En los últimos tres años y siete meses a partir de los hechos en que fallecieron quemados y por impactos de armas de fuego 69 personas en la sede de la Comandancia General de la Policía de Carabobo, en Valencia, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) pudo constatar diversas irregularidades en este caso.
A través de una nota de prensa, la ONG resalta, por ejemplo, que sólo se encuentren imputadas cinco personas por lo ocurrido ese día en la avenida Navas Spínola, cuando se sabe de la participación de unos 50 funcionarios de la policía estadal y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
En segunda instancia, el OVP también menciona que no se ha establecido la responsabilidad de la cadena de mando del cuerpo de seguridad estadal, a cargo del centro de retención.
En tercer lugar, habla de la pérdida de documentos clave que deberían engrosar el expediente, entre ellos las declaraciones rendidas ante el Cicpc de varios funcionarios involucrados.
De todo ello se conoce por cuanto este caso, que conmocionó a la opinión pública, quedó ampliamente registrado testimonial y gráficamente por los medios de comunicación y a través de las redes sociales.
Vale destacar que uno de los funcionarios acusados, Sergio Rodríguez Rodríguez, relató al tribunal los hechos tal cual sucedieron e indicó que él no participó de forma directa, por cuanto sólo era el escribiente, pero señaló que resultó obligado por sus superiores a no dejar ningún registro de lo sucedido en el libro de novedades, lo que habla de ocultamiento o manipulación de evidencia.
Además, y no menos importante, el Observatorio da cuenta de las 31 convocatorias fallidas para finalmente lograr que se desarrollara, este martes, la audiencia preliminar. Ello da cuenta de los graves problemas que atraviesa Venezuela para impartir y garantizar justicia, entre ellos el retardo procesal.
Finalmente inició el juicio
Menciona el ente no gubernamental que, finalmente, la jueza novena de Control, Melissa de Souza, realizó la audiencia que se extendió desde las 2:00 de la tarde y hasta pasadas las 8:00 de la noche de este 19 de octubre. En ella se declaró este caso como un delito de lesa humanidad y se admitió la acusación completa presentada por el Ministerio Púbico y el Comité de Víctimas de la Justicia y la Verdad, representado por la abogada Lylí López.
En tal sentido, se solicitaron para los cinco acusados hasta ahora los cargos de homicidio calificado –para el subdirector José Luis Rodríguez- y de complicidad necesaria –para los restantes cuatro acusados-, así como los delitos de corrupción propia, introducción de armas de fuego y omisión al socorro.
Por su parte, los familiares de las víctimas manifestaron su satisfacción por este importante paso, y afirmaron que continuarán sin descanso luchando para que se haga justicia. La abogada representante del Comité de Víctimas, Lylí López, indicó que continuarán las averiguaciones sobre el destino de los dos cuerpos desaparecidos de Rafael Ortega Sánchez y Jesús Antonio Rivas Lameda. “Este es apenas el primer paso, pero por fin se está haciendo justicia”, concluyó la legalista.
Nota de prensa.
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