La fiscal jefa de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, espera anunciar si abre o no una investigación en Venezuela por crímenes de lesa humanidad tan pronto como el tribunal resuelva una solicitud del país caribeño, algo que confía en que suceda “en cuestión de días”.
“El asunto está ahora a la espera de los jueces y no hay mucho más que pueda decir, al menos en esta etapa”, dijo Bensouda, que confía en poder hacer pública su decisión sobre el país caribeño “antes de que finalice” su mandato, es decir, antes del 15 de junio.
El examen preliminar de la Fiscalía de la CPI, abierto a Venezuela en febrero de 2018, estudia supuestos abusos de las fuerzas de seguridad venezolanas en manifestaciones y cárceles desde al menos abril de 2017.
Las pesquisas de la Fiscalía de La Haya “han avanzado significativamente”, aseguró la jurista. Su inminente decisión tiene, en principio, dos posibles salidas: clausurar el expediente o convertir el actual examen preliminar en una investigación por crímenes de lesa humanidad.
No obstante, las autoridades venezolanas entregaron el mes pasado una solicitud de control judicial ante los magistrados de la CPI en la que se quejaron de trato “discriminatorio” y “desigual” respecto al que reciben otros países que también se encuentran bajo examen preliminar, según el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab.
Bensouda dijo que no podía “ignorar” la reclamación de Caracas y ha presentado una respuesta incluyendo “ejemplos y estadísticas del compromiso que hemos tenido con Venezuela durante todo este tiempo”.
“Sobre la afirmación de que mi oficina no se ha relacionado con Venezuela, de que no ha sido transparente o no ha dado información, puedo decir categóricamente que es incorrecta”, aseveró la fiscal jefa de La Haya.
Aunque Caracas anunció públicamente la solicitud de control judicial, la entrega de la documentación se ha tramitado de forma confidencial, por lo que se desconoce en qué fecha se pronunciarán los jueces.
Crímenes de lesa humanidad
Bensouda adelantó en noviembre del año pasado que existen “fundamentos razonables para creer” que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En el último informe hecho público, mencionó posibles delitos de tortura, violencia sexual y persecución por motivos políticos, cuyas víctimas habrían sido miembros de la oposición.
En los últimos meses, su oficina ha estudiado si la Justicia de ese país ha llevado a cabo indagaciones genuinas sobre esos abusos, una circunstancia que evitaría la competencia de la CPI.
Si la fiscal jefa de La Haya diera el visto bueno a la investigación, esta arrancaría directamente y no necesitaría de la aprobación de los jueces debido a que seis países -Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Canadá- remitieron la situación venezolana al tribunal en 2018.
Caracas ha invitado a la Fiscalía de la CPI a visitar Venezuela, pero asegura que no ha recibido respuesta. El Gobierno lo considera un agravio comparativo respecto a Colombia, país al que delegaciones de La Haya han acudido en varias ocasiones por el examen preliminar que tiene abierto este país.
“Por el momento no nos parece sumamente relevante ir a Venezuela para completar nuestra evaluación de la situación y el examen preliminar”, respondió Bensouda, que será relevada por el británico Karim Khan para los próximos nueve años.
Segundo examen preliminar
Por otro lado, la Fiscalía de la CPI tiene abierto un segundo examen preliminar, impulsado el año pasado por el Gobierno de Nicolás Maduro, en el que se acusa a Estados Unidos de crímenes de lesa humanidad por las sanciones económicas impuestas a Venezuela.
Bensouda explicó que los dos expedientes sobre el país caribeño se han tramitado hasta el momento por separado, pero que esto “podría cambiar” en un futuro porque ambos “parecen superponerse, al menos tanto en términos geográficos como temporales”.
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