Organizaciones civiles exigieron este viernes al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, detener la “farsa” de la consulta popular que él promueve con el argumento de juzgar a los exmandatarios del “periodo neoliberal”.
“La consulta del 1 de agosto es un show, es una farsa, solo le sirve al presidente para mantenerse en campaña y para pretextar que él sí quiere combatir la corrupción”, denunció Leonardo García Camarena, coordinador de la Misión Rescate México, en una protesta frente a Palacio Nacional.
Su asociación y Ciudadanos por México: Red de Organizaciones Ciudadanas entregaron 15.000 firmas contra la consulta recabadas en CitizenGo, una plataforma digital de causas conservadoras, para impedir la votación.
Los inconformes acusaron al Gobierno de “tirar a la basura” 528 millones de pesos (poco más de 26 millones de dólares) en el ejercicio en lugar de investigar los delitos.
“Basta de perder tiempo y dinero público en shows partidistas, utilice todos los instrumentos legales y el peso del Gobierno para castigar a presuntos corruptos tanto del pasado como del presente”, exigió García Camarena.
El mandatario impulsó la votación, la primera en la historia del país bajo la Ley Federal de Consulta Popular, para preguntar al electorado sobre sus predecesores, que él adscribe al “periodo neoliberal”.
Aunque la pregunta original mencionaba por nombre y pedía indagar la “presunta comisión de delitos” de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), la Suprema Corte cambió el cuestionamiento.
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”, es la pregunta que avaló la Corte en octubre pasado.
Por ello, las asociaciones y políticos opositores han acusado al Gobierno de “mentir” sobre la consulta.
También dudaron del éxito de la votación, que necesita unos 37,4 millones de electores para que sea vinculante.
“La farsa está destinado al fracaso, pues ahora es legal y se requiere que participe casi el 40 % del listado nominal para que sea vinculante, es decir, para que se aplique la Ley”, indicó García Camarena.
Antes de entregar las firmas en Palacio Nacional, los inconformes mostraron pancartas con consignas como “¡deje la farsa!” y “aplique la ley”.
Pese a las críticas, el presidente López Obrador defendió el ejercicio este jueves al argumentar que busca “que las autoridades competentes actúen, que se respeten los derechos humanos”.
“Sí a la consulta, sí al plebiscito en todos los casos y no tenerle miedo al pueblo. Lo otro es seguir apostando por que sean las élites las que decidan”, justificó en su rueda de prensa diaria.
EFE.
