El 48,3 % de los venezolanos consultados reportó en una encuesta del DANE, que en su empleo ganó entre 140 y 204 dólares, mientras que el 17,7 % recibió entre 70 y 140 dólares. Además, el 92,1 % dijo que en el último mes no recibió ingresos por concepto de horas extras.
A seis años desde que empezaron a verse flujos masivos de migrantes de Venezuela hacia Colombia, en la nación cafetera ya hay una población de casi 2,5 millones de venezolanos. Sin embago, aún persisten las dificultades en materia de inclusión laboral que impiden que los venezolanos puedan acceder a un empleo en igualdad de condiciones que los colombianos.
Un estudio de la oenegé Dejusticia reveló que garantizar el derecho al trabajo para esta población constituye un reto para Colombia por las altas tasas de desempleo e informalidad, y los migrantes son expuestos con frecuencia a situaciones de abuso y explotación laboral.
“En Colombia es muy común encontrar empleo de acuerdo con el sistema de referencias que uno pueda demostrar, su experiencia”, dijo a la Voz de América Lucía Ramírez, investigadora de Dejusticia. “Muchas personas cuando llegan a Colombia vienen de empresas que ya desaparecieron o que no pueden certificar su experiencia, entonces no pueden demostrarle a sus empleadores sus conocimientos y la experiencia que tienen”.
Cerca de 7 millones de personas han salido de Venezuela, de las cuales el 36 %, unos 2,4 millones, se encuentra en Colombia, según la plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Emigrantes de Venezuela (R4V).
Según la oenegé, el proceso migratorio implica varios retos que dificultan la integración laboral de los refugiados.
“Identificamos tres barreras que enfrentan las personas migrantes venezolanas para acceder al empleo: legal, de documentos y económicas”, explicó Ramírez. “La convalidación de títulos, las personas migrantes venezolanas tienen dificultades para apostillar sus títulos de pregrado y postgrado en Venezuela, y en el caso de los pocos que la logran, está el tema de los costos de la convalidación aquí en Colombia. Entonces si bien se han hecho procesos para agilizar estos trámites, no está claro cómo esto va a funcionar en el nuevo Gobierno”.
En muchos casos, según Dejusticia, la explotación laboral es recurrente. Una persona venezolana trabaja en promedio más de 40 horas semanales y la brecha salarial se acentúa.
“Las personas venezolanas trabajan más horas, ganan un menor salario y no tienen muchas veces las mismas condiciones que sus pares colombianos. Esto da lugar a más discriminación y situaciones de explotación laboral”, indicó Ramírez.
Video VOA
Dejusticia también destacó avances en el país, como la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPMV), que ha mejorado el acceso al empleo de la población migrante, pero agrega que aún persisten barreras de desarrollos de emprendimientos que no solo limitan el acceso a un trabajo decente, sino también su permanencia en el mismo.
“En el caso de las personas que ante las dificultades de acceder ante un empleo formal o porque tienen experiencia montando negocios independientes o quieren montar un emprendimiento, tienen dificultades si no tienen un estatus migratorio regular, porque no pueden inscribir formalmente su empresa ante las Cámaras de Comercio o hacer los trámites legales necesarios”, afirmó Ramírez. Tampoco hay muchas fuentes de financiación para personas migrantes que deseen realizar emprendimientos, dijo.
De los migrantes venezolanos radicados en Colombia, aún faltan por acceder al Estatuto Temporal de Protección ETPV alrededor de 800.000 personas, según cifras de Migración Colombia.
Para la representación de la Organización Internacional del Trabajo en Colombia, OIT, la integración socioeconómica y la inclusión laboral de las personas migrantes y refugiadas venezolanas es una de las tareas más importantes que tendrá el país en los próximos años, dijo Martha Agudelo, representante OIT Colombia.
“Colombia ha sido tradicionalmente un estado expulsor de población migrante, no ha sido un país receptor de migración, y que en este momento tenga flujos migratorios tan altos lo ha llevado a tener un desafío en términos de reaccionar rápidamente en desarrollos normativos, en la búsqueda de atención a esta población migrante, en ofrecer garantías de derechos, en términos de esa sensibilización que debería tener la ciudadanía”, comentó a VOA.
“Tener migrantes o la llegada de migrantes a cualquier país le genera fortalezas, crecimiento económico, desarrollo, por todo el aporte de sus capacidades y competencias que ha adquirido y luego viene a desempeñar en el país que lo acoge”, agregó.
De acuerdo con la encuesta “Pulso de la Migración”, elaborada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, DANE, el 98% de los migrantes encuestados manifestaron que trabajan en aplicaciones de entrega de comida a domicilios, como Rappi y Ifood. Debido a la ausencia de reglamentación de estas plataformas digitales en la legislación laboral colombiana, los migrantes no cuentan con seguridad social.
“Se necesitan garantías de seguridad social y ofrecer condiciones idénticas a la población nacional en términos de poder acceder a rutas de empleabilidad, a servicios de empleabilidad, a tener condiciones que les permitan estar afiliado o vinculado a protección social, garantizar esa protección social, tener la oportunidad de hacer transacciones financieras que son fundamentales, por ejemplo en la vinculación formal, tener posibilidades de ahorro, tener la garantía de vincularse con su núcleo familiar”, concluyó Agudelo.
