Foto: ArchivoComo parte de la labor de documentación, FundaRedes presentó su segundo informe de ambiente titulado “Arco Minero del Orinoco violación de derechos humanos y esclavitud moderna”, el cual recoge cómo la minería ilegal controlada por funcionarios del Estado, de la mano con grupos armados irregulares, ha desatado la violencia ejercida contra etnias indígenas en medio de la disputa por el control del neoextractivismo y ha llevado a las personas a caer en trabajos forzosos en busca de sobrevivencia.
Dentro del trabajo presentado por FundaRedes con su “Observatorio de Ambiente” y varias plataformas de la sociedad civil que se dedican a los derechos ambientales, se abordan los siguientes temas: violación de derechos ambientales, violación de derechos de los pueblos y comunidades indígenas, migración forzada, esclavitud moderna, abuso sexual, explotación laboral y maltrato infantil, zonas estratégicas de desarrollo y zonas económicas especiales.
Indica el documento que el gravísimo ecocidio de consecuencias devastadoras para el ambiente, por la contaminación del agua, envenenamiento de la fauna silvestre y acuática, desforestación, sin contar con las prácticas extractivistas mineras ilegales, entre otras igualmente nocivas, atenta directamente contra las comunidades originarias, quienes además se ven sumidas en las amenazas y hostigamiento de grupos armados legales e ilegales que operan en la zona.
También se revela que dentro del extractivismo ilegal se produce “la vulneración de los derechos de la mujer, de las niñas y adolescentes que han quedado atrapadas en la grave crisis que se vive y acrecienta producto de la presencia de grupos armados irregulares, paralegales, entre otros, aumentando los índices de feminicidios, abuso sexual, tráfico de personas, trabajo forzoso, que conforman nuevas formas de esclavitud, todas frente a la mirada omisiva de unas autoridades que ponen por encima sus intereses particulares en detrimento de los más vulnerables”.
La migración forzada es otro punto relevante de esta investigación, la cual señala que debido a la emergencia humanitaria compleja muchas personas se dirigen a esta zona del país a trabajar en minería, y terminan en manos de grupos terroristas que controlan el negocio y el territorio, y los esclavizan, obligándolos a prestar servicios sin las condiciones mínimas, y sin siquiera recibir una remuneración.
Este trabajo sobre ambiente se presentó en medio de un foro en línea que contó con las ponencias de Cesar Romero, director ejecutivo de la Fundación Cerlas; Dorixa Monsalve, Bióloga, miembro de la Plataforma Contra el Arco Minero; Fritz Sánchez, periodista experto en ambiente y turismo; y María Fernanda Colmenares, coordinadora del Observatorio de Ambiente de FundaRedes.
Paralelamente, activistas de la organización de la mano con jóvenes de Gritemos con Brío, desarrollaron una jornada de visitas casa a casa en zonas populares de San Cristóbal, estado Táchira, para informar a la población sobre la violación de derechos ambientales a partir de la explotación en el Arco Minero del Orinoco, los constantes derrames petroleros, la tala indiscriminada, las malas políticas en el manejo de los desechos sólidos, entre otros.
La investigación está disponible en la página web www.fundaredes.org para su consulta y descarga. Además la organización continuará con su labor de documentación en esta área en la búsqueda de avanzar en la denuncia y visibilización de casos de vulneraciones de derechos ambientales.
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