho humano.
“El problema al final del camino no es la existencia o no de leyes que protejan la libertad de expresión, sino de voluntad política del Estado en hacer cumplir esas leyes y defender ese derecho”, sentencia Raffalli.
El profesor de derecho en la Universidad Católica Andrés Bello enfatiza que, evidentemente, la libertad de expresión no es un derecho absoluto como sí lo es la vida.
“La libertad de expresión tiene algunas limitaciones, precisamente en favor de otros derechos. Primero que nada, hay limitaciones que son de orden público, como el honor y reputación de los demás, como los elementos de seguridad, estado de seguridad de la nación, que te pueden implicar unos límites o restricciones de alta presión. Por ejemplo, el tema de la moralidad pública, el tema de la protección de los menores que justifican que haya contenido que no se pueda divulgar a personas de cualquier edad. Eso lo que implica precisamente es que esos límites representan, una frontera que tú, en el ejercicio de la libertad de expresión, no puedes atravesar porque las consecuencias para otros pueden ser graves”, explica.
Raffalli también señala que es fundamental entender que el ejercicio de la libertad de expresión genera responsabilidades.
“Si tú le atribuyes a alguien algún hecho o alguna condición y luego no puedes demostrar que es así, pudieras estar incurriendo en un daño a esa persona, y luego que se te exija a ti una responsabilidad. Es decir, la libertad de expresión genera responsabilidad por su uso, digamos, dañino, sin tener manera de evidenciar que es cierto lo que se dice. Y también puede incurrir en lo que se llama el abuso de derecho, es decir, el hecho de que tengas una libertad para expresarte no quiere decir que puedes decir lo que te dé la gana en unos términos que transgreden los derechos de los demás y las leyes”, comenta Raffalli, para quien el tema probatorio del menoscabo a la libertad de expresión depende de cada caso en concreto.
“Por ejemplo, si en algún momento determinado a ti te abren un procedimiento administrativo o judicial por el contenido de expresiones que tú hayas realizado, sea de naturaleza incluso civil, no necesariamente penal, ese juicio o ese proceso administrativo en sí representa una prueba. Tal es el caso de El Nacional, que al final le quitaron hasta la sede por esa vía”, comenta.
El abogado afirma que se debe destacar lo que además implica la libertad de expresión, que al hacer uso de ella, la persona o el ente no sea perturbado. “En ocasiones la prueba tiene que consistir en dejar claro que a raíz de alguna idea que has expresado se ha generado contra ti un discurso político de odio o el sometimiento a un escarnio público o incluso privado, y el establecimiento de sanciones legales”, dice.
En cuanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte, los titulares encargados del control de la convencionalidad, están facultados para interpretar todas las disposiciones de los acuerdos y tratados internacionales y determinar su violación por parte de algún país. Ellos están en condiciones de generar órdenes de restablecimiento o bien medidas preventivas para la protección del ejercicio de la libertad de expresión e incluso el resarcimiento, si fuera el caso.
“Lo que ocurre es que es muy difícil determinar el daño material que implica la libertad de expresión o la pérdida de ella porque, si a mí me dejan de invitar a un programa de radio por la forma en que yo me expreso respecto al Gobierno, es muy difícil decir cuál es el daño que yo he experimentado desde el punto de vista material, de modo que el resarcimiento material es bastante dificultoso, salvo que haya, por ejemplo, situaciones en la que se afecte a un periodista o un medio de comunicación que se le impida ejercer su oficio. Normalmente, las órdenes son de restablecimiento y de protección del derecho humano en cuanto a la libertad de expresión se refiere”, señala Raffalli.
El constitucionalista diagnostica el panorama venezolano de forma negativa y con una única salida a la crisis de la censura comunicacional. Raffalli cree que “la misma falta de independencia editorial en los medios de comunicación es una realidad. Las sanciones, las acciones que han implicado, incluso la expropiación de medios de comunicación… todo eso denota que Venezuela está en un nivel bastante avanzado de lo que es la agresión a la libertad de expresión”.
Por tal motivo, teme que “la única manera de que eso se corrija es a través de un cambio político. Que se rescaten las libertades fundamentales propias de la democracia constitucional. Y mientras ello ocurre, hay que seguir acudiendo a lo único que nos queda, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que por cierto, por eso Venezuela se salió de ahí, porque sabe que el Gobierno o el Estado arremete contra los derechos humanos, sabe que eso es un reducto de justicia”.
En consonancia con lo anterior, Taraciuk afirma que “la comunidad internacional debe condenar este tipo de acciones, sin importar en qué lugar del espectro ideológico se encuentren sus gobiernos, y seguir acompañando y protegiendo a los periodistas venezolanos que se han visto obligados a salir del país, así como a los valientes periodistas que permanecen todavía allí”.
Por último, la directora en funciones para las Américas de HRW apunta que “ahora que están en curso las negociaciones entre el gobierno de Maduro y líderes de la oposición venezolana, la comunidad internacional debe impulsar una negociación real. Debe tener un papel positivo y proactivo generando incentivos para que estas negociaciones incorporen compromisos claros para restablecer el Estado de derecho y el ejercicio de los derechos fundamentales en Venezuela, lo que incluye terminar con la censura y la represión. La experiencia muestra que el régimen no ha dado concesiones voluntariamente. La presión y la amenaza de rendición de cuentas a nivel internacional son esenciales para crear incentivos para una negociación exitosa”.
