La investigación en torno al Mayor General Luis Alfredo Motta Domínguez, ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica y presidente de la Corporación Eléctrica Nacional, CORPOELEC arrojó que personas de su entorno, estarían actuando como sus testaferros para, a través de una red de empresas a su nombre o de relacionados, lavar dinero proveniente de la corrupción y de contrataciones fraudulentas de las entidades dirigidas por el alto funcionario venezolano en el sistema financiero estadounidense.
Los Testigos presenciales Cnel Aquiles Rojas Patiño y Cnel Herrera Pino ligados al caso de saboteo eléctrico robo de material estratégico, terrorismo y traición a la patria informaron en calidad de imputados que los señalados como prestanombres de Motta Domínguez habrían lavado millones de dólares en los Estados Unidos desde hace varios años, pero que las operaciones se incrementaron desde 2015 cuando el militar fue designado en los cargos antes descritos. Los investigados participaron en un esquema de pirámide de corrupción que permitía a empresas ubicadas en Estados Unidos, Panamá y Colombia ganar contratos del estado venezolano con sobreprecio por vías ilegales.
Los señalamientos contra Motta Domínguez no se limitan al tiempo actual en que ha ejercido la administración de la corporación eléctrica y la cartera ministerial de energía eléctrica, sino que comprenderían también su gestión en otros organismos públicos en los que se ha desempeñado.
De los fondos investigados y los montos manejados por la administración de Motta Domínguez, recabamos la ejecución presupuestaria y financiera desde el año 2015, a partir de la fecha de su nombramiento en Corpoelec —de acuerdo a una relación remitidos por Tesorería Nacional— se firmaron contratos que suman Bs. 11.457.408.455,62 en su componente en cuando moneda nacional y unos USD 1.129.968.275,02 en lo que respecta a moneda extranjera.
En el esquema de los investigados, los implicados habrían solicitado a empresas proveedoras ubicadas en el estado de la Florida un porcentaje equivalente al 15 por ciento de la contratación. Según dos testimonios tomados en la investigación, la negociación del pago de soborno se realizó a través del General de División, Eustiquio José Lugo Gómez, viceministro de Finanzas, Inversiones y Alianzas Estratégicas del MPPEE, designado por instrucciones Motta Domínguez “con el firme propósito de que con sus acciones se contribuya con el pueblo venezolano” (se lee puño y letra del ministro en el nombramiento del viceministro).
Lugo Gómez -dice el informe- esta relacionado con Motta Domínguez desde hace muchos años en una relación de compadrazgo y de acuerdo a la declaración de estos dos coroneles involucrados, que en esas negociaciones sería este militar quien está citamos textualmente “encargado del cobro del 15 por ciento de comisiones por los contratos y las órdenes de compras emitidas por el MPPEE y Corpoelec a empresas contratistas”. Uno de los testimonios que sustenta la investigación dice que “Motta pecha a los empresarios través de su “encargado” de compras, (el general Eustiquio Lugo Gómez) a quienes imponen doblar el precio de modo que puedan pagarle el 50 por ciento de anticipo de las operaciones”.
En la descripción del pago de sobornos se señala que la mayoría deben ser pagados por los contratistas en efectivo, lo que se dificulta por las limitaciones con la moneda estadounidense en Venezuela (control de cambios). No obstante, “en ocasiones aceptaron los pagos de las comisiones a través de una cuenta bancaria en USA a nombre de la empresa Crash II identificada con el número XXXXXX9106, Aba 067015779”, confirman los dos imputados.
Motta Domínguez fue designado ministro de Energía Eléctrica el 20 de agosto de 2015 en relevo de Jesse Chacón según la Gaceta Oficial N° 40.714 del 31 de julio de 2015. Igualmente, el 3 de agosto de ese mismo año asumió la presidencia de la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, cargo en el que fue ratificado en febrero de 2017. Venía de cumplir funciones como presidente de la Empresa Socialista de Carreteras de Aragua(Vías de Aragua).
Con anterioridad a estas posiciones en la administración pública, Motta Domínguez se desempeñó como jefe de la Región Estratégica de Desarrollo Integral (REDI) Central, con competencia en los estados Aragua, Carabobo, Miranda, Vargas y Yaracuy.
