Más de 20 días con problemas en el suministro de agua cumplen los presos del Internado Judicial de San Felipe, conocido como La Cuarta, y la Entidad de Atención al Adolescente Bachiller Manuel Segundo Álvarez, ambos ubicados en el estado Yaracuy.
Ambos recintos dependen del Ministerio de Servicios Penitenciarios, aunque el suministro del agua está a cargo de los familiares y de la autogestión de los privados de libertad, según pudo conocer el equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Cabe destacar que en La Cuarta hay 850 presos, mientras que en la Entidad de Atención al Adolescente hay un total de 63 jóvenes infractores.
Según denunciaron los familiares, en el centro de jóvenes infractores tienen acceso al agua los días miércoles, sábados y domingos, que es cuando reciben visita. Ese líquido deben rendirlo como pueden para su consumo y aseo personal.
En tanto, la escasez de agua dentro de La Cuarta ha contribuido con la corrupción que atenta contra su derecho fundamental a la salud. Los presos solo reciben el líquido de manos de sus familiares cuando hay visita, mientras que dentro del penal deben pagar entre 5 y 7 dólares por un botellón de agua.
Estos costos varían dependiendo de la situación, pues cuando la sequía está en su peor momento los presos pagan hasta 10 dólares por un botellón. Son los “pranes” quienes gestionan el ingreso del agua al penal, a un costo de 40 dólares por cada cisterna.
La deshidratación y la alarmante proliferación de enfermedades de la piel como la sarna son solo algunas de las consecuencias que padecen los presos en custodia del Ministerio de Servicios Penitenciarios. En ese sentido, los familiares temen por la salud de los privados de libertad y exigen una solución inmediata a la desidia de la que son víctimas.
