El proceso anticorrupción en curso es la comidilla cotidiana y el tema de conversación por excelencia en las calles, la mayoría de las veces de manera socarrona e incrédula. La radio y la televisión oficial adelantan la información con prudencia, pero la indignación, cuando no la decepción, hierve en las redes sociales.
El fiscal Tarek William Saab, ha declarado que 51 personas – entre altos funcionarios y empresarios vinculados al régimen- tendrán que presentarse ante los tribunales por existir “elementos de convicción” que indican que forman parte de una trama fraudulenta hilvanada para desviar los fondos de la república en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la siderúrgica Corporación Venezolana de Guayana. Saab informó que 262 funcionarios más están siendo procesados e investigados.
Casi todos los inculpados conocidos –Hugbel Roa, Pedro Maldonado, Joselit Ramírez- son cercanos en lo personal al exministro de Energía y Petróleo y exvicepresidente del Área Económica, El Aissami, cuyo paradero se desconoce.
El último en ser detenido ha sido Hugo Cabezas, también del entorno político de El Aissami. Cabezas fue presidente del Saime, la oficina de los servicios nacionales de identificación; es actual directivo de la empresa Cartones Venezolanos, vinculada a la CVG, y fue gobernador del Estado Trujillo. Saab no quiso adelantar información sobre un posible juicio al propio El Aissami.
Los montos desviados en negocios ilegales en esta ocasión han sido calculados en tres mil millones de dólares. El propio Nicolás Maduro afirmó sentirse “indignado” ante tal conducta, y prometió que, al final de las pesquisas, el dinero sería reinvertido en obras del chavismo y gestión social.
Aunque no es el primero, ni el más grave del voluminoso expediente de casos de corrupción en los años de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, los mandos revolucionarios pretenden recuperar terreno y legitimidad ante su militancia con un tono inusualmente jacobino en torno a la moral pública. Alguna circunstancia parece haber disparado la espoleta para abrir la cacería interna.
“Los equilibrios internos son complejos dentro del chavismo”, afirma la politóloga y escritora Colette Capriles.
“Maduro sale adelante con esta iniciativa, no por un tema moral, sino político. Los excesos de El Aissami y el resto de los dirigentes han puesto en peligro a la propia coalición gobernante. Maduro tiene rato urgido de ingresos, el descontento social está aumentando, tiene planes de hacer inversiones sociales que le permitan encarar las próximas elecciones con perspectivas de victoria, y ha descubierto que la plata le faltaba. Maduro siente que puede orientar esta iniciativa y obtener réditos políticos con ella afianzando su autoridad”.