En enero de 2014 fue intendente de Protección de los Derechos Socioeconómicos de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, posición con la que fue reincorporado al servicio activo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la categoría de efectivo. Antes también había sido ministro de Estado para la REDI Central.
Igualmente estuvo a cargo de la secretaría del despacho del gobernador de Aragua, Tareck El Aissami, y fue presidente del Instituto Nacional de Tierras (Inti).
La embajada americana informó el 18 de mayo de 2015 a la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) que una división élite de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y fiscales federales en Nueva York y Miami se encontraban investigando a un grupo de funcionarios venezolanos, entre quienes figuraba Luis Motta Domínguez. La notas del informe estadounidense indicaba que los investigados estaban “bajo sospecha” de convertir al país “en un centro global de tráfico de cocaína y lavado de dinero (Cartel de los Soles)”. La información dice que Motta Domínguez fungía como lugarteniente de este cartel, por ello antiguos traficantes de droga e informantes cercanos a altos funcionarios del gobierno o de militares venezolanos eran las fuentes de la investigación.
El general de división, Eustiquio José Lugo Gómez, nació el 9 de marzo de 1964, es titular de la Cédula de Identidad N° V-8.435.812, se le ubica en la parroquia Pozuelos, del municipio Sotillo del estado Anzoátegui.
En cuanto al Directorio de Altos Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, Lugo Gómez fue Director de Planificación y Control de la Inspectoría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, IngeFanb .
En el Comando Antidrogas de la Guardia Nacional de Venezuela, Lugo Gómez reemplazó al general de División Miguel Vivas Landino.
Ejerce su derecho al voto en el Liceo Antonio Guzmán Blanco de la parroquia El Paraíso del municipio Libertador, Distrito Capital.
El 17 de septiembre de 2014, por resolución del Ministerio de Industrias se le designó como presidente de la Empresa “Matesi, Materiales Siderúrgicos, S.A.”, la cual posteriormente fue renombrada como Briquetera de Venezuela (Briqven). El nombramiento se registró en la Gaceta Oficial N° 40.499. Venía Lugo Gómez de ocupar la jefatura del Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana, posición que ostentó desde 2013. Sustituía en Matesi al general Pablo Mora Zoopi.
Con tan sólo dos semanas en el cargo los trabajadores de la empresa denunciaron que Lugo Gómez no se había presentado a la empresa, al tiempo que indicaron que el presidente saliente se había dedicado en este tiempo a un permanente saboteo.
El 29 de agosto de 2017, fue designado como encargado del Viceministerio de Finanzas, Inversiones y alianzas Estratégicas del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, de acuerdo a lo que registra el Decreto 3.050 de la Presidencia de la República publicado en la Gaceta Oficial N° 41.224.
Entre los principales testaferros con que cuenta el presidente de Corpoelec, Luis Motta Domínguez se encuentra Jesús Ramón Veroes Casadiego, alias “Negro Veroes”, quien es propietario, directamente o por interpuestas personas (sus hijos Jesús A. Veroes y Valentina Veroes), de más de una veintena de empresas que se habrían visto beneficiadas con millones de dólares del estado venezolano entre todas sus compañías —he aquí un ejemplo con su empresa Crash II.
Igualmente, Veroes es propietario del famoso Restaurant Cinecitta C.A, RIF J-31108202-6, ubicado en la Isla de Margarita con sucursales en otras ciudades de Venezuela.
Jesús Ramón Veroes Casadiego nació el 30 de julio de 1962 en Nueva Esparta, es titular de la Cédula de Identidad N° V-7.081.369 con domicilio en la Urbanización San Diego, Municipio San Diego, estado Carabobo.
Su cuenta individual en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, IVSS, refiere que ingresó al sistema el 9 de septiembre de 2016 a través de la Asociación Civil Universidad José Antonio Páez con el número patronal C18213824. Figura con estatus activo y su fecha de contingencia es el 30 de julio de 2025. Su primera afiliación fue el 1° de septiembre de 1988. Acumula 173 semanas cotizadas y sus salarios cotizados totalizan Bs. 1.734.876,57.
Ejerce su derecho al sufragio en el Grupo Escolar Queipa en la Parroquia San Diego, Municipio San Diego, estado Carabobo.
