Miles de venezolanos que cruzaban la espantosa selva de Darién entre Colombia y Panamá, o que transitaban penosamente por América Central y México para llegar a Estados Unidos, han quedado atrapados en países que no los quieren, sin poder seguir su marcha y casi sin recursos para devolverse a su país.
Súbitamente, el 12 de octubre, el gobierno de Estados Unidos anunció que cesaba la admisión de venezolanos que cruzasen informalmente su frontera sur, los devolvería a México y, en contrapartida, abriría hasta un tope de 24 000 cupos anuales, durante dos años, para aspirantes a ingresar por vía aérea y bajo un nuevo cúmulo de requisitos.
“Ya estábamos dentro de Estados Unidos, cuando el presidente Joe Biden dio la orden, pero nos montaron en una camioneta y nos devolvieron a México. No es justo, el día 12 ya habíamos pasado”, dijo entre lágrimas a periodistas un joven que se identificó como Antonio, entre los primeros reenviados a la ciudad fronteriza de Tijuana.
Era uno de los aproximadamente 150 000 venezolanos que cruzaron la frontera entre México y Estados Unidos este año, para sumarse a los 545 000 que ya estaban en territorio estadounidense a finales de 2021, según sus autoridades.
Raúl estuvo en un grupo que demoró una semana para cruzar selva, ríos y montes en Darién, sorteando maleza, lluvias, fango, hambre, sed, y la amenaza de alimañas y asaltantes. Cuando llegó al corregimiento indígena de Lajas Blancas en el este de Panamá se enteró de la nueva norma estadounidense que volvía inútil su travesía.
Allí contó al político opositor venezolano Tomás Guanipa, quien visitó el corregimiento en este mes de octubre, que “el recorrido es demasiado duro, vi morir gente, alguien a quien no pude salvar porque se lo llevó un río, y no valió la pena, ahora lo que debo hacer es regresar, vivo, a mi país”.
En Panamá, como en Costa Rica, Honduras, Guatemala y por supuesto en México, ahora hay miles de venezolanos varados, unos aún con el propósito de alcanzar y cruzar la frontera estadounidense, otros intentando conseguir recursos para emprender el regreso.
Llenan los refugios donde se les acoge, a menudo sobrecargados y con escasos recursos para atenderles, a veces duermen en las calles, o se les ve caminando y pidiendo comida o algún dinero, cortado abruptamente el sueño de llegar a vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
Ese anhelo se alimentó porque Estados Unidos flexibilizó para los venezolanos la posibilidad de otorgarles asilo, como parte de su confrontación con gobierno del presidente Nicolás Maduro, al que consideran ilegítimo.
Además, estableció un estatuto de protección que de manera temporal permite la estadía y labor de los venezolanos que llegasen a su territorio.
Venezuela ha vivido una crisis económica y política en la última década que, con el empobrecimiento de la población, produjo el mayor éxodo en la historia del hemisferio: según agencias de las Naciones Unidas, han salido del país 7,1 millones de personas, una cuarta parte de su población.
El aluvión de migrantes venezolanos que llegaban por la frontera sur coincidió con la dura campaña electoral para renovar este noviembre el legislativo Congreso estadounidense, y la cual puede resultar en el control de sus dos cámaras por el Partido Republicano, fuertemente opuesto al demócrata Biden.
Gobernadores y candidatos republicanos del sur, muy opuestos a la política migratoria y apertura a los venezolanos de la Casa Blanca, decidieron enviar autobuses, e incluso un avión con venezolanos solicitantes de asilo, hacia localidades del norte gobernadas por autoridades demócratas.
Así, y a menudo con ofertas engañosas, centenares de venezolanos fueron llevados y abandonados a la intemperie en Nueva York, Washington o Martha´s Vineyard, una isla donde veranean millonarios en el nororiental estado de Massachusetts.
Organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional denunciaron el empleo de los migrantes como botín político o arma arrojadiza en la lucha electoral.
En ese clima, el gobierno de Biden dio un giro a su política hacia los venezolanos, les cerró las puertas en la frontera sur, reactivó el Título 42 del compendio legislativo estadounidense, que permite la expulsión inmediata de personas por razones de salud, y pactó con México la devolución de los migrantes a ese territorio.
Los 24 000 cupos anuales dispuestos como consuelo, para migrantes que cuenten con patrocinadores responsables de su sostén en Estados Unidos, más requisitos como no intentar el cruce ilegal de fronteras o no tener refugio en otro país, equivale casi al volumen mensual de venezolanos que buscaron el suelo estadounidense este año.
