En Venezuela se documentaron 2.173 muertes por suicidio en 2022, un promedio de 7,7 muertes por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con el informe de Violencia Autoinfligida 2022 del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).
La violencia autoinfligida se refiere al uso “intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno mismo”, que comprende comportamiento suicida y autolesiones, explica el OVV, creado en 2005 por el Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO) de Venezuela, organización que busca contribuir con el estudio y comprensión de la realidad social del país.
Si bien los datos evidencian un “aparente descenso” en el indicador si se compara con el 2018, cuando se registró una tasa de 9,3 muertes por cada 100 mil habitantes, “el mayor valor estimado” en los últimos 7 años, los niveles “siguen superando ampliamente” los datos estimados antes de que el país entrara en la actual crisis, es decir, previo al 2016.
Las cifras, no obstante, reflejan que la tasa de Venezuela se encuentra por “debajo” del promedio mundial y “muy distante” de los valores de países con las tasas más elevadas del mundo; en Suramérica ocupa la séptima posición de tasas por suicidio de países suramericanos, según cifras del Instituto de Medición y Evaluación de la Salud (IHME) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, correspondientes al 2019.
“Nos preocupa que la tasa se ha venido incrementando, se ha venido duplicando y eso ya es un síntoma de alarma y de que hay que prestarle atención a nivel familiar, a nivel de la sociedad en pleno y de las sociedades competentes en la materia”, precisó Gustavo Páez, coordinador del OVV en Mérida, el estado del país con mayor tasa de suicidios (8,3 por cada 100.000 habitantes).
Algunos de los factores que, para los investigadores del OVV, probablemente han contribuido con el descenso de casos son la migración al extranjero, “huyendo” de la emergencia humanitaria compleja; la búsqueda de nuevas alternativas laborales; la recepción de remesas y la reactivación post pandemia de la economía, entre otros.
Sin embargo, entre 2021 y 2022, las tasas muestran un “aumento significativo” en zonas de la región centro-norte costera y el Área Metropolitana de Caracas, con 20 o más casos de muertes por suicidio: en el Distrito Capital 7,6 por cada 100.000 habitantes; Miranda, 6,3 por cada 100.000 habitantes y en Aragua 4,8 por cada 100.000 habitantes.
El informe apunta que, debido a la falta de datos estadísticos específicos relacionados con Muertes de Intención No Determinada (MIND) por entidades, los resultados deben tomarse como “conservadores” debido a que es “muy probable” que las tasas sean “más elevadas”.
“Este aumento de las tasas de muertes por suicidio en la entidad capital y región centro norte del país, al parecer se acentúa por la emergencia humanitaria compleja y prolongada, por sus impactos sobre todo hacia grupos vulnerables de la población y por el riesgo ante algunos otros factores que pueden existir sobre personas”, precisó Iris Amelia Rosas, coordinadora del OVV en la Región Capital.
Los índices elevados de pobreza que se mantienen en el país y el incremento de la desigualdad social, combinados con el aumento de casos de depresión, ansiedad y desesperanza; la disfuncionalidad y desestructuración familiar; conflictos sentimentales; casos de bullying; la elevada inflación y pérdida del poder adquisitivo, son algunas de las hipótesis que, según el OVV, se ubican entre los principales factores de riesgo que conducen a “un buen número de individuos, de diferentes edades a comportamientos suicidas”.
“Mientras no acontezcan en el país cambios estructurales económicos y políticos institucionales que frenen la crisis actual, mejoren sustancialmente las condiciones de vida, que abran un horizonte de progreso para todos los venezolanos y en tanto no se ponga en práctica políticas públicas en materia de prevención y de control en la violencia autoinfligida, difícilmente la mayoría de la población conseguirá estabilidad emocional y salud mental”, concluye el OVV.
“En estas condiciones el comportamiento suicida continuará siendo un problema de salud pública y de preocupación”, continua.
Como parte de la cooperación técnica entre la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Ministerio de Salud de Venezuela, se han dictado talleres sobre salud mental en diversas instituciones, sin embargo, en varias ocasiones expertos han reiterado la necesidad de que se construya una política de Estado de prevención y abordaje.
Desde al menos 2015, Venezuela vive una emergencia humanitaria compleja que ha causado “masivas, múltiples y severas” privaciones de diversos derechos que se evidencian en pobreza, hambre y colapso de servicios básicos, expone HumVenezuela, una plataforma integrada por 90 organizaciones de la sociedad civil que miden los impactos de la crisis.
El gobierno venezolano ha atribuido la crisis a las sanciones de la comunidad internacional y continuamente ha exigido su levantamiento. Sin embargo, diversos sectores de la sociedad civil insisten en que la emergencia es preexistente.
La situación, exacerbada por la pandemia de COVID-19, ha causado que el país se haya convertido en el “más desigual” de la región desde el punto de vista de ingresos, de acuerdo a la más reciente Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi).
El año pasado, Venezuela cerró con una inflación de 234% según cifras oficiales. Aunque según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) un ente independiente conformado por expertos, fue de 305,7%.
En abril, el costo de la canasta básica se ubicó en 390$, mientras que el salario promedio mensual en el sector privado es de 142$ y en el público de 30$, según el OVF.