Jesús Ramón Veroes Casadiego ha sido denunciado en múltiples oportunidades. En Margarita, un grupo de ciudadanos solicitó se abriera una investigación por legitimación de capitales.
Veroes Casadiego posee 20 mil máquinas de minar bitcoins en sociedad con Lugo Gómez y Motta Domínguez (presuntamente) que fueron operadas de manera ilegal, produciendo miles de millones de dólares de manera irregular que no fueron declarados ni invertidos en el país. Según la denuncia, los equipos tienen aproximadamente cuatro años en el proceso de minería.
De acuerdo a la información suministrada por una fuente consultada y que conoce al investigado, Jesús Ramón Veroes Casadiego es también compadre de Motta Domínguez y mantiene una estrecha relación desde que el actual presidente de Corpoelec exhibía el grado militar de teniente.
7414 The Reserve LLC, una empresa registrada el 8 de octubre de 2013 en el estado de la Florida, Estados Unidos) bajo el número L13000142250. En la actualidad mantiene un estatus activo y se encuentra domiciliada en el 3420 NW 84 th Ave Doral, FL 33122 que igualmente figura como buzón de correo.
Como agente registrador de la compañía aparece Jesús Veroes, quien también registra la misma dirección de la empresa. Como titulares de la empresa Jesús Ramón Veroes y Jesús Alejandro Veroes, todos con la misma dirección antes descrita.
El informe final de la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional para el estudio de la crisis eléctrica del país emitido el 15 de enero de 2017, recoge el análisis realizado al sector eléctrico durante las gestiones de los presidente Hugo Chávez (1999-2013) y Nicolás Maduro (2013-2016) y allí el ente legislativo recoge el análisis de las administraciones de los exministros Rafael Ramírez (MENPET), Alí Rodríguez (MPPEE), Jesse Chacón (MPPEE) y Luis Motta Domínguez (MPPEE), a quienes señaló de tener responsabilidad política en la referida crisis eléctrica en razón del incumplimiento de sus funciones como planificadores, fiscalizadores y reguladores del sector eléctrico, en concordancia con los marcos jurídicos vigentes a partir del 1999.
Estimaron los parlamentarios que la responsabilidad política de las autoridades señaladas se sustenta en la falta de fiscalización en la ejecución de la cartera de proyectos prevista por el Plan de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, así como también en la falta de fiscalización en los contratos otorgados entre 2005-2015.
En este sentido los diputados advirtieron que las obras eléctricas contratadas excedieron en 180 por ciento lo previsto por el Plan de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional.
Entre las recomendaciones de la comisión estuvo la aprobación de un voto de censura al Mayor General, Luis Motta Domínguez, en su carácter de ministro de Energía Eléctrica, debido a su responsabilidad en la crisis eléctrica ocurrida en el 2016 y al deplorable estado del sistema eléctrico nacional, así como por el incumplimiento de sus funciones como planificador, fiscalizador y regulador del sector eléctrico en concordancia establecido en el PDSEN para el lapso 2014-2016.
Motta Domínguez se rehusó a comparecer ante la comisión parlamentaria, razón que se sumó a las ya expuestas, así como también por “no tomar las medidas necesarias para adecuar y asegurar la disponibilidad de la generación térmica y garantizar el acceso a la energía eléctrica a la población durante la temporada seca”.
Asimismo, la comisión destacó la “opacidad y falta de transparencia: desde la desaparición de la página web informativa de OPSIS en 2010, ni el ministerio ni la empresa operadora Corpoelec ofrecen información oportuna acerca del estado del sistema eléctrico, su comportamiento histórico a través de los indicadores técnicos y de calidad así como los resultados de las investigaciones realizadas a raíz de fallas de gran magnitud. Los usuarios del servicio tienen derecho según la LOSSE a estar debidamente informados”.
Resaltaron los parlamentarios la negativa de Motta Domínguez a “informar sobre la situación técnica, financiera, administrativa y laboral del sector eléctrico durante su gestión. Atrasos en ejecución de obras contratadas. Falta de mantenimiento de termoeléctricas (Tacoa, Ramón Laguna, Rafael Urdaneta, Planta Centro)”.
La Asamblea Nacional emitió el 23 de febrero de 2017 un voto de censura contra Motta Domínguez.
