El pasado lunes 26 de septiembre en los espacios del Ateneo de Aroa, municipio Bolívar, representantes de la ONG Campo presentaron su primer informe correspondiente al año 2021, titulado “#LaVariableRural: Calidad de vida en el municipio Bolívar del Estado Yaracuy. ¿Mito o Realidad?».
Esta actividad contó con un programa, en el que se expuso de manera segmentada los datos estadísticos obtenidos del diagnóstico comunitario realizado a 306 familias en 8 comunidades rurales del municipio Bolívar del Estado Yaracuy, en cooperación con organizaciones defensoras de los Derechos humanos en Venezuela. Trabajo que fue presentado abiertamente a los presentes y al menos a veinte (20) organizaciones, instituciones y medio de comunicación; logrando también la trasmisión en directo a través de una sala virtual (zoom).
Las áreas y los exponentes fueron: Condiciones de Vida, expuesta por el director general de la ONG CAMPO, Pedro Hernández Oropeza. Los temas de Alimentación, Agua potable y saneamiento, fueron expuestos por el coordinador técnico, el ingeniero agrónomo Ysmael Oropeza. El tema de Educación, fue expuesto por la coordinadora operativa Damarys Oropeza de Hernández; y finalmente, El tema de la Salud, fue expuesto por la coordinadora de comunicaciones, Ingrid Muñoz.
Algunos datos relevantes de este informe, destacan las condiciones de vida de los habitantes de las zonas rurales en el municipio, en el que 100% de las familias encuestadas, manifiesta sentirse afectada por la pobreza; y de este porcentaje, al menos un 70% se encuentra en pobreza extrema con necesidades humanitarias, el deterioro de los servicios básicos, la disminución de las oportunidades laborales y la vulneración directa a los derechos humanos es una constante en las zonas más vulnerables de dicha jurisdicción.
Dicha investigación refleja que la producción se ha visto limitada en el municipio por el mal estado de la vialidad, transporte y falta de combustible, lo cual impide que los productores puedan comercializar sus cosechas. Un 33.7% de la población depende de comida prestada o reciben ayuda, otro porcentaje reduce el número de gastos en salud y educación para poder comer, mientras que un 42.7% presenta restricciones severas en cuanto al servicio de agua potable y saneamiento. Un sector de la población, paga cisternas, compra botellones, usan manantiales o ríos ante la falta de agua por tubería.
Respecto a salud y educación, el informe de la ONG detalla que el 98.1% de la población depende de un sistema sanitario público, y no cuentan con recursos para costear gastos en medicinas, mientras que, en comunidades rurales emplean medicina natural para tratar enfermedades crónicas, un 99.1% de las instituciones educativas no cuentan con equipos de computación y acceso a internet, y los planteles educativos presentan un 61% de déficit de docentes.
El evento concluyó con las recomendaciones propuestas por esta ONG dirigidas al Estado y a las instituciones gubernamentales; en la que se resalta la necesidad de aumentar la inversión pública en los servicios: de electricidad, agua, saneamiento, transporte público y gas doméstico, a fin de apaciguar la Emergencia Humanitaria Compleja que afecta a los habitantes de este municipio y el resto del país.
